La dictadura de Daniel Ortega atacó al periodismo, pero no puede apagar la verdad

En lo que podría ser considerado una amarga contradicción, en Nicaragua se   celebra hoy el Día Nacional del Periodismo como un recuerdo de la primera noticia publicada en un periódico hace 140 años, pero  ahora y desde el 12 de agosto de 2021, el país no cuenta con periódicos, desde que el régimen de Daniel Ortega asaltó con policías armados La Prensa, el último medio de tinta y papel que quedaba en pie desde la crisis política de 2018.

Pero no es la única contradicción. Desde ese año, no ha habido uno solo en el que  la vocera y esposa de Ortega, Rosario Murillo, emita una declaración para saludar a los comunicadores, aunque 242 hayan tenido que salir huyendo de sus casas debido a la persecución de su gobierno, les haya confiscado sus bienes a una buena parte de ellos y les ha arrebatado su nacionalidad.

La deuda reciente más alta, el régimen la tiene con Ángel Gahona, asesinado en Bluefields de un disparo a la cabeza cuando informaba sobre la represión de sus policías y paramilitares contra ciudadanos molestos que ejercían su derecho a expresar su molestia contra autoridades a las que creen, no son ya idóneas para gobernarlos. La muerte del periodista Gahona, ocurrida el 21 de abril de 2018, sigue en la impunidad.

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Todavía el año pasado, Murillo exaltó la fecha en la que Rigoberto Cabezas fundó el primer periódico en el país en 1884. Para ella, los periodistas que exigen libertades públicas, defienden derechos civiles e informan de lo mal que anda el país, son apátridas y distantes de “su verdad”, la que ordena, reflejen medios de comunicación de su propiedad dirigidos por sus hijos. “Estos medios de la familia, muestran un país distinto al que perciben el resto de países que desaprueban su mandato por la fuerza”, explica un comunicador en el exilio.

Voces silenciadas para siempre del periodismo

Fuera del poder y ejerciéndolo, el Frente Sandinista y Daniel Ortega, es señalado de ser enemigo de la libre expresión. La ejecución a sangre fría del periodista sandinista Carlos Guadamuz el 12 de febrero de 2004 por un fanático del partido de gobierno “los pringó” de forma inevitable. Guadamuz era además un “amigo del alma” de Ortega, pero se desconocieron por ambiciones políticas antes de la fatalidad del primero.

“La mano de Caín, siembra el terror”, parafraseó al mes siguiente del crimen en una artículo de opinión publicado en la Revista Envío de la confiscada Universidad Centroamericana, UCA, el locutor William Grisby, en el que dirigió su dedo índice a la dirigencia sandinista que por años encabezó Ortega. Por entonces, Grisby lanzaba dardos a quienes ahora endiosa hasta la exageración.

La ejecución del periodista, torpe desde todos los ángulos, pero planeado al estilo de la mafia siciliana, terminó mal. El autor material, un ex Ministerio del Interior, integrante de la Seguridad del Estado, William Hurtado García, fue capturado al no advertir el coraje del hijo de su víctima que no dudó en plantarle cara a riesgo de su misma muerte para evitar que huyera.

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Todos los caminos de la investigación llevaban a un solo punto, pero “manos poderosas” la desviaron a la versión de “un lobo solitario” que atacó por su cuenta, impulsado supuestamente por su mismo instinto.

El crimen del periodista a la entrada de una televisora en Managua, quedó también en la impunidad, porque su autor, con una condena de 18 años, envejece desde hace tiempo muy feliz en su casa de la capital por ser un reo considerado valetudinario por la justicia de Ortega.

14 años después, otra voz fue silenciada en plena vía pública. Guardando las distancias entre Guadamuz y Gahona –el primero un comunicador político y el segundo independiente– los tiempos y las circunstancias, las sospechas de un asesino consciente de a quien atacaba y por qué, siguen vigentes. Lo más difícil para sus familiares hasta el sol de hoy es que sus muertes siguen sin castigo.

¿En prisión?¿Por qué?

Hoy, la familia del periodista Víctor Manuel Ticay Ruíz no tiene nada que celebrar, aunque muchos años atrás, un día como este, sus padres y sus hermanos amanecían con el pecho inflado de orgullo. Ticay, el chavalo que aró la tierra, cortó monte y montaba a caballos en una comunidad de Nandaime, dejó el campo para estudiar periodismo y convertir la profesión en su forma de vida.

Y lo hizo bien, aunque hoy nadie en su casa sabría si alegrarse porque aquella pasión lo llevó a la cárcel. “Él no hizo nada malo”, dice un pariente muy triste.                      El comunicador de 32 años de edad es uno de los 119 presos políticos que mantiene el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hoy amanece en su día de comunicador en una de las celdas del Sistema Penitenciario Nacional “Jorge Navarro”, conocido como “La Modelo”, en el municipio de Tipitapa.

