La estimación del impacto del cierre de los OSFL nacionales activos, significó el desempleo de 23,483 personas, 255 millones de dólares en pérdidas y 3.4 millones de beneficiarios desatendidos, es el resultado del informe que presentó Fundación del Río, recientemente.Por: Redacción Intertextual/ contacto@intertextualcr.com
La represión contra el pueblo de Nicaragua de parte del gobierno de Daniel Ortega alcanzó a Organizaciones Sin Fines de Lucro nacionales e internacionales. Fundación del Río recientemente presento su último informe del monitoreo de la Libertad de Asociación en Nicaragua, bajo un trabajo riguroso contabilizando a la fecha “3,364 organizaciones que han sido canceladas” de estas 153 se han dado en lo que va del año 2023.
Intertextual contacto a Amaru Ruiz director de Fundación del Río, conformada en el año 1990 para “luchar por la conservación de los bienes naturales y el buen vivir de las poblaciones en el Sureste de Nicaragua, con énfasis en la defensa de la reserva Indio Maíz.” Esta fundación es una de las 3,364 despojada de su personalidad jurídica en el año 2018, después de haber alertado el desastroso incendio de la Reserva Indio Maíz. La resolución de cancelación de parte del gobierno orteguista fue notificada el 13 de diciembre de 2018. “fueron acusaciones infundadas” dijo Amaru al medio digital Confidencial.
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El Monitoreo que lleva evidencia de la situación de violación a la Libertad de Asociación y su impacto en el país, tiene el objetivo de informar a la población nicaragüenses y comunidad internacional sobre la reducción de los espacios cívicos en el país. También forma parte de las acciones de documentación y de construcción de memoria histórica que en algún momento necesitará el país para su reconstrucción.
Amaru Ruiz destaca que han hecho un análisis desde la Fundación identificando 4 puntos detrás de los procesos de cancelación “El primero, es una criminalización a la labor que venían haciendo los organismos sin fines de lucro en El País, el segundo es el tema del control sobre la cooperación al desarrollo, y la última hay una estrategia del régimen para tratar de desarticular los tejidos territoriales de la población nicaragüense que estaba y que confía en el rol que ha venido desarrollando los organismos sin fines de lucro durante más de 40 años de edad.”
En el tercer punto señala que, el gobierno ha pretendido siempre centralizar la ayuda y proyectos y jactarse de hacerlo ellos. “El régimen no acepta que OSFL generen procesos o proyectos de atención, sobre todo porque ellos quieren imponer un discurso de que todos los beneficios que reciba la población en general se deben a la gestión del comandante y la compañera Rosario Murillo, entonces ellos cuestionan la cooperación la ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo que desarrollan las organizaciones o los organismos sin fines de lucro.”
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La Asamblea Nacional y ahora El Ministerio de Gobernación de la República de Nicaragua bajo mandatos del Gobierno de Daniel Ortega, ha aprobado la cancelación de la personalidad Jurídica de organizaciones por supuesto “incumplimiento de las leyes que las regulan”.
Las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, para reprimir y hacer este tipo de acciones contra asociaciones y universidades, empresas y medios de comunicación en Nicaragua son: La Ley 1115, Ley General de Regulacióny Control de Organismos sin Fines de lucro, Ley de Reforma y Adición a la Ley No 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro y de Reforma a la Ley No. 522, Ley General del Deporte, Educación Física y Recreación Física; Ley No 1132, Ley de Reforma y Adiciones a la Ley 909, Ley Creadora de la Cinemateca Nacional y Reforma a la Ley No 723, Ley de Cinematografía y de las Artes Visuales.
Ruiz relata que el boom de los organismos sin fines de lucro ocurre luego del proceso electoral donde inicia el proceso de democratización del país en las elecciones que pierde Ortega en 1990 “Ahí ocurre el boom de las organizaciones y muchas de estas organizaciones algunas de origen sandinista (…) Eso se mantuvo hasta que el régimen empezó a cuestionar a las organizaciones porque son las organizaciones en las que empezaron a denunciar las diversas violaciones al Estado democrático a los derechos humanos que venía cometiendo el régimen de Ortega Murillo antes de 2018” y se concreta con la crisis sociopolítica a raíz del 2018.
Desde el 2018 a la fecha el régimen de Ortega-Murillo ha cancelados un total 3,363 Organismos Sin Fines de Lucro lo que representa la reducción 46% de las personerías “153 se han dado en lo que va de 2023” apunta Ruiz, anotó que solo 43 organizaciones se encuentran activas bajo el nuevo esquema de la ley 1115 porque “son las que les han permitido continuar operando a través del proceso de convalidación por haber derogado la ley 147 y pasar ahora a regirse por la ley 1115.”
Se lee en el informe de la Fundación que El 52% de los OSFL nacionales cancelados tenían domicilio en el departamento de Managua, mientras que los 40% de OSFL internacionales cancelados eran originarias de Estados Unidos.
