Por: Redacción Intertextual/ ,contacto@intertextualcr.com
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El Centro de Estudios Transdiciplinarios de Centroamérica (CETCAM), este jueves 20 de octubre presentó un estudio llamado: “Quebrar el cuerpo, quebrar el alma.” Un análisis que surge de grupos focales de mujeres dentro y fuera de Nicaragua y datos donde se evidenció las formas de violencia en el país y cómo se agudizó a partir de la represión institucional del gobierno Ortega Murillo y la pandemia Covid-19.
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Este informe es una investigación comprometida con las mujeres nicaragüenses “que han experimentado, y siguen experimentando, diferentes formas de violencia dentro y fuera del país; con las madres y familiares de las personas asesinadas durante las protestas; con las miles de exiliadas que han tenido que salir intempestivamente de sus casas para preservar su vida y su seguridad; con las mujeres desplazadas de manera forzada para proteger a sus familias y encontrar mejores oportunidades de subsistencia”.
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También resalta la violencia ejercida con las mujeres apresadas desde 2018 hasta la fecha y sus familiares mujeres que han sufrido junto con ellas torturas y malos tratos. Y con los miles de niñas, adolescentes y jóvenes que de repente vieron su vida completamente trastocada por la violencia sin límites y la represión estatal, que han visto sus sueños y proyectos hundidos en la incertidumbre.
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Y por aquellas que a pesar de leyes creadas como la del Ciberdelito para acallarlas siguen en resistencia, “periodistas y defensoras de derechos, las jóvenes ciber activistas, feministas; con todas las que desde sus propios espacios y desde formas muy propias resisten todos los días con valentía, firmeza y esperanza.”
Elvira Cuadra, autora de la investigación y directora de CETCAM, explicó que durante el periodo 2018 – 2021, “la política de represión impuesta por el gobierno en contra de la sociedad nicaragüense y la pandemia provocada por el Covid-19 han dinamizado otras formas de violencia y las han reconfigurado de tal manera que las mujeres viven en un ambiente de diversas, agudas y multidimensionales formas de violencias. De acuerdo con los datos de organizaciones de mujeres, los femicidios se han incrementado significativamente, así como las agresiones y abusos sexuales”.
La resistencia de las mujeres las ha colocado en la lupa de la violencia ejercida por el gobierno de Ortega Murillo y sus agentes de represión.
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Cuadra señala que fue un reto esta investigación realizada “en un contexto de mucha hostilidad de altos niveles de violencia.” 60 mujeres en diferentes momentos participaron en la realización de la investigación dentro de Nicaragua y desde foros en línea.
El título: “Quebrar el cuerpo, quebrar el alma.” Es el resumen del hallazgo, la idea que subyace en el contexto de Nicaragua donde existe un poder que trata de quebrar a las mujeres explica la investigadora. “De esas fracturas hay una enorme capacidad de resiliencia y de resistencia” dos palabras que fueron las más utilizadas en todo el proceso de investigación en los grupos de mujeres.
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El estudio detalla que las formas de violencia y su incremento ocurren en medio de una profunda desprotección hacia las mujeres, debido al desmantelamiento de mecanismos e instrumentos institucionales para la protección de la vida e integridad de las mujeres, tales como la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779) y las comisarías de la mujer y la niñez que fueron desactivadas por el gobierno desde antes de 2018 y reabiertas nuevamente con un enfoque diferente, señala en informe.
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Nicaragua no se encuentra en una situación de conflicto armado abierto, pero experimenta altos niveles de violencia estatal en los que la violencia contra las mujeres, la violencia política, incluida la violencia sexual, el desplazamiento forzado y los efectos sobre grupos específicos como niñas y adolescentes se han empleado como métodos de tortura y demostración fehaciente del poder autoritario y el sistema patriarcal.
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Los resultados del estudio, además de documentar y revelar esa continua violencia contra las mujeres, Cuadra, argumenta que la aparición de la pandemia provocada por el Covid-19 se convirtió en un factor adicional que ha reforzado la violencia sistémica contra las mujeres. “Al estar recluidas en la casa, se recargaron sus tareas como cuidadoras de personas menores de edad, adultos mayores y personas enfermas; además, se vieron expuestas a mayores niveles de violencia doméstica, abusos y agresiones sexuales al permanecer más tiempo dentro de la casa con sus agresores”, explicó.
