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La escena y las señas de violencia encontradas en su cuerpo dejaron en evidencia que La Mendoza fue un crimen de odio, pero aun así las autoridades y medios oficiales la declaró como una muerte por ahogamiento. La Mendoza era una mujer trans que vivía en la capita de Nicaragua, en el barrio en Villa Canadá en el distrito siete de Managua.
Su cuerpo en estado de descomposición fue encontrado el 7 de abril de 2023 en un predio baldío ubicado en el sector conocido como La Curva, en el Distrito seis de Managua. Aunque ya han pasado casi dos años, la Policía aún no ha esclarecido el hecho ni se ha pronunciado sobre el caso.
En el sistema Nicarao, que el Poder Judicial tiene en línea para revisar y acceder a los procesos judiciales, Intertextual constató que en los juzgados de Managua tampoco hay evidencia de que la Fiscalía haya presentado una acusación por este crimen de odio cometido contra La Mendoza.
Como este, existen muchos otros delitos de odio y agresiones cometidas contra personas de la diversidad sexual en Nicaragua, que también han sido ignorados por completo y permanecen en silencio o ocultos por las autoridades.
Una activista de la diversidad sexual bajo anonimato por seguridad, mencionó a Intertextual que una de las maneras de invisibilizar y silenciar los delitos cometidos en perjuicio de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, travestis, intersexuales, queer y otros colectivos LGBTIQA+ es «minimizar los hechos y ocultar las estadísticas en las instituciones del Estado».
Agregó que «la ausencia de mecanismos oficiales para identificar los delitos por orientación sexual o identidad de género, sumada a la inoperancia de la Procuraduría Especial de la Diversidad Sexual y los bajos índices de denuncias debido a la desconfianza hacia la policía y el temor a represalias, perpetúa la impunidad», sostuvo la activista trans.
Datos demuestran aumento de agresiones y crímenes de odio en Nicaragua
Según estadísticas del Observatorio de Violaciones a los Derechos Humanos de Personas LGBTIQ+, solo entre 2021 y el primer semestre de 2024 se documentaron 174 delitos contra personas de la diversidad sexual en Nicaragua.
Entre los delitos registrados, sobresalen las agresiones físicas, pero también se contabilizan seis crímenes de odio y la muerte de otras cinco mujeres trans, que la Policía tipificó como suicidio u otras causas, a pesar de que sus familiares rechazaron estas versiones.
Los hechos documentados por el Observatorio de la asociación feminista La Corriente también incluyen agresiones sexuales, acoso, extorsiones y violencia laboral.
«El registro podría ser mayor, ya que por temor y debido al cierre de los espacios cívicos, muchos hechos, no son reportados por las víctimas», advirtió la activista de la diversidad sexual consultada por Intertextual.
También confirmó que la desconfianza hacia la policía, el temor a represalias, las burlas y las anomalías en los procesos judiciales llevan a que la mayoría de las víctimas ni siquiera intenten presentar denuncias.
Señaló que las autoridades policiales y el sistema de justicia continúan normalizando y minimizando los delitos de odio y discriminación cometidos por orientación sexual o identidad de género, llegando incluso a otorgar beneficios a los autores de los crímenes.
«En la policía y el sistema judicial de Nicaragua, las estadísticas no reflejan la dimensión de la violencia y los delitos de odio por orientación sexual, porque los hechos siguen siendo normalizados e invisibilizados. No existe una estadística oficial que revele específicamente los delitos cometidos contra personas LGBTIQ+ y el porcentaje de respuestas», reafirmó.
Intertextual confirmó que algunos autores de asesinatos de odio contra personas se la diversidad sexual han recibido reducción de pena, pese a la gravedad de los hechos.
Tal es el caso de Yader José Alaniz Parra, quien asesinó con con arma blanca en más de 20 ocaciones a Vanessa Narváez Medina, del municipio de El Jicaral, departamento de León.
Alaniz le arrebató la vida con saña el 29 de octubre de 2012 para robarle 8,000 córdobas. Aunque el 22 de febrero de 2013 fue sentenciado a 30 años, la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de León redujo su pena a 25 años el 23 de julio del mismo año.
Una muestra de que la interpretación panal de los encargados y encargadas de impartir justicia en el país centroamericano, se aplica con el sesgo personal, omitiendo las sañas y la interseccionalidad por la que son cometidos los crímenes.
Entre los crímenes de odio más recientes está el de la adolescente de iniciales O.S.A.D., de 14 años, quien fue asesinada y quemada el 20 de noviembre de 2024 por Elocadio Díaz Espino, de 76 años, por ser lesbiana.