¿En cuanto a las organizaciones con disolución voluntaria, es largo ese proceso, quienes han podido hacerlo? Se le pregunto a Ruiz. El manifestó que el análisis que han hecho arrojo que al menos “32 organizaciones han solicitado lo que se conoce como disolución voluntaria, en el análisis nosotros hemos evidenciado que muchas de las organizaciones que se les ha declarado disolución voluntaria realmente se han visto que, esa disolución voluntaria no es tan voluntaria, sino que una disolución forzada.”
Muchas de las organizaciones no habían previsto cerrar sus funciones, pero se vieron obligadas para tener una posibilidad de generar o desarrollar el proceso de liquidación de sus bienes y su patrimonio sostiene Ruiz “Aquí hay una situación de tratar de salvaguardar el patrimonio de esas organizaciones entonces prefieren cerrar antes de que los cierren para tratar de hacer un proceso de liquidación de eso viene y no perderlo todo o expropiarse o quedarse expropiado por parte del Régimen (…)
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Organizaciones vinculadas al sector privado han tenido un trato diferenciado. Hemos visto un trato diferenciado a estas organizaciones, no les han expropiado, sino que más bien les han amenazado para que cierren y para que haya una debida liquidación de sus bienes, entonces esa es la diferenciación que nosotros hemos visto en términos de las disoluciones voluntaria,” añade el director de Fundación del Río.
Impacto de cierre de organizaciones sin fines de lucro
La estimación del impacto del cierre las organizaciones nacionales activos, significó el desempleo de 23,483 personas, 255 millones de dólares en pérdidas y 3.4 millones de beneficiarios desatendidos, es el resultado que presentó el informe de Fundación del Río.
Ese dato, se deriva de una estimación del 10% de las organizaciones. “Hicimos una estimación y esos son parte de los impactos que nosotros estamos estimando; además de 24 millones de dólares anuales de ejecución promedio que se han perdido anualmente o que se pierde anualmente por el cierre de estas organizaciones” comunicó Ruiz.
El informe destaca que el 38% de los Organizaciones nacionales cancelados atendían temáticas de derechos humanos, mientras que el 74% de los OSFL internacionales cancelados se dedicaban a la cooperación al desarrollo. Todos estos proyectos eran exclusivamente para el beneficio de las comunidades más vulnerables
En promedio ejecutaban estas organizaciones en proyectos “244 millones que se han perdido” basándose en una estimación, explica. “La cantidad de recursos de ejecución puede ser mucho mayor que al que nosotros estamos estimando, sin embargo, partimos de la muestra representativa y nos da una idea y una valoración de cómo ha sido el impacto en términos económicos de la ejecución presupuestaria que desarrollaban esta organización.”
¿Qué toca hacer mientras tanto, bajo el cierre arbitrario de las organizaciones en Nicaragua?
Al menos 4 OSFL presentaron peticiones la CIDH tras agotar la vía legal nacional, 6 OSFL monitorean las cancelaciones y unos 25 se han constituido fuera de país para seguir funcionando, refiere el informe.
Organizaciones que siguen en resistencia desde el exilio
Frente a estos escenarios de violaciones y restricciones del derecho de Libertad de Asociación en Nicaragua, los OSFL han desarrollado diferentes acciones de resistencia. Entre ellas se menciona que El Centro Nicaragüenses de Derechos Humanos (CENIDH), la Fundación Popol Na, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua (Fundación del Río) y el Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILLS) han logrado presentar peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras agotar las vías legales nacionales frente a la cancelación arbitraria de su personería jurídica.
Seis organizaciones llevan un monitoreo de las cancelaciones de los OSFL, entre ellas la Asociación Red Local, Popol Na, Fundación del Río, la Iniciativa de Mujeres Defensoras (IMD), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Mas y la Coordinadora de la Niñez (CODENI). Mas de 17 OSFL se presentaron en una audiencia temática ante la CIDH y más de 10 organizaciones han presentado informes de seguimiento ante los diversos mandatos, el Examen Periódico Universal y las diversas relatorías del sistema universal de derecho humanos de Naciones Unidas.
Por último, más de 25 organizaciones nicaragüenses canceladas se han constituido fuera del país, para continuar evidenciando las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Estas acciones representan formas de resistencia frente a las restricciones y la criminalización del régimen de Ortega-Murillo contras los OSFL.
Amaru Ruiz considera relevante seguir exponiendo esta situación de la falta de libertad de asociación a nivel internacional de parte de organizaciones y concluye “La sociedad civil sigue activa, sigue trabajando en función de salvaguardar su propio derecho y a partir de ahí entonces poder seguir acompañando desarrollando proyectos de desarrollo en función y en beneficio de la comunidades y grupos vulnerables de los pueblos más empobrecidos de Nicaragua.”
