Por: Redacción Intertextual / contacto@intertextualcr.com
Tras conocer las sanciones que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a Ramona Rodríguez, Rectora de la Universidad Nacional, UNAN Managua y Presidenta del Consejo Nacional de Universidades y a Alejandro Enrique Genet Cruz, Rector de la Universidad Casimiro Sotelo antes Universidad Centroamericana (UCA), liderazgos juveniles nicaragüenses catalogan como un “triunfo” las sanciones que Estados Unidos impuso a los funcionarios, a quienes señaló de menoscabar la democracia.
Otros funcionarios orteguistas sancionados son Maribel del Socorro Duriez González, presidenta del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de Nicaragua y Gloria María Saavedra Corrales, jueza del décimo tribunal penal de Distrito de Managua, quien ordenó congelar las cuentas bancarias de la UCA e inmovilizar sus bienes.
“Es un un triunfo para todas las personas y organizaciones que hemos estado tratando de que se reconozca el hecho de que en las universidades públicas de Nicaragua y en todo el sistema educativo nicaragüense, se cometen y se han cometido crímenes de las humanidad, pero también que se han cometido violaciones graves a los derechos humanos sobre todo la violaciones al derecho a la educación que tenemos todas las personas nicaragüenses”, expresó Edgardo Blanco, miembro de Acción Universitaria a InterTextual.
El joven señala que “Ramona Rodríguez es perpetradora de estos crímenes, además y cómplice de la de las graves violaciones a derechos humanos que comete la dictadura nicaragüense es en definitiva bastante gratificante”, añadió.
Indice
ToggleSanciones por violar derechos humanos
Por su parte, Samantha Jirón, una de los 222 presos políticos excarcelados en febrero de este año y desterrados por la dictadura de Daniel Ortega a Washington, Estados Unidos, valoró como “excelente” las sanciones contra estos funcionarios porque afirmó que quedarán en la historia de Nicaragua como violadores de derechos humanos y como enemigos de la democracia.
“Me parece excelente, primero porque estas personas van a quedar en una lista negra como violadores a los derechos humanos y también como personas que están en contra de la democracia y la libertad de Nicaragua. Es bueno que quede constancia de todas las personas que han hecho daño y más como fue el robo de la UCA, porque esto no solo fue el robo de unas instalaciones esto también fue la afectación a miles de estudiantes que incluso algunos estaban a punto de terminar su carrera y que por una clase y por unos meses hoy no han podido hacerlo”, expresó Samantha Jirón.
La joven además señaló que con el robo a las instalaciones de la UCA, un montón de estudiantes han tenido que exiliar, “incluso estudiantes que no estaban involucrados en las protestas de lleno, han sido afectados con este robo de la UCA es bueno también para que quede constancia para los demás funcionarios para que sepan cómo van a actuar y qué es lo que van a hacer a merced del régimen”, agregó.
Dificultad para ejercer funciones
Por su parte, Enrique Martínez, vocero de Avanza y PUDE, manifestó que las sanciones impuestas a los funcionarios universitarios, les limitan a ejercer sus funciones.
“Esto representa que Rodríguez y Carlos Genet tendrán muchas limitaciones en el ejercicio de sus puestos en las universidades que dirigen, ya que no podrán abordar partes con sus funciones sin viajar a Estados Unidos u otros países que consideren de impacto para su admisión los señalamientos de corrupción y prácticas antidemocráticas. “, explicó Enrique Martínez.
El joven opositor agrega que “salir en este tipo de listados trasciende a otras fronteras considerar tener algún tipo de relación, en este caso académica, igual las instituciones de educación superior internacionales que tenía vínculos con estas personas deberán de valorar la pertinencia de los mismo para cuidar los intereses de sus instituciones”.
Rodríguez también coincide en que estas sanciones a las autoridades de la UCA, “llenan de esperanza a los nicaragüenses”, quienes a diario sufren las violaciones a sus derechos.
Las sanciones indican que Estados Unidos está comprometido con la restauración de la democracia y el derecho humano a una educación de calidad en Nicaragua y que apoyará al pueblo nicaragüense, en este caso a la juventud para hacer frente a esas personalidades viciadas que han propiciado la represión y persecución a las voces críticas presentes en las aulas de clases y el territorio nacional.
“Las sanciones también se convierten en una herramienta de justicia simbólica para la comunidad estudiantil de la Universidad Centroamericana (UCA). Al declarar a las autoridades impuestas como actores corruptos y antidemocráticos, Estados Unidos puede dificultar que estas personas continúen persiguiendo a los estudiantes de la UCA, y el ejercicio de su labor, que hasta el momento sigue los intereses de control político de la educación superior por parte de la dictadura Sandinista”, finalizó Martínez.