“El número de nicaragüenses que abandonan el país está aumentando a cifras sin precedentes, incluso mayores a las registradas en la década de 1980.” declara La Alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet
Por Redacción Intertextual
Este 16 de junio de 2022, La Alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet presentó la última actualización sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, en el 50° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra.
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La actualización comprende los meses de marzo a la fecha, Bachelet advierte, “la situación de derechos humanos se ha seguido deteriorando” en Nicaragua.
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La Alta Comisionada de las Naciones Unidas declara que han documentado “detenciones arbitrarias y condiciones deplorables de detención para estas personas, cientos de organizaciones de la sociedad civil despojadas de su personalidad jurídica y, huyendo de la crisis, los nicaragüenses continúan abandonando el país alcanzando un número sin precedentes.”
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A la fecha son más de 170 personas presas políticas en Nicaragua en relación a la crisis sociopolítica que inicio en abril del año 2018.
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La comisionada destaca las condiciones de los reos políticos detenidos en el contexto de las elecciones de noviembre 2021. “Estas personas detenidas, 11 mujeres y 39 hombres, han sido condenadas a penas de hasta 13 años de prisión y fueron inhabilitadas para ocupar cargos públicos. Cuarenta y cuatro fueron condenas por “propagar noticias falsas”, “menoscabar la integridad nacional” y otros delitos. Las otras seis personas fueron condenadas por lavado de dinero y delitos conexos. Sin embargo, estas condenas se habrían basado en alegaciones no comprobadas durante los procesos judiciales”, expone.
En el chipote están recluida estas personas en condiciones “inhumanas” y las familias solicitan, atención médica urgente, permanente o especializada, que desde su encarcelamiento ha sido negada. La alta comisionada pide a las autoridades nicaragüenses la libertad de todas las personas políticas en Nicaragua y garanticen su integridad física y psíquica.
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Por otro lado, dijo estar preocupada por la acción designada por el gobierno Ortega Murillo de reducción de espacios cívicos en el país Centroamericano, con el cierre de organizaciones sin fines de lucro. “Ha cancelado la personalidad jurídica de 388 organizaciones desde inicios de este año, lo que arroja un total de al menos 454 desde noviembre de 2018.”
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Tantas organizaciones defensoras de derechos humanos y otras que hacían trabajo en educación y desarrollo, médicas, profesionales, universidades y organizaciones internacionales han sido ilegalizadas en Nicaragua. Y la lista crece cada día.
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Con respecto a la cancelación de al menos 12 universidades privadas canceladas su personalidad jurídica, Bachelet añade que en Nicaragua fue aprobada una reforma de la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior. “Esto representa una nueva amenaza para la libertad académica y la autonomía universitaria, elementos fundamentales del derecho a la educación y la libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.”
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Argumentos del gobierno es que estas organizaciones y universidades “habían incumplido” supuestamente “con sus deberes administrativos y normas relacionadas con el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.”
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Otra crisis que se agudiza en Nicaragua “es la migración de las personas” generada por la crisis sociopolítica, económica y de derechos humanos advierte Bachelet. “El número de nicaragüenses que abandonan el país está aumentando a cifras sin precedentes, incluso mayores a las registradas en la década de 1980.”
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La Alta Comisionada, describe que, en los últimos ocho meses, la cantidad refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses en Costa Rica se ha duplicado, alcanzando el número de 150,000. Esto representa el 3 por ciento de la población de Costa Rica. El número de personas nicaragüenses interceptadas en las fronteras de los Estados Unidos de América está viviendo un incremento inédito, aumentando de 3,164 a septiembre de 2020 a 92,037 a abril de 2022.En marzo de 2022, la cifra alcanzó 16,088, la más alta registrada hasta la fecha para un solo mes, y ocho veces más alta que la registrada en marzo de 2021.
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La oficina de la Alta Comisionada no desconoce que en Nicaragua se ha violentado el derecho a la libre circulación, documentó casos de retención injustificada de pasaportes a nicaragüenses que pretendían salir del país y negado la entrada a ciudadanos nicaragüenses.
Las agresiones y violaciones a derechos humanos a afectado a sacerdotes católicos y medios de comunicación de la arquidiócesis de Nicaragua.
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La comisionada finalizó pidiendo a las autoridades cumplan con sus obligaciones. “Exhorto enfáticamente al Gobierno de Nicaragua a cumplir sus obligaciones internacionales de derechos humanos, – y no alejarse aún más de ellas”. Así también insto al Consejo de DDHH y Estados miembros a intensificar acciones para la liberación inmediata de todas las personas presas políticas en Nicaragua.
