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La prohibición de los estudios de obstetricia y enfermería por parte de los talibanes no solo ha cerrado a las mujeres afganas una de las últimas puertas que les quedaban para formarse profesionalmente, sino que amenaza con dejarlas sin acceso a la atención básica por las normas culturales que impiden que sean atendidas por médicos varones.
Este nuevo veto, anunciado a comienzos del pasado diciembre por el Gobierno ‘de facto’ de los talibanes en Afganistán, se suma a otros muchos impuestos contra las afganas desde el regreso de los fundamentalistas al poder en agosto de 2021, como la prohibición de la educación superior femenina, que empujó a muchas mujeres a cambiar sus ámbitos de formación y a acceder a los llamados estudios médicos cortos -obstetricia y enfermería- para poder desarrollar una carrera profesional.
Uzma Zarifi, de 24 años, es una de estas jóvenes que dio un salto obligado en su formación. Inicialmente era estudiante de Administración de Empresas, y cuando los talibanes le cerraron esa puerta en diciembre de 2022, comenzó a cursar los estudios cortos de Medicina.
«Esto es un golpe emocional muy grave para nosotras (las mujeres afganas). Soñábamos con continuar incluso a través de estos institutos médicos para tener un futuro más brillante. Pero, lamentablemente, también esto se cerró», dijo Zarifi.
Madina Azimi, de 23 años, estudiante de Economía en el momento del veto inicial y que ahora cursaba estudios de partería, ha vivido una experiencia similar.
«Cuando la mitad del cuerpo humano está paralizada, ¿pueden los otros órganos funcionar adecuadamente o progresar?», dijo en forma de metáfora, refiriéndose a las mujeres, que constituyen la mitad de la población de Afganistán, pero que están siendo totalmente excluidas de la vida pública por las autoridades.
Para ella, las interrupciones de su formación no sólo son una pérdida a nivel personal, sino que también muestran el fracaso de los talibanes a la hora de afrontar las necesidades críticas de Afganistán, inmerso en una crisis económica, social y humanitaria.
«Si la situación de las universidades y de la educación sigue así, tendremos una sociedad que no sabe nada sobre su salud, sus derechos o sobre los derechos de los demás», añadió.
En el momento que fue emitida la prohibición, alrededor de 35.000 mujeres cursaban estudios médicos en institutos de Afganistán, según datos del Ministerio de Salud Pública de este país.
Además de amenazar su futuro profesional, este veto supone un peligro para la salud de miles de mujeres y niñas en Afganistán, un país que tiene una de las tasas de mortalidad materna más altas del mundo, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, en inglés) y donde las normas culturales y las estrictas reglas talibanes impiden que sean tratadas por médicos masculinos.
«En nuestra sociedad tradicional veíamos todos los días como las mujeres perdían la vida debido a la falta de atención médica femenina porque los médicos varones no podían ayudar», indicó la estudiante de Enfermería Tayaba, de 26 años.
La UNFPA advirtió el pasado agosto que Afganistán necesitaba urgentemente 18.000 matronas adicionales.
Lo que va en línea con las quejas de Tayaba, que se pregunta: «¿quién tratará a nuestras madres, hermanas e hijas ahora?»
También la joven Roya Siddiqi, de 24 años, se cuestiona qué ocurrirá con las próximas generaciones, y confiesa el vacío que le ha dejado la última prohibición de los talibanes.
«Siento que estoy muriendo porque no tengo un propósito para vivir», lamentó.
Además de las quejas entre las afganas, la ONU y varias organizaciones internacionales como Human Rights Watch han denunciado que el veto tendrá «consecuencias devastadoras para la salud» de las mujeres afganas.
Por lo que instaron, una vez más, a los talibanes a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, cuyas vulneraciones por parte del régimen fundamentalista han sido denunciadas en repetidas ocasiones por distintos actores internacionales.
