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La concesión del salvoconducto para que el expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) abandone la Embajada nicaragüense, donde se refugió hace más de un año para evitar ser encarcelado por un caso de blanqueo de capitales, y viaje a Nicaragua, tomó por sorpresa este jueves a Panamá y ha generado una lluvia de reacciones, muchas de rechazo.
El primer sorprendido ha sido el propio expresidente, un magnate de 73 años que apadrinó al actual gobernante de Panamá, José Raúl Mulino, quien fue su ministro de Seguridad y le llamaba «amigo» durante la campaña proselitista que lo llevó al poder en 2024.
«Ahora me dan esta sorpresa que estamos analizando para ver qué decisión tomamos», dijo en un mensaje en redes sociales Martinelli, poco después de que el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, anunciara el otorgamiento del salvoconducto y el plazo, no prorrogable, hasta el 31 de marzo para que viaje a Nicaragua.
El portavoz de Martinelli y actual diputado a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) por su partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, dijo a la televisión local Telemetro que solo el expresidente decidirá sobre el salvoconducto otorgado, pero aseguró que «no quiere» irse de Panamá y que cree que debería «estar en libertad» porque «fue condenado políticamente para inhabilitarlo».
Martinelli se refugió en la Embajada de Nicaragua el 7 de febrero de 2024, después de que fuera ratificada la sentencia a más de diez años de prisión y la multa de 19,2 millones de dólares que se le impuso al ser hallado culpable del delito de blanqueo de capitales por el caso conocido como ‘New Business’, la compra de un conglomerado de medios con dinero público.
A juicio de Camacho, el salvoconducto concedido este jueves «implica el reconocimiento de la condición no solamente de asilado, sino de perseguido político» de Martinelli, algo que es «políticamente beneficioso».
También Alejandro Pérez, miembro del equipo legal de Martinelli, se mostró desconcertado.
«El impacto de esta decisión fue sorpresiva (…) No esperábamos esto», afirmó en declaraciones a la prensa en el exterior de la embajada, donde confirmó -tras la pregunta de un periodista- que su expectativa era un permiso para que Martinelli recibiera atención médica.
«Esta es una sorpresa y primero vamos a asimilarla y después va a haber un pronunciamiento», insistió Pérez.
Una concesión de «impunidad»
La Coalición Vamos, que agrupa a una veintena de diputados independientes de la Asamblea Nacional, de 71 escaños, tildó de «concesión de impunidad» el salvoconducto, por lo que exigió «una explicación jurídica transparente sobre los fundamentos legales de esta decisión».
«Desde la Coalición Vamos expresamos nuestro más enérgico rechazo y condena a la decisión del Gobierno de entregar un salvoconducto al expresidente Ricardo Martinelli, condenado por corrupción y actualmente refugiado en la embajada de Nicaragua. Esta decisión representa un golpe a la Justicia (…) y un grave retroceso para el Estado de Derecho en Panamá», agregó un comunicado de la bancada.
En la misma vía se expresó la directora ejecutiva del capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), Olga de Obaldía, que denunció que en el caso de Martinelli se ha utilizado «una figura legal noble» como es el asilo «para promover la impunidad de alguien que está con una condena en firme».
De Obaldía recalcó que el expresidente está implicado en «múltiples casos que todavía faltan por llegar a la justicia, comenzando por Odebrecht», en el que Martinelli está imputado por blanqueo al igual que una veintena de personas, entre ellas el exgobernante Juan Carlos Varela (2014-2019).
Tanto la Coalición Vamos como la representante de TI Capítulo Panamá exigieron a las autoridades competentes panameñas que se emita una orden internacional de captura contra Martinelli para evitar que una vez se encuentre en Nicaragua salga de ese país y «haya certeza del castigo».
El fin de un gobierno con «dos cabezas»
De Obaldía y analistas locales dieron además una lectura política a la situación: la salida de Martinelli del país «implica que al fin habrá un gobierno con una sola cabeza, o en teoría con una sola cabeza y no dos», como dijo la representante de TI capítulo panameño.
La estancia del expresidente en la Embajada nicaragüense ha estado marcada por la controversia, dada su activa participación en asuntos de la política doméstica, lo que está taxativamente prohibido por las normas de asilo y de lo que llegó a quejarse públicamente Mulino.
En diciembre pasado, el ministro panameño de Economía, Felipe Chapman, señaló a una radio local que Martinelli era un «mitómano» que «promueve el caos», tras una publicación del expresidente que opinaba sobre un proyecto de ley para modificar la Seguridad Social, propuesto desde el Ejecutivo y que fue aprobado la semana pasada.
