Bajo el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, Nicaragua se ha convertido en una siniestra fábrica productora de apátridas: más de 5 mil nicaragüenses estarían en esa condición ilegal.
El dato fue revelado por el joven desterrado Lesther Alemán, miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), en el marco de la 54 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizada en Asunción, Paraguay, a finales de junio.
Alemán le explicó a 100% Noticias, que como parte de la agenda de AUN, estaban enfocados en denunciar la situación de apatridia de miles de nicaragüenses y tratar de incidir en la comunidad internacional para apoyar a las víctimas de desplazamiento forzado de la dictadura Ortega-Murillo.
“Aquellos países que en su momento hicieron una oferta para los nicaragüenses que habíamos sido excarcelados y desterrados, no solo son 317 nicaragüenses apátridas, la realidad es distinta y dramática, estamos hablando de más de 5 mil nicaragüenses que están en el apatrismo”, explicó Alemán a la periodista Lucía Pineda.
El origen de los primeros apátridas
En febrero de 2023, la dictadura sandinista anuló la nacionalidad nicaragüense a 316 opositores, entre ellos líderes políticos, empresarios, analistas políticos, estudiantes, sacerdotes, periodistas y miembros de la sociedad civil.
La familia Ortega-Murillo primero desterró a 222 opositores excarcelados a quienes envió a Estados Unidos en avión y luego los declaró desnacionalizados y ordenó confiscar sus bienes patrimoniales.
Luego declaró “traidores a la patria” a 94 nicaragüenses más que la mayoría ya estaban en el exilio, pero igualmente los despojó de su nacionalidad y ordenó el decomiso de sus bienes patrimoniales.
Sin embargo, antes de esas medidas radicales y después de ellas, la dictadura ya había implementado una política de apatridia que consistía en obligar a miles de nicaragüenses al exilio por persecución y en negar el retorno a la patria o miles de nicaragüenses que, por una u otra razón, han salido del país.
La apatridia, un delito de lesa humanidad
El método es simple: la Dirección General de Migración y Extranjería, adscrita al Ministerio de Gobernación, emite órdenes de “impedimento de ingreso” a los nicaragüenses que tras haber salido temporalmente del país, intenten regresar por cualquier vía a su propio país.
Migración y Extranjería lleva control de las salidas legales de los ciudadanos y reporta a las aerolíneas o empresas de transporte internacional una lista de personas a las que niegan la entrada, sin dar más explicaciones.
La despiadada medida, considerada un delito de lesa humanidad por organizaciones de derechos humanos, ha dejado a miles de nicaragüenses en un limbo migratorio y jurídico, ya que no son declarados oficialmente como “desnacionalizados”, ni tampoco despojados legalmente de su identidad, pero no puede retornar al país de origen ni renovar sus documentos de identidad.
Si bien la apatridia no estaba contemplada en la Constitución Política de Nicaragua, sino y más bien era prohibida, la dictadura por medio de la Asamblea Nacional cuyos diputados funcionan como operadores del régimen, modificó la Carta Magna en enero de este año y aprobó la desnacionalización a quienes sean considerados “traidores a la patria” en juicios en los tribunales del Poder Judicial, también bajo control de la dictadura.
Dictador Ortega a la par de Pinochet
Organizaciones civiles como el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más (CNN+), han señalado que el régimen de la familia Ortega-Murillo viola la Declaración Universal de Derechos Humano, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954) y la Convención para Reducir los casos de Apatridia (1961), a los que Nicaragua está adherido.
“Este Colectivo quiere alertar de un nuevo método de represión, como lo es la apatridia de facto, derivada de la negativa infundada de no dejar entrar a nicaragüenses a su patria, por ser personas consideradas traidoras al Gobierno, o bien por el simple hecho de ser familiares de personas excarceladas políticas, periodistas, madres de asesinados y personas defensoras de derechos humanos”, señaló esa oenegés en una declaración en diciembre de 2023.
“La apatridia de facto es una nueva forma de represión que genera graves violaciones a derechos humanos, obliga al exilio y anula de forma casi absoluta la personalidad jurídica de quienes las sufren”, advirtió el Colectivo.
La medida masiva de los Ortega-Murillo, no tiene antecedentes en la historia de América Latina, ya que solo el dictador chileno Augusto Pinochet modificó la Constitución chilena en 1973 y desnacionaliza a nueve personas.