Díaz Espino, quien trató de desaparecer el cadáver de la víctima, prendiéndole fuego, fue declarado culpable por asesinato agravado y violación agravada en grado de tentativa por la jueza suplente del juzgado de Distrito Penal Especializado en Violencia de Chinandega, Isabel Mayorga.
Aunque la Policía ocultó el verdadero móvil del crimen, en un inicio, en el juicio quedó en evidencia que Díaz cometió el atroz asesinato por la orientación sexual de la víctima y que incluso había advertido que «la haría mujercita«, por lo que la jueza lo declaró culpable y dijo que había indicios de un crimen de odio contra la menor.
Tras el fallo de culpabilidad dictado el pasado 13 de marzo del 2025, la fiscalía solicitó prisión perpetua revisable por el asesinato agravado y 10 se años de cárcel por el delito de violación en grado de tentativa.
Otro caso fue el cruel asesinato de Lala Contreras, el 3 de marzo del 2021, en el municipio de Somotillo en Chinandega, en la frontera con Honduras, quien cruelmente fue amarrada, arrastrada y lanzada a una acantilado donde se encontró su cuerpo su cuerpo sin vida.
Por este caso la fiscalía de Chinandega acusó a Bernardo Arístides Pastrana Ochoa, de 29 años como autor y a Jorge Luís Mondragón Acosta, de 25, como coautor de haber asesinado de manera atroz a la joven transgénero, y que fueron condenados a cadena perpetua revisable, desde el año 2021.
Por la relevancia del hecho y la conmoción de la población, en este caso la policía se vio obligadas a realizar un comunicado público violentando la identidad de Lala, desconoció que se tratara de una mujer trans y le nombró con su nombre masculino y nunca habló que se trata de un crimen de odio.
Para el activista y defensor de derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+ Adriano Antinoo, las muertes violentas contra las personas de la comunidad diversa hay varios factores que actúan en conjunto. “Primero, el Gobierno que no garantiza los derechos de las personas LGBTIQ+, luego la sociedad que no respeta esos derechos y también las propias personas LGBTIQA+ por consiguiente desconocemos en su mayoría nuestros derechos,” argumenta.
El otro factor apunta el activista es que, no se cuenta con leyes que protejan los derechos de las personas LGBTIQ+, “lo que existe es insuficiente, inaplicable porque no se reglamenta, hasta inconsistente porque no se usa los términos adecuados por ejemplo el Código Penal que tiene dos artículos, en uno habla de orientación sexual y en otro de preferencia.»
Lo que existe no ha sido reglamentado y por eso los operadores de justicia no saben como aplicar las agravantes. No reconocen la identidad de las personas transgénero, indica.
Indultos de Ortega y Murillo atentan contra la seguridad de la población LGBTIQA+
A inicios del 2024, el 4 de enero el joven que públicamente era homosexual Dereck Gómez Tijerino de 22 años, también fue asesinado de 4 cuchilladas en un predio baldío ubicado en el costado suroeste de la catedral de Managua a manos de Kevin José González Matamoros, quien fue sentenciado a 27 años de prisión por asesinato y robo agravado.
González Matamoros de León meses atrás habría salido de la cárcel, beneficiado con los indultos presidenciales otorgado por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ha beneficiado a más de 48 mil reos en todo el país desde el 2015, a lo que han llamado «el régimen de convivencia familiar».
La misma Rosario Murillo en su discurso diario en medios oficiales, el pasado 16 de febrero, con la última liberación hasta la publicación de este reportaje, aseguraba que de las personas liberadas, «un 7,18 % han reincidido en actividad delincuencial desde el año 2015 hasta hoy», dijo Murillo.
Es decir, 3.515 de los 48.964 presos comunes con sentencia firme que han sido beneficiados para que vivan en régimen de convivencia familiar en sus hogares han vuelto a cometer delitos, de acuerdo con la información.
Athiany Larios Zuniga una activista trans desde el exilio, explica que esto indultados tienen toda la probabilidad de volver a reincidir en delitos o cometer peores, pues, solo son puestos en libertad sin ninguna reinserción social o laboral, lo que les obliga a seguir delinquiendo.
«Latimosamente, no podemos decir sólo los de la diversidad sexual, todos los ciudadanos en Nicaragua, que están en contra del tema de la dictadura, y otros que son menos vistos con calidad y con el verdadero derecho humanos que se tienen y se merecen, corren el riesgo por estos indultos» dice Larios.
