Ginebra se convirtió en el centro de un intercambio crucial para el futuro de Nicaragua, en el contexto del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se encontró expuesto ante la mirada crítica de la comunidad internacional.
La delegación nicaragüense presentó un programa de “progreso y logros” que, según argumentaron varios países, contrasta radicalmente con la realidad que vive la población bajo un clima de represión y censura. Las intervenciones y recomendaciones de las delegaciones extranjeras revelaron las fracturas de un régimen cada vez más aislado.
Relato oficial: supuesto “compromiso” con los derechos humanos
La delegación de Nicaragua, de manera virtual la procuradora general de la república Wendy Morales, sostuvo que el gobierno ha dado “pasos significativos en pro de la inclusión social y el respeto a los derechos humanos”.
Morales defendió las políticas del régimen, asegurando que “el Estado de Nicaragua ha avanzado en salud, educación y bienestar social”, y denunció las críticas como un intento de “politizar y desestabilizar nuestro país”.
“No aceptamos injerencias extranjeras en asuntos internos” declaró Morales con su tono firme, calificando los cuestionamientos de otros países como “manipuladores que responden a intereses geopolíticos.” Argumentó que “Nicaragua es un país libre y soberano que respeta el derecho de su pueblo a decidir su destino”, en un discurso que, según diplomáticos presentes, reflejaba una desconexión con la realidad que denuncian miles de nicaragüenses y observadores internacionales.
Las voces internacionales exigen cambios urgentes
A medida que la delegación nicaragüense defendía su postura, representantes de distintos países tomaron la palabra para describir un panorama sombrío. De manera contundente y sin rodeos, varios países pusieron sobre la mesa la serie de abusos y violaciones que se atribuyen al régimen.
España expresó su “profunda preocupación” ante lo que consideró “un grave deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua”. En su intervención, el representante español solicitó “el cese inmediato de las detenciones arbitrarias, el acoso a la oposición y las represalias contra la sociedad civil y los medios de comunicación».
Estados Unidos, fue una de las intervenciones más tajantes, criticó al régimen nicaragüense por las “detenciones arbitrarias” y el “uso desproporcionado de la fuerza” contra quienes ejercen derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de culto.
“Nicaragua no puede seguir persiguiendo a sus propios ciudadanos por pensar distinto”, enfatizó la delegación estadounidense, que recomendó la liberación de todas las personas presas políticas.
Luxemburgo denunció una “persecución sistemática contra cualquier voz disidente” y reclamó al gobierno nicaragüense por los abusos cometidos contra sectores como la Iglesia Católica, los periodistas y los estudiantes. La delegación recomendó la “liberación de todos las personas presas políticas y el restablecimiento de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía”.
El Reino Unido destacó el “colapso de las libertades civiles» y el “creciente cierre de espacios democráticos en Nicaragua». Con un tono enérgico, el representante británico recomendó que Nicaragua revierta las leyes que criminalizan las críticas hacia el gobierno y restablezca la libertad de prensa y asociación.
Lituania, en un discurso directo, acusó a Nicaragua de “instrumentalizar las leyes para perseguir a quienes piensan diferente” y exigió que le régimen “libere inmediatamente a todos los presos de conciencia” su representante insistió en que Nicaragua debe “permitir la entrada de observadores internacionales y cooperar con lo mecanismo de derechos humanos.”
Países Bajos recomendó el restablecimiento de la “independencia judicial” en Nicaragua y manifestó su preocupación por las “detenciones y juicios sin garantías” que enfrentan numerosos opositores políticos. La delegación exige que Nicaragua “derogue las leyes que criminalizan a defensores de derechos humanos» y » permita la participación libre en el espacio público y cívico”.
Manipulación de Nicaragua en el EPU
Efraín Ordóñez, vocero de la Red Local, reaccionó al Examen Periódico Universal, donde el Estado de Nicaragua fue evaluado por el Consejo de Derechos Humanos donde participaron 88 países “50 de ellos elevaron su preocupación por violaciones de derechos humanos en Nicaragua” dijo y apuntó que cuatro países aliados al régimen respaldaron su postura, mientras el gobierno intentaba presentar una imagen positiva ante la comunidad internacional, afirmó Ordóñez.
A pesar de esto recalcó que, las denuncias de distintas organizaciones por la libertad de asociación, documentadas en un informe alternativo, resonaron en las intervenciones de varios Estados como España, Lituania y Alemania.
Ordóñez destacó que un total de “12 países hicieron alusión muy concreta a la libertad de asociación como un elemento para cambiar la situación de derechos humanos en el país”. Subrayó que las organizaciones de la sociedad civil nicaragüenses, además de promover derechos humanos, cumplen un rol crucial en áreas como el acompañamiento, la formación y el empoderamiento, acciones que el régimen sigue restringiendo. Explicó que la mejora en la libertad de asociación también requiere “devolver lo confiscado” y establecer un marco jurídico justo, que no se use como herramienta represiva como ocurre actualmente.