Destierro de sacerdotes y periodistas
La cifra revelada por Alemán contrasta con los datos legales registrados: aparte de los 316 nicaragüenses desnacionalizados en 2023, la dictadura desterró a 12 sacerdotes al Vaticano en octubre de 2018 y a 18 sacerdotes más en enero de este año, incluyendo al obispo Rolando Álvarez, quien estaba aislado en celda de castigo y condenado a 26 años de cárcel desde 2022.
En marzo de este año, en San José, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas que investiga las violaciones de derechos en Nicaragua bajo la dictadura de la familia Ortega-Murillo, cifró en 145 la cantidad de nicaragüenses que en los últimos cuatro años han sido impedidos de retornar a su propio país.
El grupo de expertos advirtió que la decisión de prohibir el ingreso a su propio país viola el derecho a no sufrir injerencias arbitrarias o ilegales en la vida familiar, el derecho a la libertad de circulación y a la libertad de elegir su residencia, consagrado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el artículo 31 de la Constitución Política de Nicaragua.
Expertos los reconocen como “apátridas de facto”
Por tanto, indican en el informe, las víctimas pueden considerarse «apátridas de facto» al enfrentarse a una situación similar a la de un apátrida, de acuerdo con lo establecido en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954.
El grupo de expertos señaló en un informe, presentado en Costa Rica, que ha podido identificar cómo, desde 2021, la prohibición de entrada al país de nacionales ha sido utilizada, por parte del régimen, como una herramienta más para mantener una espiral de silencio, empleada en este caso en contra de personas opositoras o percibidas como tales y de sus familiares.
Entre 2021 y 2024, el grupo ha registrado 145 casos de personas a quienes se les ha prohibido la entrada a Nicaragua (66 mujeres, 79 hombres, entre los que se encuentran 15 niñas y niños), según el informe.
«Este patrón se ha intensificado durante 2022 y 2023, en particular después de la expulsión masiva de (222) personas en febrero de 2023 y ha sido utilizado tanto en contra de personas que residían en Nicaragua y habían salido del país por razones personales o laborales con la intención de regresar, como personas que residían fuera de Nicaragua, pero mantenían una relación especial con el país», explicó.
Según el informe, en 2021 se documentaron tres casos de prohibición de ingreso al país (dos hombres y una mujer); y en 2022 se reportaron 19 casos (7 mujeres y 12 hombres).
Cantidad de apátridas sube 500%
En 2023, el número de casos documentados aumentó más del 500%, llegando a 110 personas (48 mujeres, 62 hombres, de los cuales 15 son niñas y niños), advirtió.
En 2024, hasta la fecha de publicación del informe, a 12 personas nicaragüenses (9 mujeres y 3 hombres) se le ha prohibido el ingreso a su país.
«Las víctimas, en todos los casos, eran en su mayoría periodistas, sacerdotes, académicos, abogados, personas defensoras de los derechos humanos y familiares de víctimas y de las 317 personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad», puntualizó el grupo de expertos.
Los casos identificados muestran, sin excepción, que el perfil de las víctimas es de personas opositoras al Gobierno o percibidas como tales y sus familiares, agregó.
Esas personas se han visto impedidas de regresar a Nicaragua desde Argentina, Costa Rica, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México y Panamá, entre otros. Asimismo, el informe señala que han podido identificar el modus operandi de las autoridades cuando se trata de prohibir el ingreso de nacionales por vía aérea o terrestre.
Las aerolíneas o empresas de autobuses envían a la Dirección General de Migración y Extranjería, con antelación, las listas de pasajeros que tienen intención de entrar a Nicaragua.
Las autoridades de Migración utilizan esas listas para comparar los nombres con otro listado actualizado que reciben periódicamente proveniente del Ministerio del Interior, sobre los casos en los cuales podría haber alerta.
Los funcionarios de Migración complementan la información recibida por el Ministerio del Interior con búsquedas de información sobre las personas señaladas en Internet y redes sociales, y cualquier dato, publicación en redes sociales o vínculo considerado “sospechoso”, es suficiente para armar una ficha sobre la persona que viaja y considerarla no apta para ingresar al país.
