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La entrada en vigor de la reforma constitucional en Nicaragua, que eliminó la división de poderes y aumentó la concentración de poder del presidente, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo, «es una sentencia de muerte para el Estado de Derecho», subrayó a EFE uno de los miembros del Grupo de Expertos en Derechos Humanos creado por la ONU para ese país.
«Con una constitución hecha a su medida, el presidente y la ahora copresidenta, que lucharon en el pasado contra una dictadura familiar (los Somoza), han creado otra, pero aún más grotesca», afirmó el húngaro Reed Brody, uno de los tres miembros del grupo de expertos, que este miércoles presentó en rueda de prensa un nuevo informe sobre el retroceso de las libertades en Nicaragua.
Con las modificaciones legales, la pareja presidencial «tiene potestad constitucional para suspender todos los derechos, llamar al Ejército para emprender acciones policiales y desplegar una nueva policía voluntaria de encapuchados que recuerda tristemente a los que participaron en la represión sangrienta de 2018 que dejó un saldo de 300 muertos», añadió.
«Más que una constitución es un decreto real», subrayó minutos antes en la rueda de prensa donde el presidente del grupo, el alemán Jan-Michael Simon, resumió los resultados del informe con la conclusión de que «el Estado de Nicaragua y el gobernante Partido Sandinista se han fusionado para formar una maquinaria de represión».
«Esta maquinaria es responsable de un sinnúmero de muertes, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, expulsiones de ciudadanos o privación arbitraria de la nacionalidad», aseguró.
Ante estos abusos, la comunidad internacional debe reaccionar, destacaron Simon y Brody, mediante acciones judiciales como la de llevar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por violación de la Convención contra la Tortura, o imponiendo sanciones económicas contra las personas que lideran la depresión.
En este sentido, valoraron recientes iniciativas como la orden de captura emitida por la Justicia argentina contra Ortega y Murillo, o el inicio de investigaciones en Estados Unidos sobre abusos laborales y de derechos humanos en Nicaragua.
«Las acciones internacionales son importantes y contribuyen a llamar la atención sobre la situación de Nicaragua, alentando a otros países para que puedan usar la jurisdicción universal», destacó la uruguaya Ariela Peralta, que completa la comisión tripartita de Naciones Unidas.
