La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del abogado nicaragüense Julio Antonio Quintana Carvajal, encarcelado desde noviembre pasado en medio de una ola de arrestos de disidentes con el Gobierno de Nicaragua que preside Daniel Ortega junto con su esposa Rosario Murillo, informó este viernes la parte solicitante.
Quintana Carvajal, de 66 años, forma parte de los al menos 47 opositores y críticos del Gobierno sandinista encarcelados en Nicaragua y que son considerados presos políticos por los organismos humanitarios.
En su resolución, emitida el pasado 18 de febrero, la CIDH explicó que otorgó medidas cautelares a favor del letrado nicaragüense tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, dado que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Nicaragua.
La parte solicitante, según la CIDH, indicó que el beneficiario se encuentra con paradero desconocido desde el 26 de noviembre de 2024, cuando, “durante un operativo, habría sido detenido por agentes policiales en su vivienda” en la ciudad de León (noroeste).
“Desde de su detención, no se conocería su paradero ni ha tenido contacto con sus familiares y personas allegadas”, anotó el organismo.
Por su parte, las autoridades estatales tampoco han brindado información oficial sobre su paradero ni sobre su estado actual, ni proporcionaron información a la CIDH.
Por consiguiente, con base en el artículo 25 de su reglamento, ese organismo solicitó al Estado de Nicaragua adoptar las medidas necesarias para determinar la situación y paradero del beneficiario con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal.
También que precise si el beneficiario se encuentra bajo custodia del Estado, y de ser así, especificar la autoridad judicial involucrada, así como las circunstancias y condiciones de su detención.
En particular, informar sobre el lugar de su detención, y permitir el acceso a sus representantes legales y familiares, así como las atenciones en salud que resulten necesarias. Además, informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y les privó de su nacionalidad y sus derechos políticos tras acusarlos de “traición a la patria”.
