18 oct (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aseguró este viernes por medio de un informe que los ataques judiciales contra periodistas de Guatemala continúan siendo la principal amenaza contra la libertad de expresión en el país centroamericano.
Así lo expuso la organización en un informe, pendiente de aprobación, publicado en el marco de la celebración de su 80 Asamblea en la ciudad de Córdoba, Argentina entre el 17 al 20 de octubre.
«Las acciones legales en contra de periodistas persisten», destaca el documento y explica que el Ministerio Público (Fiscalía) es el principal actor responsable de la persecución contra el gremio.
De acuerdo con la SIP “la estrategia de la Fiscalía” consiste en presentar casos contra periodistas y luego solicitar que sean declarados bajo reserva “para que la persona que está siendo investigada no pueda obtener información”.
Un caso emblemático
El informe destaca como “emblemático” el caso del periodista José Rubén Zamora Marroquín, quien la semana pasada cumplió 800 días en prisión, detenido desde 2022 pocos días después de lanzar fuertes críticas contra el entonces presidente, Alejandro Giammattei (2020-2024).
La SIP destaca que los juzgados a cargo del caso contra el periodista han cambiado la fecha de sus audiencias en más de seis ocasiones y que la Corte Suprema de Justicia aplazó una cita con el periodista hasta septiembre de 2025.
Zamora Marroquín tiene una trayectoria de 30 años de periodismo investigativo, durante ese tiempo denunció la corrupción estatal por medio de su matutino El Periódico y este año obtuvo el ‘Reconocimiento a la Excelencia’ del premio Gabo.
Este viernes, un juzgado de primera instancia sostendrá una nueva audiencia contra el periodista y deberá decidir si se le otorga o no prisión domiciliaria.
Otros ataques
Por otra parte, la SIP señala que hasta el 30 de agosto se registraron actos de intimidación contra periodistas por parte de una exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, quien fotografió a una reportera que cubría un proceso judicial.
Además, periodistas señalaron que el juez penal Jimmi Bremer ordenó el cierre de la sala de audiencias en un caso contra la exmandataria judicial de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), Claudia González, “restringiendo el trabajo periodístico”.
La SIP destaca que en mayo pasado, agentes de seguridad de la Presidencia retuvieron a 10 periodistas en la provincia de Quetzaltenango (noroeste), para que no pudieran presenciar un acto en el que participó el presidente, Bernardo Arévalo de León.
El 4 de septiembre pasado, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) rechazó un ataque armado registrado contra el reportero Carlos Monroy, corresponsal del impreso Nuestro Diario, en la provincia de Zacapa (este).
Pese a esta situación, el informe asegura que durante el nuevo Gobierno guatemalteco se ha registrado “una actitud más abierta a las críticas y se detuvo una medida restrictiva dentro del Palacio Nacional”.
