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El Gobierno del presidente Nayib Bukele «ha desmantelado sistemáticamente» la democracia en El Salvador, «socavado» el Estado de derecho y el país «enfrenta importantes» desafíos en materia de transparencia, señala la organización Human Rights Watch (HRW) en un informe divulgado este jueves.
El documento de HRW indica que, desde que asumió el poder en 2019, la administración de Bukele «ha desmantelado sistemáticamente instituciones democráticas y el poder está concentrado en el ejecutivo».
La organización no gubernamental también asegura que el Gobierno de Bukele «ha socavado el Estado de derecho, incluso llenando los tribunales y aprobando cambios legislativos que amplían el control gubernamental sobre el poder judicial».
Además, señala que El Salvador «enfrenta importantes desafíos en materia de transparencia, con la actual administración restringiendo severamente el acceso a la información pública».
Según Cristosal (ONG), indica HRW, más del 73 % de las solicitudes de información son negadas o ignoradas.
«Esta falta de transparencia permite la corrupción potencial y limita supervisión ciudadana», asegura.
Señala que la puntuación de El Salvador en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional – que mide la corrupción percibida en el sector público a nivel mundial- ha caído desde el puesto 36 en 2020 a 31 en 2023.
«Ambiente hostil» y régimen de excepción
HRW incluye en su informe que el Gobierno «ha creado un ambiente hostil» para periodistas, líderes sindicales y activistas de la sociedad civil.
Indica que «los funcionarios han intentado desacreditar el trabajo de periodistas y organizaciones de la sociedad civil, incluso etiquetándolas como ‘defensoras de pandillas’.
Se ha referido también a la medida de régimen de excepción apuntando que «las autoridades han cometido abusos generalizados, incluidas detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, tortura y malos tratos a detenidos».
Indica que, durante el estado de emergencia, «la policía y los soldados han llevado a cabo cientos de redadas indiscriminadas, particularmente en barrios de bajos ingresos, arrestando a más de 81.000 personas, entre ellas más de 3.000 niños».
Recuerda que «grupos locales e internacionales de derechos humanos han documentado detenciones arbitrarias masivas, tortura y, en algunos casos, violencia sexual contra mujeres y niñas detenidas, y desapariciones forzadas».
«Las autoridades no han informado de que se haya acusado o condenado a ningún oficial de policía o militares en relación con estos abusos», añade.
La organización también hizo referencia a que El Salvador no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo ni el reconocimiento legal de género para personas transgénero y que «carece de una legislación integral contra la discriminación» hacia las personas de la comunidad LGBTI.
Apunta que el Congreso «continúa ignorando una orden de la Corte Suprema de Justicia de 2022 para crear un reconocimiento legal de género, procedimiento que permitiría a las personas trans cambiar sus nombres en sus documentos de identidad».
