La CIDH ortorga medidas cautelares a líder indígena y asesor presidencial en Nicaragua

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó este jueves que otorgó medidas cautelares a favor del líder indígena y asesor presidencial para políticas de pueblos originarios en Nicaragua, Steadman Fagot, quien fue detenido a mediados de septiembre pasado por intentar «sustraer armamento orgánico» del Ejército nicaragüense.

En su resolución, la CIDH explicó que otorgó medidas cautelares al líder indígena tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, dado que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Nicaragua.

La parte solicitante, continuó la CIDH, indicó que el beneficiario es un adulto mayor indígena miskito, que desde 2017 ocupaba un cargo público a partir del cual se opuso públicamente a políticas del Gobierno que preside Daniel Ortega en materia de pueblos originarios, y denunció presuntas invasiones a territorios indígenas.

En represalia por estas acciones, el beneficiario fue detenido por el Ejército el 14 de septiembre de 2024, agregó.

El Ejército de Nicaragua informó entonces que detuvo a Fagot por presunto involucramiento en planes vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado, aunque hasta ahora se desconoce una acusación en su contra por parte del Ministerio Público.

Detenido tras denunciar invasión de ‘colonos’

La detención del líder indígena se dio un día después de que medios locales difundieran unas declaraciones en las que denunciaba el impacto ambiental en el Caribe de Nicaragua tras la llegada masiva de ‘colonos’ (no indígenas) fuertemente armados, bajo la presunta complicidad de las autoridades y estamentos de seguridad.

La CIDH advirtió que, desde su detención, no se tiene información oficial acerca de su destino o paradero, ni sobre su situación jurídica actual, y que el Estado de Nicaragua no proporcionó información.

Por consiguiente, con base en el artículo 25 de su reglamento, la CIDH solicitó al Estado de Nicaragua adoptar las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de la persona beneficiada, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal.

Entre ellos demandó que se informe si el líder indígena se encuentra bajo custodia del Estado, las circunstancias y condiciones de su detención; se informe sobre el lugar de su detención, permitan el acceso a sus representantes legales y familiares, así como las atenciones en salud que resulten necesarias, y asegurar que sea presentado ante autoridades judiciales para la revisión y el monitoreo de su eventual detención.

Asimismo, se asegure las medidas correspondientes para garantizar que la persona beneficiaria pueda seguir desempeñando sus actividades de defensa de derechos de los pueblos indígenas sin que sea objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia en el ejercicio de estas.

Además, informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición.

Tres dirigentes indígenas están detenidos

El partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama, que significa ‘Hijos de la Madre Tierra’, en lengua miskita), ilegalizado por las autoridades, fue el que denunció la detención de Fagot «por militares y policías, tan solo un día después de sus contundentes declaraciones ante los medios de comunicación sobre la grave situación en el territorio indígena de Bosawás».

Fagot es uno de los tres dirigentes indígenas más visibles que han sido detenidos por las autoridades en el último año. Los otros dos son los exdiputados Brooklyn Rivera y Nancy Elizabeth Henríquez, ambos miskitos.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «golpistas» y de «traición a la patria».

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