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Años atrás, al amanecer, su familiares y amigos competían por quien lo felicitaba primero en ocasión de este día. Víctor Ticay Ruiz llegó a ser un referente de la comunicación en el municipio de Nandaime, en el departamento de Granada.  Su página de noticias “La Portada”, era muy seguida en el departamento y fuera de él.

Ticay Ruiz fue sacado de su casa con engaños y llevado en una patrulla policial, después que le diera cobertura a la procesión “La Reseña” el pasado 5 de abril en el municipio de Nandaime.

“La Reseña”, es una antigua tradición de la Iglesia Católica en ese municipio. El periodista reportó el desarrollo de la actividad como parte de su agenda informativa en días de la Semana Santa pasada.

El siete de agosto del año pasado, la justicia orteguista condenó a Ticay Ruíz a ocho años de prisión por los supuestos delitos de “propagación de noticias falsas”, “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “traición a la patria”. Delitos políticos que nunca cometió porque ni emitió ninguna noticia falsa, ni fue parte de ninguna conspiración política, ni los videos que difundió, amenazaron de alguna forma la integridad del país.

Periodismo bajo amenazas

De acuerdo con el último informe de la organización Periodistas y Comunicadores de Nicaragua (PCIN), desde el año 2018, al menos 242 periodistas han tenido que exiliarse, debido a la persecución del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El observatorio de la organización que se encuentra en el exilio, relató que en el año 2023, registraron 83 agresiones a la libertad de expresión.

Señalan como los principales represores a la Policía Nacional, dirigida por Francisco Díaz Madriz, un funcionario sandinista que se encuentra sancionado por Estados Unidos por violar los derechos humanos de los nicaragüenses.

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En enero de este año, la periodista Martha Irene Sánchez, representante de PCIN alertó que como consecuencia de la persecución estatal en Nicaragua, existen localidades en donde “no queda un solo periodista independiente haciendo noticias”.

Además de la criminalización del Poder Judicial en contra de los periodistas independientes, también hubo amenazas, como una vertida por el jefe del Ejército de Nicaragua, el general Julio César Avilés, quien en septiembre de 2023, llamó a los reporteros “mercenarios de la información”.

El destierro como venganza 

El 15 de febrero de 2023, el régimen sandinista, por medio del Poder Judicial, anuló la nacionalidad a 94 opositores, entre ellos 12 periodistas, a quienes además de declararlos “traidores a la patria”, el Tribunal de Apelaciones ordenó confiscar sus propiedades, declarándolos también “prófugos de la justicia”.

Entre estos periodistas desterrados figuran Luis Galeano, Jennifer Ortiz, Lucía Pineda Ubau, Patricia Orozco, Wilfredo Miranda Aburto, Álvaro Navarro, David Quintana, Aníbal Toruño, Santiago Aburto, Gema Serrano, Carlos Fernando Chamorro y Sofía Montenegro, todos obligados a huir de Nicaragua.

A pesar de que el régimen sandinista los despojó de la nacionalidad, los periodistas siguen informando desde el exilio sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.

“Celebración agridulce”

Víctor Pérez, director de la plataforma InterTextual, cree que a pesar de la persecución del régimen en contra de los periodistas nicaragüenses, este primero de marzo, aún hay motivos para celebrar.

“Yo sí creo que tenemos mucho que celebrar. El periodismo nicaragüense sigue haciendo su trabajo, a pesar de que hemos sufrido tantas violaciones a nuestros derechos humanos”, expresa Pérez, un comunicador, originario del departamento de Rivas, quien se exilió en el año 2018, debido a la persecución y amenazas que recibía de parte de fanáticos del régimen.

Pérez reprocha que “colegas hayan sido detenidos y más de 20 periodistas sufran destierro y confiscación”.

Recuerda que más de 50 medios de comunicación han sido cerrados en Nicaragua, pero que pese a ello, no existe “el apagón informativo” que los represores quisieran.  “Estar vivo, seguir trabajando   en medio de la persecución, es un motivo de celebración”, asegura.

Aunque otros creen que poco o nada hay que celebrar, Pérez insiste que en un país donde la prensa independiente es perseguida y criminalizada “hay que celebrar que estamos vivos y sin miedo”.

Añade. “El régimen arrasó con la tinta y el papel y se fue contra los periodistas, pero no apaga la verdad, no lo logra”, dice por su lado otra comunicadora exiliada.

“Es que la dictadura no ha logrado que tengamos miedo, cree que tiene el poder absoluto, pero no tiene la conciencia de los nicaragüenses y de los periodistas que seguimos haciendo nuestro trabajo”, reiteró por su lado Pérez.