En la Costa Caribe, la pandemia se convino con la devastación provocada por los huracanes Eta e Iota que impactaron a la región a finales de 2020. “Las comunidades indígenas y particularmente las mujeres fueron las más afectadas por la destrucción de sus bienes, la escasez de alimentos, la falta de acceso a servicios médicos y medicamentos, entre otras cosas”, añadió Cuadra.
La situación de las mujeres
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Según CEPAL “Las mujeres constituyen la mitad de la población en Nicaragua.” Más de 3 millones de personas eran mujeres; de ellas niñas y adolescentes entre 0 y 19 años, representan el 39 {9e560a5414b2eac800df11cbf059f88b6331875b4cb6881fcfa8f9338d6da95e}, las jóvenes entre 20 y 29 años el 18.5 {9e560a5414b2eac800df11cbf059f88b6331875b4cb6881fcfa8f9338d6da95e} y las adultas jóvenes entre los 30 y 39 años, son el 15 {9e560a5414b2eac800df11cbf059f88b6331875b4cb6881fcfa8f9338d6da95e}.
Estos datos refieren que también son un grupo de población sumamente joven.
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En Nicaragua se carece de datos actualizados o el gobierno no las pone a la orden de la ciudadanía para que permitan conocer la situación de las mujeres en el ámbito sociodemográfico, político, económico y social.
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El último informe de medición de la pobreza en hogares realizado por FIDEG (2020), muestra que el porcentaje de mujeres en condición de pobreza general para 2019 era de 43.4 y de pobreza extrema 8.9; ambos porcentajes se incrementaron 3 y 1 punto porcentual respectivamente en comparación con la medición anterior de 2017.
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La condición de pobreza de las mujeres a incrementado, Elvira Cuadra menciona que la mayoría de las mujeres tienen actividades de subempleos y además realizan muchos trabajos que no es remunerado, en su mayoría trabajos que surgen de proyectos familiares.
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Según la última Encuesta de Medición de Nivel de Vida (INIDE, 2014), el 36.4 {9e560a5414b2eac800df11cbf059f88b6331875b4cb6881fcfa8f9338d6da95e} de las mujeres entre 15 y 49 años estaban dedicadas a los quehaceres del hogar en comparación con el 1.1 {9e560a5414b2eac800df11cbf059f88b6331875b4cb6881fcfa8f9338d6da95e} de los hombres.
Violencia política exacerbada
Desde que Daniel Ortega regreso a la presidencia en 2007, ha manejado una política hostil y represiva en contra de las mujeres, destaca el informe.
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En cuanto a la violencia política la directora de CETCAM, detalló: “Las mujeres de diferentes sectores sociales y localidades se involucraron en las acciones sociales de protesta y movilización desde el inicio en abril de 2018; su beligerancia ha sido castigada por el gobierno de los Ortega-Murillo con una política de represión específica para hacerlas sentir el peso del poder machista y patriarcal, doblegarlas, hacerlas sufrir doblemente y como ejemplos crueles a toda la sociedad nicaragüense”.
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El gobierno Ortega Murillo ha promovido la aplicación de políticas públicas que han colocado a las mujeres en una situación generalizada de desprotección. “Tal es el caso de las políticas de salud, educación y empleo, entre otras, que en realidad refuerzan los papeles tradicionales de género.”
Se han desmantelado mecanismos de protección a las mujeres “las Comisarías de la Mujer en las unidades de policía, que pasaron de brindar atención integral a las víctimas de la violencia a convertirse en oficinas donde les obligan a mediar con sus agresores a través de las Consejerías familiares. A inicios de 2020, Rosario Murillo, vicepresidenta y vocera gubernamental, anunció la reapertura de las Comisarías; sin embargo, diferentes organizaciones de mujeres calificaron el anuncio poco creíble porque en realidad no estaba respondiendo a la necesidad y derecho de protección de las víctimas de la violencia”.
El gobierno provocó el cierre de albergues y la reducción del apoyo a las casas maternas en diferentes localidades del país. “Esto afecta directamente a las mujeres en tanto no cuentan con recursos de protección en situaciones de violencia directa, especialmente cuando sus vidas o su integridad física están bajo alto riesgo,” describe el estudio de CETCAM.
