Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) exigieron el «levantamiento inmediato» de las sanciones contra Venezuela y Nicaragua, según un comunicado difundido este lunes por el titular del Ministerio de Exteriores venezolano, Yván Gil.
«Exigimos el levantamiento inmediato de las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra los pueblos y Gobiernos de Nicaragua y de Venezuela», manifestó la ALBA en una declaración suscrita tras la XXV Reunión del Consejo Político de la organización, que se celebró el sábado en Caracas.
El bloque afirmó que las sanciones contra estos países son «violatorias» a los «propósitos y principios» de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del derecho internacional» y consideró que Estados Unidos es el «principal responsable» de las «migraciones de miles de personas» debido a sus «medidas coercitivas unilaterales».
La ALBA -integrada por Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada, Santa Lucía y Venezuela- rechazó lo que consideró la «criminalización del fenómeno de la migración» y, por tanto, las recientes deportaciones masivas del Gobierno de Estados Unidos.
El domingo, medios estadounidenses informaron que el presidente de EE.UU., Donald Trump, notificó a los socios de la petrolera estatal venezolana PDVSA -entre ellos la española Repsol- que sus permisos para exportar crudo y derivados de Venezuela quedaban cancelados.
También están entre las compañías afectadas la estadounidense Global Oil Terminals, la italiana Eni, la francesa Maurel & Prom y la india Reliance Industries, que habían recibido permisos para operar con crudo venezolano en sus refinerías de todo el mundo, de manera excepcional a las sanciones contra el chavismo.
La Administración de Nicolás Maduro, quien juró para un tercer mandato tras su cuestionada reelección, invitó este lunes a las petroleras extranjeras a mantener sus operaciones en Venezuela tras la revocación de licencias por parte de Estados Unidos.
En cuanto a Nicaragua, en mayo de 2024 Estados Unidos lanzó una ronda de sanciones contra el Gobierno de Daniel Ortega que afectan a decenas de funcionarios y a empresas por el «ataque» a los derechos humanos y ser «cómplices en la explotación de migrantes».
Altos funcionarios de la Casa Blanca informaron entonces, en una llamada con prensa, que el Departamento de Estado impuso restricciones de visa a más de 250 personas, entre ellas decenas de miembros del Ejecutivo de Nicaragua y a sus familiares, por apoyar «el ataque a los derechos humanos del régimen de Ortega y (Rosario) Murillo».
