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La reforma constitucional en Nicaragua ha profundizado el descontento entre pueblos indígenas y afrodescendientes, quienes denuncian que sus derechos han sido excluidos y vulnerados.
Wilmer Gutiérrez, representante de la casta indígena del Pacifico Centro y Norte, expuso en un testimonio reciente las preocupaciones de estas comunidades señalando que la nueva Carta Magna no reconoces sus formas de organización y autodeterminación.
Costa Caribe en Nicaragua sin representación
“La nueva Constitución no refleja el sentir de nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes” declaró Gutiérrez, añadiendo “no estamos representados.” A la vez denunció que el único partido político que abogaba por los derechos de los pueblos indígenas, Yatama, fue cancelado.
Gutiérrez también criticó la falta de consulta previa a los pueblos originarios en decisiones que afectan sus territorios y recursos naturales. “Nuestra seguridad alimentaria, ambiental y ciudadana está en riesgo ante concesiones y megaproyectos en tierras comunales, como es el caso de Canal Interoceánico” advirtió.
Usurpación y violencia en sus territorios
Las comunidades indígenas y afrodescendiente de Nicaragua denuncian a través de su líder indígena una creciente invasión de sus territorios por parte de colonos, con el respaldo del Estado, lo que ha resultado en el asesinato de más de “80 comunitarios desde 2015”.
Sus gobiernos comunales y territoriales están siendo usurpados por militantes políticos impuestos por el gobierno central, lo que pone en riesgo latente la autonomía y la vida de comunitarios.
“Nuestras elecciones regionales son cuestionadas. Existen cientos de indígenas refugiados en países hermanos de Centroamérica, no por traición a la patria, sino por defender su vida y sus ideales” denuncia Wilmer.
Las tierras comunales, fundamentales para la subsistencia y la identidad de los pueblos originarios, están protegidas por la Constitución nicaragüense. Sin embargo, denuncian que el ejército de Nicaragua ha ocupado sus territorios, facilitando la incursión de colonos y amenazando su forma de vida.
Informe del Grupo de Expertos denuncia autoritarismo de la Ortega Murillo
Estas denuncias se suman a las conclusiones Estas del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU, quienes en un informe reciente alertaron sobre la consolidación de un Estado autoritario bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Foto: Brisa Bucardo.
Según el documento, la reforma constitucional que entró en vigor el 18 de febrero de 2025 ha eliminado los últimos controles institucionales, otorgando un poder absoluto al ejecutivo.
Desde 2018, Ortega y Murillo han afianzado progresivamente su control total, indicó Jan Simon, presidente del grupo de expertos de la ONU. “El Estado y el partido gobernante (FSLN) se han fusionado en una maquinaria unificada de represión, con un vasto aparato de inteligencia que persigue a opositores y mantiene un estricto control sobre la población”.
El informe también confirmó que, el ejército nicaragüense participó en la represión de las protestas de 2018 junto a la policía y grupos paramilitares dejando un saldo de más de 300 muertos. Además, se denunció la intensificación de detenciones arbitrarias, desnacionalizaciones y confiscaciones de propiedad.
La ONU, ha instado a la comunidad internacional a tomar medidas decisivas, incluyendo sanciones específicas y acciones legales contra el gobierno nicaragüenses por violaciones a la Convención Contra la Tortura y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia. También recomendó que se brinde protección a los exiliados y se facilite procesos de asilo y reconocimiento de títulos profesionales.
Mientras tanto, los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua siguen demandando el respeto a sus derechos y la implementación de una ley especial que garantice su protección. “Las tierras comunales no son inembargables, imprescriptibles e inalienables” enfatizó Gutiérrez. “El Estado no debe interferir en nuestras asambleas comunales ni en la elección de nuestras autoridades”.
