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21 oct (EFE).- Nicaragua vive un «contexto alarmante» de represión política, deterioro económico y social, y un creciente aislamiento internacional que solo puede cambiarse mediante «un enfoque integral» dirigido a «debilitar la estructura de poder autoritaria y abrir espacio para la restauración de los derechos humanos y la democracia».
La Fundación para el Desarrollo Social y la Innovación, una onegé creada en 2009 en Nicaragua y hoy con sede en Miami, publicó este lunes un informe sobre la situación en el país centroamericano en 2024 en el que concluye que pese a la presión internacional y las sanciones económicas y diplomáticas que enfrenta, el régimen encabezado desde 2007 por Daniel Ortega ha «consolidado» su poder este año.
Titulado «Derechos en crisis», el informe pasa revista a la situación en Nicaragua desde diversos ámbitos e incluye al final recomendaciones tanto para la sociedad civil nicaragüense como para la comunidad internacional con el fin de promover un cambio en el país.
Entre esas recomendaciones se incluye desde promover la unidad dentro de la oposición hasta la creación de un fondo internacional de apoyo a las victimas de la represión, las organizaciones civiles y los medios de comunicación independientes nicaragüenses.
«A lo largo del año 2024, el contexto político en Nicaragua se ha caracterizado por un control cada vez más estricto del Estado sobre todas las esferas de la vida pública, un debilitamiento de las instituciones democráticas y un entorno de constante represión y censura», señala la Fundación para el Desarrollo.
La onegé subraya que el régimen presenta «rasgos claros de una dictadura» que reprime de manera «sistemática» cualquier forma de disidencia, controla todos los poderes del Estado y la información y busca el respaldo de gobiernos también cuestionados por su falta de respeto a los derechos humanos, agrega.
En este sentido reproduce una reciente afirmación de Ortega con respecto a su acercamiento a Afganistán. «El gobierno talibán ha demostrado que se puede resistir ante las imposiciones extranjeras».
Desde las protestas pacíficas que estallaron en abril de 2018 las fuerzas gubernamentales han respondido con tácticas de represión que han causado «la muerte de más de 300 personas y el exilio de más de 750 mil personas, incluidos líderes opositores, periodistas y defensores de derechos humanos», indica la onegé.
El informe destaca que en 2024 el rol de la esposa de Ortega y vicepresidenta, Rosario Murillo, que es percibida como «la verdadera arquitecta de la estrategia de represión y control social», ha sido cada vez más visible, «no solo como figura política, sino también como una fuerza omnipresente en todos los aspectos de la vida pública».
Una parte importante del informe está dedicada al aspecto económico de la crisis nicaragüense. Según la Fundación para el Desarrollo, el deterioro de las condiciones de vida ha originado «un descontento interno que podría explotar en cualquier momento».
Sin embargo, pese a la magnitud de la crisis, el gobierno de Ortega ha logrado financiarse y mantenerse a flote gracias en parte a «la cooperación venezolana, que desde 2007 ha representado alrededor de 3.400 millones de dólares en asistencia» y a medidas de austeridad que «han profundizado las desigualdades y la precariedad en la vida diaria».
Pero, además, Ortega ha fortalecido sus relaciones con otros aliados internacionales como Rusia y China, que le han proporcionado préstamos e inversiones en infraestructura, recurrido a la explotación de recursos naturales, como la minería y la madera, y ejercido un control estricto sobre las remesas (4.200 millones de dólares en 2023, el 27,1% del PIB) que le asegura no solo «una fuente adicional de financiamiento, sino también un mayor control sobre la población».
«A pesar de estos desafíos, la sociedad civil ha demostrado que, incluso en las condiciones más adversas, la lucha por los derechos humanos y la dignidad humana continúa», subraya el informe.
La Fundación para el Desarrollo agrega que «un ejemplo claro es la creación de redes clandestinas de apoyo y solidaridad entre activistas y periodistas independientes, que continúan documentando y denunciando las violaciones de derechos humanos a pesar del riesgo de represalias». EFE
