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Ecuador 10 oct (EFE).- La implementación de políticas y sistemas de cuidado «podrían ayudar a reducir los problemas de la pobreza y la desigualdad» en América Latina y el Caribe, una región que en la última década «ha fallado en todos los intentos» de disminuir la falta de acceso a las necesidades básicas.
Así lo señaló en una entrevista con EFE la directora regional adjunta de ONU Mujeres, Cecilia Alemany, quien afirmó que la puesta en marcha de estas políticas generaría un «efecto transformador» en al menos diez áreas sociales y económicas, lo que permitiría mejorar no sólo la calidad de vida de las mujeres sino de la sociedad en general.
«Ya no sólo (influye) en la formalización, regulación y profesionalización del trabajo de cuidados, en donde tiene efectos inmediatos, sino que impacta en la economía formal, en la protección social, y eso sigue una cadena que va hacia la recaudación fiscal, la reducción del hambre, la pobreza y la desigualdad; y después tiene toda otra serie de impactos económicos y en el desarrollo, y hasta en los gastos de salud», explicó.
La importancia de este tema se analiza con fuerza en los últimos años en la región y recientemente más de 200 investigadoras y representantes de la sociedad civil y de organismos internacionales se reunieron en un foro académico en México para reflexionar sobre los desafíos que enfrentan los países, de cara a la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se realizará en ese país en 2025.
Crisis de cuidados
La región, según dijo Alemany, vive una «crisis histórica» de cuidados. Sin embargo, no fue hasta que llegó la pandemia de la covid-19 que el problema estalló y obligó a los países a «repensar» los escasos programas que venían implementando hasta ese momento.
En América Latina, las mujeres dedican entre 6,3 y 29,5 horas semanales más que los hombres a realizar trabajos de cuidado no remunerados, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que representa un total de 8.417 millones de horas semanales por las que no reciben ningún salario.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) calcula que el aporte económico de este trabajo no remunerado representa un 21,3 % del producto interno bruto (PIB) en promedio en la región, llegando a alcanzar más de un cuarto del PIB total en algunos países. El 74,5 % de ese aporte lo realizan las mujeres.
Debido a esta carga desigual de los cuidados, las mujeres no sólo enfrentan mayores tasas de informalidad, sino que también acceden a empleos de menor calidad, incluso cuando superan en promedio de años de estudios a los hombres.
Además, quienes trabajan en este sector reciben sueldos precarios y en la mayoría de las ocasiones ya viven en círculos de pobreza de los que se les complica salir. «Si reconociéramos el trabajo de cuidados la economía crecería en promedio alrededor de un 20 %», señaló la representante de ONU Mujeres.
Es por eso que desde el organismo de Naciones Unidas han puesto especial foco en que los gobiernos se den cuenta de lo importante que es invertir en estos sistemas, que no sólo permitirían «garantizar un derecho» sino que generarían «un retorno a la economía del país».
Avances en varios países
Actualmente hay catorce países de la región que están trabajando en el diseño y discusión de normativas o implementación de sistemas de cuidado, especialmente en el ámbito local, señaló la directora adjunta de ONU Mujeres.
Como ejemplo pone la creación de «manzanas de cuidado» en municipios de Ecuador o Colombia, que son espacios en los que las mujeres llevan a sus familiares para que los cuiden mientras ellas estudian o aprenden algún oficio.
Ahora llevarán de la mano de Brasil el tema de los cuidados a la próxima reunión del G20, que se realizará en noviembre en Río de Janeiro, y a la COP30, que será en Belém do Pará en 2025, resaltó Alemany.
«Una de nuestras propuestas es que, así como nuestra región se benefició en el pasado de canjes de deuda por educación, ahora haya canje de deuda por cuidados. Esto permite que no sólo se dependa del presupuesto público, sino también de las oportunidades de mecanismos innovadores y de financiamientos», apuntó.
«Esta siempre ha sido una agenda periférica, pero cada vez hay más comprensión de que esto puede ayudar a transformar las relaciones de discriminación, que no sólo son sociales o políticas sino también son económicas», concluyó Alemany.
Cristina Bazán
