De acuerdo a las expertas, la dictadura de Ortega y Murillo, han desmantelado el sistema que antes frenaba la violencia contra ellas.
Por: Intertextual/ Voces en Libertad/ contacto@intertextualcr.com
En total indefensión se encuentran las mujeres del campo y de la ciudad en el departamento de Matagalpa ante el flagelo de la violencia que muchas veces terminan en femicidios. Defensoras de derechos humanos, creen que la pasividad gubernamental, vuelve cómplices a los funcionarios de la dictadura sandinista.
De acuerdo con las expertas, el gobierno niega que haya un aumento de los femicidios y hasta llegan a hablar de disminuciones cada año. “El Estado suele esconder las cifras. Disfrazan los femicidios, los hacen pasar como homicidios y así disminuyen las estadísticas, pero la violencia contra las mujeres sigue en aumento”, señalan.
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Las defensoras, que solo pueden abordar el tema bajo anonimato por temor a represalias de la dictadura, dicen que al disminuir las cifras también ocultan las ineficientes políticas de protección hacia las mujeres de la que tanto habla la vocera gubernamental. “De una mujer con tanto poder como el que ella (Rosario Murillo) tiene, uno espera que influya en disminuir la violencia machista, pero lamentablemente eso no pasa”, criticaron.
Señaron que ocultar o maquillar las cifras de femicidio es “una acción criminal”. “Esto evidencia que en Nicaragua, no existe un Estado de derecho, sino una dictadura que ha desmantelado las leyes y sólo aplica lo que le beneficia, porque hemos visto también cómo se manipulan casos graves de violencia contra mujeres y niñas”, expresaron.
Protección desmantelada
Recordaron que la “la Ley 779, ley especial que debería castigar la violencia hacia las mujeres, en la práctica, ha sido desmantelada de principio a fin, porque no se emplea ni su alcance, ámbito, principios, ni el contenido sustantivo y procesal”, acusaron.
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Por su lado, otra defensora de derechos humanos consideró que el grupo político en el poder, es responsable de que los femicidios queden impunes y que a las víctimas o sus familiares no logren justicia. “Vemos una justicia parcializada, si el agresor, el femicida es simpatizante rojinegro, puede caer preso, le aplican una sanción leve y en cuestión de meses está libre”, denunció la activista.
Condenó las medidas de represión del gobierno dentro del sistema judicial contra los defensores de las víctimas de femicidio, si alguno se atreve a exigir justicia para las mujeres.
Agregó que cuando ocurre un hecho de violencia en el hogar, “la mujer pone la denuncia, el estado manda a la mujer a mediar con el agresor, éste sale libre y su próximo paso va ser vengarse de la víctima golpeándola más fuerte o quitándole la vida”.
Estado negligente
Las defensoras de los derechos de la mujer, declararon al Estado nicaragüense como “negligente”. “Nos vemos al gobierno haciendo algo efectivo para erradicar los femicidios. Andan promoviendo casa a casa una cartilla en la que ellos se atribuyen los logros en defensa de la dignidad de la mujer, pero al pueblo no lo pueden engañar. La cartilla la recibe la mujer en casa, el agresor ni los atiende”, aseguraron.
Afirmó que la gente sabe que desde hace más de 20 años, son las organizaciones no gubernamentales, comprometidas con el Estado de derecho, las que han dado voz y poder a las mujeres para que rompan el silencio ante la violencia machista, institucional y social. El problema es que la dictadura las aniquiló al ilegalizarlas y confiscarlas.
