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El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, en un reciente informe de actualización, ha revelado hallazgos alarmantes sobre las violaciones y abusos de los cometidos contra miembros de la iglesia católica y otras iglesias cristianas de Nicaragua desde abril de 2018.
El informe presentado en el marco del 55° periodo de sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Expertos de la ONU describen las primeras agresiones contra iglesia católica y ciudadanía
Los expertos señalan que, desde esa fecha, se han producido agresiones y criminalizaciones de miembros de la institución eclesiástica, con una escalada significativa a partir de 2022.
Un caso emblemático ocurrió el 10 de julio de 2018, cuando varios religiosos, incluido Monseñor Waldemar Stanisław Sommertag, nuncio apostólico de la Santa Sede, fueron agredidos por civiles y grupos armados progubernamentales en presencia de la policía en la Basílica Menor de Diriamba. “En un intento de mediar para la liberación de un grupo de personas refugiadas en el templo” relatan los expertos.
El informe destaca que la iglesia católica no solo jugo un rol mediador, sino que también proporcionó refugio y asistencia médica, explican. “Las Iglesias y parroquias sirvieron como lugares de protección de los manifestantes contra el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado y las agresiones de grupos armados progubernamentales, pero también como lugar donde familiares de víctimas protestaban simbólicamente.”
Crímenes en la iglesia Divina Misericordia
Esto provocó represalias violentas por parte de las autoridades y grupos afines al gobierno. Un ejemplo trágico fue el asedio policial a la Iglesia de la Divina Misericordia en Managua, donde dos estudiantes fallecieron y varios resultaron heridos debido a disparos de la policía, describe el informe. “El 13 de julio, unas 200 personas, en su gran mayoría jóvenes estudiantes, se refugiaron en dicha iglesia huyendo del desalojo por la fuerza de la cercana Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.”
Como determinó el Grupo de Expertos en su primer informe, la iglesia fue blanco de disparos “sostenidos y constantes” por parte de la policía con armas de alto calibre, incluyendo ametralladoras. Dos estudiantes fallecieron por impacto de arma de fuego en el cráneo, y varios más resultaron heridos, en ese ataque.
Detenciones a miembros de la iglesia
Las detenciones arbitrarias de miembros de la iglesia católica y otras iglesias cristianas han sido un método recurrente de represión.
Entre los detenidos se encontraba Monseñor Álvarez y varios miembros de la iglesia católica que sufrieron encarcelamiento y malos tratos en las instalaciones policiales de El Nuevo Chipote y en la cárcel La Modelo. El informe menciona que, en total, “73 miembros de la iglesia católica y otras denominaciones cristianas fueron detenidos, de los cuales 12 estuvieron privados de la libertad en esas cárceles.
Así mismo el Estado privó de forma arbitraria de su nacionalidad a 22 miembros de la Iglesia católica y un pastor evangélico, opositores al Gobierno o percibidos como tales, dejándolos en condición de apatridia. Además, prohibió el ingreso o la salida del país de varios miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas y deportó a 63 miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas (44 nicaragüenses y 19 extranjeros legalmente en el país), se lee en el informe.
La policía nacional ha llevado a cabo estas detenciones sin órdenes judiciales validas, utilizando fuerza excesiva y fabricando pruebas para justificar los arrestos.
Gobierno de Daniel Ortega responsable de graves violaciones de DDHH
El Grupo de Expertos de la ONU concluye que el Estado de Nicaragua es responsable de estas violaciones graves, sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos, incluyendo tortura, deportación y persecución por motivos políticos, que pueden calificarse como crímenes de lesa humanidad.
La represión contra miembros de iglesias evangélicas demuestra según los expertos que “el espectro de los perfiles de víctimas ha pasado a ser aún más amplio, ya no solo abarcando a personas opositoras, adversarias y/o críticas, o percibidas como tales, sino también a personas vinculadas con grupos que tienen capacidad de movilización social autónoma, siendo esta capacidad una potencial fuente de riesgo al status quo que el Gobierno estableció en Nicaragua.”
Grupo de la ONU exige rendir cuentas al Estado de Nicaragua
La persecución de miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas también violó el derecho de miles de personas de practicar libre y públicamente su derecho a la libertad de religión, con efectos en otros derechos como la libertad de conciencia, expresión y opinión.
El informe subraya la falta de investigación y procesamiento de estos crímenes por parte el Estado nicaragüenses, dejando a las víctimas sin acceso a recursos efectivos y en situaciones de vulnerabilidad y apatridia.
Finalmente, el informe insta al estado de Nicaragua a rendir cuentas por las violaciones descritas y a garantizar los derechos humanos de toda la ciudadanía, incluidos miembros de la iglesia católica y cristianas evangélicas que han sido objeto de persecución y represión sistemática.