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Esa misma violencia dejo como saldo 15 mujeres asesinadas en el contexto de la crisis sociopolítica incluidas niñas como Daryeli Osmari Velásquez de apenas dos años y medio, Juana Francisca Aguilar Cano de 19 años, Violeta del Socorro Campos de 71 años, Pánfila Alvarado Urbina de 80 años, Cándida Rosa Herrera de 60 años, Julia Amanda López Cruz de 57 años, Nitzia Hackins Polly (Nixia Hawkins Posly) de15 años , Misury Molina con 20 años, Mercedes de los Ángeles Ráudez Alvarez de 18 años, Maritza del Socorro Velásquez López 46 años, Daysi Cornejo Jarquín 37 años, Carolina de los Ángeles Collado de 47 años, Zaira Julissa López de 38 años, Daryeli Osmari Velásquez Ráudez de 25 años, Rayneira da Costa Lima de 29 años, Marlin Auxiliadora Montalván Díaz de 28 años.
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Los femicidios de estas mujeres han quedado en la invisibilidad y el silencio de tal manera que hay poca información sobre ellos. Hay varias razones que influyen: la cantidad de mujeres asesinadas es inferior a la de hombres asesinados, no ha habido investigaciones de organismos independientes de derechos humanos, y las familias de las víctimas tienen temor por las represalias que podrían sufrir.
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Otra de las formas de la violencia política es el encarcelamiento de mujeres, detalla CETCAM “Desde 2018 hasta la actualidad se han producido al menos tres momentos de detenciones, secuestros y encarcelamiento de mujeres.” La primera ola de encarcelamientos fue en el inicio de las protestas en 2018, cuando jóvenes mujeres activistas y otras que brindaban atención médica a los protestantes, fueron secuestradas en diferentes ciudades del país como Masaya, León, Estelí, Matagalpa, Managua, entre otras, y conducidas a sitios de detención clandestinos, unidades de policía o casas del partido.
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El segundo momento se produjo entre 2018 e inicios de 2019, en el marco de la llamada “Operación Limpieza” y consistió en la detención de un grupo significativo de mujeres, la mayoría jóvenes, que destacaban por su liderazgo en las protestas en diferentes ciudades del país.
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La tercera ola de apresamientos fue desde mayo 2021 a septiembre 2022. “Ha dejado como resultado veinte mujeres prisioneras políticas, de las cuales, dos están en arresto domiciliario y dieciocho en centros penales, la mayoría en El Chipote, un centro de detención preventiva que ha sido transformada en una cárcel de máxima seguridad”.
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Estas mujeres privadas de libertad están en condiciones precarias, sometidas a torturas y tratos inhumanos, en aislamiento permanente, bajo interrogatorios constantes, sin recibir atención médica y medicamentos adecuados y de forma oportuna, bajo condiciones de mala nutrición y con escasas visitas familiares, han detallado sus familiares y defensores de derechos humanos.
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Según el informe desde antes de 2018, ha habido un repertorio de represión específico contra las mujeres que incluye persecución y hostigamiento, violencia digital, amenazas, agresiones, exilio, encarcelamiento, tortura y asesinato.
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Miles de mujeres se han visto obligadas a migrar fuera de Nicaragua para mejores oportunidades para ellas y sus familias, los países de preferencia para refugiarse son Estados Unidos, Costa Rica y España, la crisis sociopolítica en el país, así como los duros efectos económicos sobre las familias, son las principales causas del exilio. “En el trayecto, especialmente quienes se dirigen a Estados Unidos, se exponen a serios riesgos, violaciones a sus derechos humanos, discriminación, violencia estatal y varias de ellas han perdido la vida,” dice el informe.
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El gobierno ve a las mujeres como una amenaza porque hay un movimiento activo que no han podido doblegar, está organizado, no ha cesado sus actividades de denuncia y lucha por los derechos de las mujeres.
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Ante esta situación, las mujeres se niegan a verse a sí mismas como víctimas, concluye el documento presentado este jueves 20 de octubre. “Se resisten a que en la sociedad se reproduzca la idea de los hombres como héroes y las mujeres como víctimas. Se conciben y se reconocen como protagonistas y sujetas de cambio; de manera que han desarrollado una variedad de estrategias de defensa, protección y acompañamiento que dan muestra de una enorme capacidad de resiliencia y resistencia desde antes de 2018, tanto de mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes, profesionales, empresarias, entre otras.
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Esa capacidad de resistencia, de confrontar al poder, es precisamente lo que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo quieren subordinar y eliminar. Los espacios organizativos de mujeres aun con el cierre de sus personalidades jurídicas continúan acompañando en la defensa de derechos, la denuncia y la búsqueda de la justicia, dentro y fuera del país.
