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En Latinoamérica, las identidades trans tienen una expectativa de vida que no sobrepasa los 35 años debido a la marginación sistemática que enfrentan. Aún así, los Estados les siguen negando derechos básicos de los que sí gozan las personas cisgéneros. Con el ascenso de las derechas a nivel mundial, los discursos de odio se convierten en políticas públicas. En el continente, Argentina, El Salvador y Estados Unidos son ejemplos de cómo las agendas conservadoras gubernamentales condicionan las vidas del colectivo travesti y trans.
El último ataque sistemático del Gobierno de Javier Milei a las personas LGBTIQ+ en Argentina consistió en una reforma exprés a la Ley de Identidad de Género. A partir del 5 de febrero pasado, a través de un decreto presidencial, el Ejecutivo prohibió a nivel nacional la hormonización de las y los menores de 18 años en medio de una campaña de desinformación en la que el Gobierno dijo que a los menores se les realizaba intervenciones quirúrgicas de reasignación de sexo, algo que la legislación no autorizaba.
La reforma fue frenada por el fuero Contencioso y Administrativo en la Ciudad de Buenos Aires, la capital argentina, porque la Federación Argentina LGBT+ interpuso un amparo colectivo. En el resto del país, aunque hay organizaciones que también han presentado amparos, las y los menores siguen sin poder acceder a este tratamiento al que optan para sentirse acorde al género con el cual se autoperciben.
Argentina es uno de los países del continente en donde la ultraderecha está en ascenso y ha sido capaz de penetrar sus discursos conservadores a las estructuras estatales, al punto de eliminar políticas públicas a favor del colectivo LGBTIQ +. El país, pionero en las garantías para las disidencias sexuales, enfrenta retrocesos desde la llegada de Milei al poder, en diciembre de 2023. Lo mismo que El Salvador, en Centroamérica, donde el presidente Nayib Bukele logró reelegirse en febrero de 2024, pese a una prohibición constitucional, y su gestión se ha caracterizado por un desmantelamiento a instituciones y políticas públicas a favor de la diversidad sexual.
“América Latina es una región que carece muchas veces de memoria, sobre todo porque las derechas y ultraderechas son las que han aplicado estrategias en las que priorizan al capital, la privatización y la explotación por encima de derechos fundamentales como la educación”, opina la activista trans salvadoreña, Amalia Leiva.
Un freno a Milei
En Argentina, el pasado 1 de febrero, la diversidad sexual organizó una marcha multitudinaria para ponerle freno a los ataques Milei -quien ha llegado a vincular a la homosexualidad con la pedofilia y a decir que las feministas buscan privilegios- y también para para exhigirle que respete las leyes aprobadas. Los feminismos y los transfeminimos también lo hicieron el 8 de marzo, en la marcha por el Día Internacional de la Mujer.
En 2010 y 2012, Argentina se convirtió en el primer país de la región en aprobar el matrimonio igualitario y la Ley de Identidad de Género, respectivamente. En 2020, despenalizó el aborto en cuatro causales y, un año después, también aprobó la Ley del Cupo Laboral Travesti-Trans, que obliga al Estado a tener entre sus contrataciones un 1 % de personas travesti y trans. En su gestión, Milei ya despidió al menos a 900 personas contratadas bajo este cupo, de acuerdo con estadísticas de organizaciones sociales.
Días antes de la marcha del 1 de febrero, el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, publicó en X que enviarían al Congreso un anteproyecto llamado “Igualdad ante la Ley” para eliminar de Código Penal la figura del femicidio, la Ley del Cupo Laboral Travesti y Trans y modificar la Ley Micaela, que ordena la capacitación en temas de género para el personal judicial. “El feminismo es una distorsión del concepto de igualdad que únicamente busca privilegios, poniendo a una mitad de la población en contra de la otra”, publicó el funcionario.
“En Argentina estamos atravesadas por un retroceso, tanto en el discurso del Estado argentino como en el reconocimiento en materia de políticas públicas que venían protegiendo el acceso a derechos de estas minorías, que últimamente han venido siendo golpeadas por toda la estructura patriarcal y machista, y desde el Estado, insisto”, señala la activista migrante y travesti, Irvin Moncada, quien menciona que parte de los retrocesos de las políticas públicas en la gestión de Milei son los recortes en el presupuesto para la compra de medicamentos antirretrovirales para las personas seropositivas -un 76 %, según activistas- y las trabas burocráticas que enfrentan las personas no binarias cuando quieren tramitar su documento personal.
Trump, Bukele y los retrocesos en DDHH
En el otro extremo del continente, en su retorno a la Casa Blanca, Donald Trump radicalizó su discurso conservador. En la ceremonia de investidura, el 20 de enero, dijo que el país norteamericano solo reconocería los sexos masculino y femenino, y de entrada su gobierno retiró el apoyo para las terapias de hormonización de las personas trans.
