Urnas Abiertas presentó su informe titulado «El Costo de la Corrupción en Nicaragua», en una conferencia de prensa virtual. Este exhaustivo análisis denuncia las prácticas corruptas que han penetrado profundamente en la sociedad nicaragüense, destacando su relación directa con el modelo autoritario consolidado desde 2018.
El informe, el primero de una serie de investigaciones futuras, detalla cómo la corrupción se manifiesta en diferentes sectores e instituciones, además de evidenciar sus efectos desiguales en la población. Según los datos recabados, «el 58% de las personas que realizaron trámites en instituciones públicas durante el primer semestre de 2024 fueron obligadas a pagar sobornos o fueron víctimas de extorsión».
Urnas Abiertas destaca que el régimen autoritario no solo se sustenta en la violencia para mantener el control, sino que también ha instaurado una «corrupción autorizada», permitiendo que funcionarios, paramilitares y otros operadores del régimen se beneficien a través de la extorsión y los sobornos. «Este sistema ha exacerbado la desigualdad, afectando principalmente a las familias de menores ingresos, quienes pierden hasta el 7.5% de sus ingresos mensuales en pagos irregulares, cifra que asciende al 10% en el caso de las mujeres», detalla el informe.
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«Para lograr un cambio real en Nicaragua, no basta con un cambio de gobierno», afirmó Olga Valle, representante de Urnas Abiertas. «Es urgente implementar reformas estructurales que combatan la corrupción, reduzcan la desigualdad y fortalezcan las instituciones democráticas. Si no rompemos este ciclo corrupto y opresivo, el futuro del país y de las próximas generaciones estará en riesgo», advirtió Valle.
Un análisis estadístico en medio del temor
El estudio se realizó entre junio y julio de 2024, encuestando a 1,103 personas en 17 departamentos y 148 municipios, para comprender cómo el modelo económico autoritario afecta sus vidas. Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, el informe señala que uno de los mayores desafíos fue la desconfianza y el miedo en la población, en un contexto de persecución.
«Los resultados no son extrapolables a toda la población debido a las limitaciones inherentes a realizar encuestas aleatorias en un ambiente de represión», aclaró Valle. «Los datos reflejan las experiencias de quienes completaron el cuestionario, sin pretender representar a todo el país».
El informe también explora cómo los nicaragüenses perciben la corrupción y cómo esta se manifiesta en diversas instituciones. Se analizaron las expectativas de los ciudadanos sobre el futuro del país en temas como seguridad y justicia social, lo que permitió que los encuestados expresaran libremente sus experiencias.
Datos clave sobre el impacto de la corrupción
Uno de los hallazgos más relevantes es que los pagos irregulares absorben en promedio el 5% de los ingresos mensuales de las familias nicaragüenses. Sin embargo, para aquellas familias que ganan C$6,000 o menos, este porcentaje asciende al 7.5%, y en el caso de las mujeres, la cifra alcanza un preocupante 10%. Estos pagos irregulares golpean con dureza la ya frágil economía de los hogares.
Las alcaldías encabezan la lista de instituciones donde la corrupción es más frecuente, con un 12% de los pagos irregulares atribuidos a ellas. Les sigue la Policía Nacional con un 9%, la Dirección General de Ingresos (DGI) con un 4%, y, con un 3%, están instituciones como la Dirección General de Aduanas (DGA), el Ministerio Agropecuario (MAG), el Ministerio de Salud (MINSA) y el Consejo Supremo Electoral (CSE).
A pesar de estos alarmantes datos, el informe subraya que no se pueden utilizar como justificación para respaldar las recientes destituciones de alcaldes por parte del régimen, aunque sí revelan que la corrupción prevalece en estas instituciones debido a la falta de mecanismos de fiscalización por parte del Estado.
Aumento en la percepción de la corrupción
En cuanto a la percepción ciudadana, el 97% de los encuestados señaló que los pagos irregulares aumentaron en comparación con el año anterior, mientras que el 78.3% anticipa que estas prácticas serán aún más comunes en los próximos 12 meses. «El 16% de los encuestados indicó haber sido víctima de extorsión sin siquiera haber iniciado un trámite, ya sea en sus hogares, negocios o lugares de trabajo», concluye el informe.
Este primer informe de Urnas Abiertas marca un punto de partida para entender la magnitud del problema de la corrupción en Nicaragua y plantea un llamado urgente a implementar cambios estructurales que garanticen un futuro más justo y equitativo.