En esos casos, en las fechas previas al viaje de regreso, la aerolínea o la empresa de autobuses contacta a la persona a través de un mensaje de WhatsApp, correo electrónico o por medio de una llamada telefónica y le informa que tiene prohibida la entrada a Nicaragua, sin darle mayor explicación, sino informando que se comunique con las autoridades nicaragüenses, que ignoran los mensajes.
¿A qué se exponen las víctimas de la apatridia?
El especialista en temas de administración de justicia, el abogado Yader Morazán, exiliado, desterrado y perseguido político, explica en su cuenta de “X” las condiciones adversas que enfrentan las víctimas de apatridia.
Morazán fue nacionalizado recientemente por España, país que ha otorgado el estatus a 116 nicaragüenses de los 316 desterrados por la dictadura Ortega-Murillo.
“La dictadura de los Ortega-Murillo ha dejado a muchos nicaragüenses en condición de Apatridia, siendo la más visible la ‘desnacionalización’ a través de ‘sentencia’ como fue mi caso. No obstante, han implementado otras modalidades que igual te ponen condición de apátrida, pero de facto, como es la expulsión sin declaración, por negación de ingreso al país o negativa de extender un documento para viajar”, publicó.
Según Morazán, “ser apátrida, es decir, no tener nacionalidad de ningún país, puede tener efectos significativos y adversos en la vida de una persona”. “Los apátridas enfrentan numerosos desafíos y limitaciones debido a la falta de reconocimiento legal y protección por parte de un Estado”, escribió.
A continuación, Morazán describe algunos de los principales efectos de ser apátrida:
- Falta de Protección Jurídica: Los apátridas carecen de la protección diplomática y consular que los Estados democráticos proporcionan a sus ciudadanos. Esto puede dejarlos vulnerables en situaciones de conflicto, detención arbitraria y otras violaciones de derechos humanos.
- Acceso Restringido a Servicios Públicos: Sin una nacionalidad, los apátridas a menudo tienen dificultades para acceder a servicios públicos esenciales como educación, atención médica y seguridad social. Esto puede afectar gravemente su bienestar y desarrollo personal.
- Limitaciones en el Derecho al Trabajo: Los apátridas pueden enfrentar barreras legales para obtener empleo formal, lo que les obliga a trabajar en el sector informal, a menudo en condiciones precarias y sin protección laboral.
- Imposibilidad de Movilidad: La falta de documentos de identidad y pasaportes impide que los apátridas viajen libremente, tanto dentro de un país como internacionalmente. Esto también puede dificultar el acceso a refugio y asilo en otros países de la víctima directa como también de su familia.
- Ausencia de Reconocimiento de Derechos Civiles: Los apátridas no pueden participar en elecciones ni ocupar cargos públicos, lo que les excluye de la vida política y limita su capacidad para influir en decisiones que afectan sus vidas.
- Dificultades para Registrarse y Obtener Documentos: La falta de una nacionalidad dificulta la obtención de documentos oficiales, como certificados de nacimiento, matrimonio y defunción. Esto puede perpetuar el ciclo de apatridia en las generaciones futuras.
- Discriminación y Marginación Social: Los apátridas a menudo enfrentan discriminación y exclusión social debido a su estatus legal indeterminado. Esta marginalización puede afectar su integración en la sociedad y su acceso a oportunidades económicas y sociales.
- Riesgo de Detención, Expulsión y Deportación: Sin la protección de un Estado, los apátridas pueden ser detenidos arbitrariamente y deportados a países donde no tienen lazos familiares ni legales, exponiéndolos a mayores riesgos y dificultades.
- Impacto en la Identidad Personal: La falta de una nacionalidad reconocida puede afectar el sentido de identidad y pertenencia de una persona, generando sentimientos de inseguridad y alienación.
- Desafíos para Resolver Disputas Legales: Los apátridas pueden encontrar dificultades para acceder a la justicia y resolver disputas legales, ya que carecen de un marco legal claro que los respalde.
- En resumen, ser apátrida implica enfrentar una serie de obstáculos y vulnerabilidades que afectan casi todos los aspectos de la vida. La comunidad internacional, a través de instrumentos como la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, trabaja para proteger a los apátridas y prevenir nuevos casos de apatridia, pero aún queda mucho por hacer para abordar plenamente este problema.