Milei estuvo en la toma de posesión de Trump. Días antes, en un evento privado, dijo a la prensa estadounidense que esperaba que el magnate fuera quien liderara la batalla anti-woke. Woke es una palabra que las derechas utilizan para referirse peyorativamente a las luchas sociales. En Argentina, Milei llama “la batalla cultural” a este constante ataque del pensamiento progresista.
No fue la primera Milei y Trump estuvieron juntos compartiendo ideas. En febrero de 2024, se reunieron en la Conferencia Política de Acción Conservadora, donde también estuvo Bukele, el otro mandatario latinoamericano que representa retrocesos en materia de derechos humanos.
En su visita a Estados Unidos, Bukele sacó a relucir su agenda conservadora. Ante la entrevista con Moms for Liberty, una organización estadounidense antiderechos, el mandatario salvadoreño dijo: “Los padres confiamos a nuestros hijos, que son lo que valen para nosotros, al sistema educativo, para que les enseñe cosas útiles en su vida: biología, matemática, cosas importantes, para su aprendizaje. Y luego vienen y quieren meterle ideologías, quieren meterles cosas contrarias a la naturaleza”.
Una vez finalizada esta conferencia en Estados Unidos, los gobiernos de Argentina y El Salvador prohibieron en las instituciones públicas el acrónimo LGBTIQ +. Desde entonces, Bukele ha recrudecido su discurso anti-woke, al punto de que el gobierno censuró el año pasado del Teatro Nacional de San Salvador, la capital, la obra Inmoral, creada por artistas drags y que exponía las violencias que viven los cuerpos sexogenéricos. Asimismo, Bukele despidió a empleados del Ministerio de Cultura por “promover agendas que no son compatibles” con su gobierno, según alegó el mandatario en una publicación de X.
Las personas más afectadas por la falta de garantías de derechos humanos en El Salvador son las personas travestis y trans. La organización salvadoreña AMATE ha documentado casos de adolescentes trans que son discriminados y discriminadas de las instituciones de educación por su expresión de género; también casos de mujeres trans discriminadas en el sistema de salud cuando quieren acceder a algún servicio médico.
Una fuente médica de El Salvador, quien no quiere identificarse por temor a represalias, indicó a Intertextual que, a partir de la prohibición del acrónimo LGBTIQ +, el sistema de salud ordenó la modificación de las boletas de atención a pacientes para prescindir de las identidades y orientaciones sexuales diversas, con lo cual las personas travestis y trans siguen siendo invisibilizadas ante el Estado salvadoreño.
Aumento de discursos y crímenes de odio
“En la educación y la salud siempre han habido desafíos para las persona LGBTIQ, pero antes había herramientas para poder trabajar, ahora no. Ahora se justifica la discriminación desde el discurso estatal, por lo tanto, las personas trans están invisibilizadas en el sistema de educación y salud, no existen, ni siquiera se les puede nombrar. Y encima de eso, queda a voluntad del servidor público dar el derecho o no darlo”, sostiene la activista Leiva.
Leiva enfatiza que el hecho de que en los dos gobiernos anteriores a Bukele, de corte de izquierda, haya habido avances en políticas públicas a favor del colectivo LGBTIQ +, eso no significaba que estas personas hubieran alcanzado una “ciudadanía plena”. En esas gestiones, el partido FMLN creó una Secretaría de Inclusión Social, una Dirección de Diversidad Sexual, protocolos especializados de atención para el colectivo LGBTIQ + en el sistema de salud y ferias de empleos. La Dirección de Diversidad Sexual tenía entre sus funciones recibir y dar seguimiento a las denuncias de discriminación por motivos de género en las instituciones estatales, capacitar al personal estatal en temas de géneros e implementar acciones a favor de la diversidad sexual.
Cuando Bukele asumió su primer mandato, en 2019, envió dicha dirección del Poder Ejecutivo al Ministerio de Cultura, y desde entonces las organizaciones sociales dejaron de ser convocadas a actividades a favor del colectivo LGBTIQ + y, a la fecha, reportan que el Estado no implementa las políticas públicas originadas en las administraciones anteriores. Mientras que, en 2021, las y los diputados oficialistas y aliados engavetaron anteproyectos de ley trabajados por años por la ciudadanía, ya que los consideraron “obsoletos”, dos de ellos eran la Ley de Identidad de Género y la despenalización del aborto en sus cuatro causales.
Además, desde la llegada de Bukele a la presidencia, según Leiva, han aumentado los discursos de odio contra la diversidad sexual, y ahora los crímenes de odio se justificaban por el régimen de excepción, la estrategia represiva que el mandatario y sus diputados implementaron desde marzo de 2022, que actualmente suma 85 mil personas detenidas. En este contexto, agrega la activista, han aumentado también los desplazamientos y migraciones forzadas de las personas LGBTIQ + como una forma de preservar su integridad.