La activista asegura que estas decisiones afectan mayormente a la población LGBTIQA+ y mujeres, por el temor que se crea de denunciar los abusos o agresiones por temor a que sus victimarios sean liberados y salga que buscar venganza, pero asegura que la dictadura no lo hace con ese motivo, si no para seguir ganando adeptos y posibles represores en un posible nuevo levantamiento social como en 2018.
Policía no investiga y tipifica los crímenes de odio como suicidios
Entre los casos tipificados como suicidios que se registraron entre el 2021 y 2024, se encuentra el de Teresa Martínez de 31 años, que fue encontrada sin vida el 25 de febrero del 2024, en un predio baldío del municipio de Ciudad Sandino, Managua con un mecate en el cuello y golpes en su cuerpo.
La víctima quien era bailarina de la tradicional Gigantona, y aunque su familia hasta detalló que había recibido amenazas de muerte, la policía no echó pie atrás con su versión, de declararle como un suicidio, sin investigación.
En este mismo periodo otros casos han tipificado como muertes por infarto o ahogamiento tal es el caso de la mujeres trans Julia Almanza Jarquín, de 33 años, quien era oriunda de la ciudad de Estelí.
La Policía determinó que Julia falleció a causa de un infarto la madrugada del 8 de julio del 2023, a una discoteca de Estelí.
El caso de Josuhara Brown Dixon de Managua, la policía indicaron que falleció por sumersión en la poza Los Sábalos ubicada en el Distrito VI de Managua, donde fue encontrada sin vida y con golpes en el cuerpo, el 30 de enero del 2024, mismo que no fueron pruebas para que la policía intentara investigar si el caso era un asesinato.
Ante la muerte una tía de Josuhara manifestó no saber por qué habrá sucedido, indicando que, “espera en Dios que haya sido un accidente por sumersión y no porque lo hayan asesinado (asesinada), porque no lo merecía», dijo en medios oficiales. La familiar el día de su entierro mencionó que no descartan tanto la familia como la policía, “mano criminal» y en su momento se hablaba de personas detenidas, pero nunca fueron procesadas y el caso de la reina de belleza no fue investigado.
En estos casos los familiares tampoco estuvieron de acuerdo con la versión policial y aunque pedían ampliar las investigaciones, los expedientes fueron engavetados.
La impunidad también se extiende a los casos tipificados como suicidios, muertes por infarto o ahogamiento, donde las familias han denunciado inconsistencias y omisiones en las investigaciones policiales.
Un Estado que se dedica a reprimir no a proteger a la diversidad
En Nicaragua, no existe una Ley de Identidad de Género ni una legislación específica que prohíba o sancione los crímenes de odio. Además, no hay un plan nacional contra la violencia, y en el presupuesto nacional no se destinan fondos para prevenir estos delitos.
María Teresa Blandón, directora de la organización feminista La Corriente, explicó que en la Policía, el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal de Managua no se desagregan las estadísticas por identidad de género ni por orientación sexual.
Ante el silencio institucional, las únicas fuentes de información son los familiares de las víctimas, activistas y medios de comunicación. Blandón concluyó que la mayoría de los agresores de personas LGBTIQ+ quedan en la impunidad, debido a la falta de investigación policial y a la indiferencia del sistema de justicia.
Aunque desde el 2009 Samira Montiel, fue nombrada Procuradora Especial de la Diversidad Sexual para promover y defender los derechos humanos de las personas LGBTI, Blandón confirmó que las personas de la diversidad sexual nunca han estado protegidas.
«Existe una supuesta Procuraduria de la Diversidad, pero realmente es una persona y además una persona que en todo este tiempo ni si quiera se ha pronunciado públicamente por estos crímenes de odio y estas sistemáticas violaciones de los derechos humanos de las lesbianas, de los homosexuales y de las personas trans» manifestó Blandón.
Así mismo señaló que en Nicaragua no existe una Ley de Identidad de género y tampoco una Ley específica que prohíba o sancione los crímenes de odio. «Por otro lado no existe un plan nacional contra la violencia y en el presupuesto no aparece un peso destinado a prevenir la violencia» acotó Blandón.
Agregó que el mismo Estado de Nicaragua, vulnera los marcos legales que han aprobado, tras explicar que pueden imponer penas de 300 años, pero que al poco tiempo el autor del delito es dejado en libertad por medio del régimen de convivencia familiar.
Al final comentó que la mayoría de los agresores de personas de la diversidad sexual, quedan en la impunidad, debido a que la policía no investiga a tiempo los hechos y porque los responsables tienen suficiente tiempo para huir «o simple y sencillamente porque el sistema ni siquiera reporta estos crímenes», concluyó al activista.
