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En un informe denominado: “Tiranía, legalidad y transición”: presentado por su autor Eliseo Núñez Morales, se realiza un análisis profundo y crítico del marco legal y las reformas constitucionales implementadas en Nicaragua, señalando una preocupante consolidación de la tiranía a través de la ilegalidad impuesta por el régimen de Daniel Ortega.
Núñez parte de una paradoja planteada por Rousseau en “El Contrato Social”: ningún poder es suficientemente fuerte si no convierte su palabra en ley y la sumisión en obediencia. A su juicio, Ortega ha aplicado esta máxima sistemática de 2007, utilizando la fuerza como preludio para luego revestirla de legalidad. “La legalidad viene después de la tiranía, no antes”, sentencia Núñez, explicando el título de su análisis.
Desmantelamiento Institucional en Nicaragua
Foto: Intertextual.
El estado actual de Nicaragua, según Núñez, está marcado por una persistente “cultura Caudillista”, donde la sociedad aún espera un líder mesiánico en lugar de asumir una participación activa. Esta dinámica se entrelaza con la “instalación de un régimen dinástico familiar”, una realidad innegable que ha evolucionado desde la advertencia de 2016 hasta la consolidación actual. La separación de poderes, un pilar fundamental de la democracia ha experimentado un “colapso”, dejando al Ejecutivo como la figura dominante. Si bien el modelo electoral puede generar resultados “creíbles”, su carácter “libre” se desvanece en este contexto de control.
La sombra de un “Estado policial” se cierne sobre la vida cotidiana, ejemplificada por la insólita exigencia a los notarios de obtener certificaciones de “buen comportamiento” de instancias partidarias y policiales para ejercer su profesión.
Núñez sostiene que el régimen ha implantado, “por la vía de hecho, una Estado de excepción», que ha mutado a través de reformas legales hasta culminar en una reforma constitucional que representa la “legalización del régimen de excepción”. Esta nueva carta magna, lejos de instaurar libertades, se erige como una antítesis, abriendo la puerta de leyes ordinarias que profundizarán esta tendencia.
División de poderes desaparece
La «transformación del modelo estatal» implica la «eliminación de la clásica división de poderes», que ahora se denominan «órganos estatales» bajo la administración del Ejecutivo. Se observa una «desvinculación de parámetros externos», donde los tratados internacionales ya no limitan la soberanía a menos que se ajusten a los principios de la nueva Constitución. En este contexto, emerge el concepto de «centralismo democrático», donde la pluralidad política ha sido eliminada de la Constitución, aunque se mantenga una pluralidad social y cultural.
La creación de la “copresidencia” es analizada por Núñez como un “parche” para la división del poder entre Ortega y Murillo, estableciendo una sucesión familiar blindada. La reestructuración del órgano judicial y electoral, así como la creación de fuerzas paramilitares como la Policía Voluntaria y la “Tercera Familia” son interpretadas como estrategias para consolidar el control y evitar la asunción directa de responsabilidades en la represión.
La “concentración de poder en el Ejecutivo” se manifiestan en la asunción del rol de coordinador de todos los órganos estatales por parte de la presidencia, la eliminación de prohibiciones por parentescos en cargos públicos, institucionalizando el nepotismo, y la ampliación de sus atribuciones, incluyendo el nombramiento de las jefaturas del Ejercito y la Policía. Este último punto, según Núñez, revela la conciencia del régimen de que su “única manera de gobernar” reside en el control de los órganos represivos.
El control se extiende a los “recursos estratégicos y mecanismo de seguridad ciudadana”, generando incertidumbre sobre la propiedad en zonas fronterizas. Al analizar la viabilidad del modelo, Núñez recurre a los parámetros del constitucionalista klalus Stern, encontrando serias deficiencias en la credibilidad de la alternancia política. La confiabilidad de las fuerzas políticas, la debilidad de las propuestas, la gobernabilidad basada en la represión, la funcionalidad de los órganos estatales, la modernidad y reciclaje de liderazgo, y la aptitud de los procedimientos, caracterizados por su discrecionalidad.
Finalmente, Núñez reflexiona sobre la perdida de camino hacia una democracia en Nicaragua, recordando las oportunidades perdidas en gobiernos anteriores. Su análisis concluye con una nota de pesar por el rumbo que ha tomado la nación, donde la legalidad se ha convertido en un instrumento para perpetuar la tiranía.
Expertos: urge aprender de 1990 y construir la ciudadanía para la transición en Nicaragua
En un foro de reflexión sobre el futuro de Nicaragua, expertos analizaron las elecciones de la transición de 1990 y los desafíos cruciales para una eventual restauración democrática.
El economista Enrique Saénz enfatizó que “los procesos de transición son resultados de realidades, de correlación, de contextos y de voluntades, no de fantasías”, subrayando la necesidad de construir una democracia y superar el autoritarismo. Eliseo Núñez, por su parte, se centró en la importancia de la “justicia, no la venganza, sino a justicia”, recordando las oportunidades perdidas en el pasado para abordar las violaciones de derechos humanos y la necesidad de señalar las responsabilidades para evitar la repetición
Por su parte, la economista Edipcia Dubon consideró que “la lección más importante desde la perspectiva… es que la democracia importa y que la democracia no es una entelequia”, sino que requiere un esfuerzo educativo constante para construir ciudadanos comprometidos y priorizar la institucionalidad sobre la voluntad individual.
Al abordar los desafíos, Núñez señaló que el reto fundamental es “formación y democracia a la vez, es construir ciudadanía”, reconociendo la tendencia histórica al caudillismo y la necesidad de fomentar la participación responsable.
Finalmente, Dubon instó a “construir esperanza” y aprender de experiencias históricas de caídas de dictaduras por la acción ciudadana, como Filipinas y Serbia. Para el presente abogó por la documentación del abuso, la incidencia internacional, el fortalecimiento de redes de solidaridad y la “resistencia creativa” con arte, memoria y música, buscando conectar con las mayorías en Nicaragua y ofrecer un proyecto político que devuelva la dignidad a la población.