Por último, Ordóñez, calificó el informe presentado por el Estado nicaragüenses como “una narrativa que pretende mostrar que está haciendo bien las cosas” mencionando políticas sociales, carreteras y seguridad. Sin embargo, el informe omite temas críticos, como la violencia en la Costa Caribe, “impunidad de los femicidios” y la continua persecución a la disidencia. Según el vocero de la Red Local, esta narrativa de limpieza de imagen no aborda las violaciones a derechos humanos ni compromete al gobierno hacer justicia frente a los graves abusos denunciados.
La comunidad Internacional reconoce crímenes de lesa humanidad
El abogado Salvador Marenco, representante del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, afirmó tras el Examen Periódico Universal (EPU) que la comunidad internacional está, “plenamente convencida de las graves violaciones a derechos humanos” en el país desde 2018, las cuales señaló han sido cometidas como una “política de Estado”.
El Estado nicaragüense sigue negando los abusos, pero ha adoptado “un lenguaje más diplomático” aunque incluso en sus respuestas, el gobierno ha admitido crímenes de lesa humanidad. Marenco indicó que, entre las declaraciones del Estado, hubo una “aceptación tácita” del crimen de desaparición forzada de personas al admitir la detención del líder indígena Brooklyn Rivera, desaparecido desde hace varios meses.
Marenco subrayó la necesidad de justicia para frenar la represión, señalando que “una reconciliación no se puede lograr únicamente a través de una legislación” sino que debe pasar por la justicia y el cese inmediato de la represión. Denunció además el rechazo del Estado a ratificar el Estatuto de Roma, documento que otorga jurisdicción a la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad, como los cometidos en Nicaragua, donde “la tortura, violencia sexual, desaparición forzada y el encarcelamiento arbitrario” se ha vuelto practicas sistemáticas.
En relación con los abusos denunciados, el abogado destacó que el gobierno ha inventado reformas legales para justificar y ocultar estas violaciones, “dando una apariencia de legalidad” a prácticas represivas y de control.
Marenco agradeció a los países que han presionado por el cumplimento de normas internacionales y subrayó que, si Nicaragua no atiende las denuncias Internas, “corresponde a todos los estados… iniciar procesos de jurisdicción universal para evitar que se sigan cometiendo estos crímenes.” Frente a la negativa de Nicaragua a aceptar las recomendaciones de grupos de expertos internacionales, Marenco concluyó que la comunidad internacional debe continuar presionando para revelar “las distintas graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad” que se están cometiendo en el país.
Desmontando la mentira
El Informe Alternativo, elaborado por Fundación Puentes para el Desarrollo de Centroamérica, presenta datos y testimonios que cuestionan duramente la versión del gobierno nicaragüenses en el EPU, revelando profundas contradicciones en el relato oficial.
Uno de los temas preocupantes de este informe es “la situación laboral”, donde se señala que, aunque el gobierno reporta una tasa de desempleo de apenas el 3.4% en realidad “más de 75% de la población trabajadora se encuentra en la informalidad laboral, sin ningún tipo de protección”. Esta precariedad, según el informe, pone de manifiesto una crisis de empleo mucho más grave de lo que se reconoce oficialmente, y afecta a miles de trabajadores que no cuentan con derechos ni estabilidad laboral.
El informe también denuncia la dependencia económica de Nicaragua en las remesas de ciudadanía en el extranjero, las cuales, según el análisis, “han pasado de representar el 13% de la economía nacional en 2019, a casi el 30% en 2024” destacando a Nicaragua como el país con “mayor dependencia de las remesas en América Latina”. Este dato evidencia una debilidad estructural en la economía interna, y sugiere que los ingresos de los nicaragüenses en el exterior han sustituido, en gran medida, la falta de oportunidades y crecimiento dentro del país.
Por su parte, La Articulación de Movimientos Sociales de Nicaragua, expresó su preocupación y rechazó el informe presentado por el Estado de Nicaragua argumentando “lejos de reflejar la realidad de nuestro país, intenta ocultar los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones a los derechos fundamentales de las y los nicaragüenses”.
La Articulación añade que, el régimen ortega Murillo ha implementado acciones represivas que incluyen tanto “cierres sistemáticos de organizaciones sociales y de derechos humanos, la revocación arbitraria de la nacionalidad a ciudadanos críticos, la expropiación de bienes de opositores y el encarcelamiento y persecución de aquellos que alzan su voz en favor de la justicia y la democracia”, lo que genera un ambiente de terror y silenció forzado en Nicaragua.
Ante esa situación, La Articulación de Movimientos Sociales insta a los Estados que se pronunciaron firmes para que el Estado de Nicaragua cumpla las recomendaciones del EPU, “implementen acciones concretas y medidas de presión diplomática y económica para hacer cumplir sus compromisos”.
