Los femicidios es una forma extrema de violencia de género que cobra la vida de mujeres en Nicaragua cada año, exponiendo la falta de protección, justicia y seguridad.
Durante un foro sobre el auge de los autoritarismos en Centroamérica, la especialista en seguridad ciudadana nicaragüense, Elvira Cuadra, describió cómo el gobierno de Nicaragua ha institucionalizado “ la violencia y represión, particularmente contra las mujeres».
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Togglefemicidio en aumento: medidas judiciales incumplidas
Este contexto de represión estatal coincide con un alarmante aumento de la violencia de género, incluyendo el creciente número de femicidios en Nicaragua.
Hasta esta semana el Observatorio de Voces Contra la Violencia ha registrado al menos “60 femicidios, de los cuales 47 ocurrieron dentro de Nicaragua y 13 en el extranjero.”
La organización también denunció que, a pesar de las medidas cautelares, “los agresores continúan atacando a sus víctimas.”
Los casos de asesinatos recientes han sido brutales, tal es el femicidio de Ericka Judith Martínez, ocurrido el 21 de agosto en la capilla del Hospital Militar en Managua. Giovanni Alexander Fonseca Mendieta, su expareja, la atacó con cuchilladas pese a tener una orden de alejamiento.
El Grupo Venancia expresó su condena ante los hechos ocurridos destacando que “el momento de la separación es uno de los más peligrosos para las mujeres.” En el caso de Ericka su asesinto revela las fallas del sistema de protección estatal, ya que su agresor pudo acceder al hospital armado a pesar de las medidas judiciales.
Último femicidio muestra el nivel de riesgo que enfrentan las mujeres
En casi similar situación se suma Josselin Vanessa Rodriguez, asesinada este reciente 19 septiembre por su expareja José Samuel Arauz Blandón, quien la mató de nueve disparos en Santa María de Pantasma. Arauz Blandón ahora enfrenta cargos de femicidio agravado y portación ilegal de arma. Lo último que se sabe es que su condena será determinada en una audiencia el 27 de septiembre.”
Ambos casos han puesto en evidencia la ineficacia de las leyes de protección y la urgencia de medidas más efectivas para garantizar la seguridad de las mujeres, dicen organizaciones feministas.
Elvira Cuadra enfatizó que esta situación no es aislada, ya que los femicidios y los intentos de asesinato están en aumento en el país: “Es escandaloso que haya una gran cantidad de mujeres que han sido víctimas de intentos de asesinato, y que están vivas de pura casualidad. Los femicidios frustrados han aumentado significativamente, lo que evidencia el nivel de riesgo que enfrentamos.”
Violencia machista y cierre de organizaciones de apoyo
Mientras que el Observatorio de Voces Contra la Violencia, ha sido especialmente crítico con las políticas de mediación en casos de violencia de género, afirmando que “ mediar es arrebatarle la vida a las mujeres y destruir la vida de sus hijos quienes quedan en la orfandad”. La falta de una protección efectiva en estos casos es una de las razones por las que el observatorio exige que “ no se medie en casos de violencia de género y se aplique el peso de la ley sin contemplaciones.
Así mismo, el colectivo de «Mujeres contra la Violencia» denuncia la persistente violencia machista que sigue cobrando la vida de mujeres y niñas, exigiendo un alto a la invisibilización de esta problemática. En su comunicado, destacan “la necesidad urgente de implementar planes integrales contra la violencia de género, una justicia efectiva que no libere a agresores, y medidas de seguridad inmediatas para las víctimas.” Hacen un llamado a derribar las barreras que dificultan el acceso a la justicia y aseguran que todas las mujeres merecen vivir libres de violencia.
El gobierno de Daniel Ortega también ha sido acusado de favorecer a los agresores de femicidios, cerrando incluso organizaciones que velaban por los derechos de mujeres y niñas. La Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG denunció que 196 asociaciones de mujeres han sido cerradas, “2 en 2021, 164 en 2022, 9 en 2023 y 21 en 2024.” lo que ha incrementado la vulnerabilidad de las víctimas al eliminar albergues y servicios de apoyo.