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En un encuentro virtual convocado por CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation junto a defensores de derechos humanos y representantes de la sociedad civil nicaragüense y latinoamericana analizaron la grave situación de espacio cívico en Nicaragua a siete años del levantamiento de las protestas de abril de 2018.
La conversación se centró en la creciente dificultad para operar como espacio cívico en el país, la necesidad de un entendimiento común de los problemas, y la urgencia de fortalecer la solidaridad regional y global.
Eduardo Marenco, oficial de incidencia para América latina de CIVICUS, enmarcó la reunión con cuatro objetivos principales: Aumentar la concientización sobre la crisis nicaragüense y amplificar las voces cívicas. Movilizar la defensa internacional coordinada y el compromiso diplomático; fortalecer las alianzas regionales y globales para una solidaridad sostenida; e identificar las necesidades clave y los mecanismos de protección para las organizaciones de la sociedad civil y de las y los activistas nicaragüenses.
Espacio cívico desmantelado y represión intensificada en Nicaragua
Por su parte Demetrio Romero, coordinador de programas para la Oficina de América Latina y el Caribe de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDHE) ofreció un panorama desolador de la situación
Romero condenó enérgicamente la represión violenta y el desmantelamiento del espacio cívico, recordando las más de 300 muertes violentas, las ejecuciones extrajudiciales, los más de 2000 heridos y las más de 2000 detenciones arbitrarias desde 2018.
Mencionó el cierre forzado de más de 5,000 organizaciones de la sociedad civil a través de la cancelación de su personalidad jurídica y la confiscación de bienes, describiendo la situación como una “guerra del gobierno contra su propio pueblo”, según el grupo de Experto de las Naciones Unidas.
Romero destacó cómo la reforma de la Ley General de Control y Regulación de las organizaciones de la Sociedad Civil en 2022” intensificó” esta represión, utilizando acusaciones infundadas de “lavado de fondos, vinculados con el crimen organizado o terrorismo para justificar el cierre de actividades”.
Recordó la grave represión política contra opositores, incluyendo la deportación y despojo de nacionalidad de 135 presos políticos en 2024, quienes ahora enfrentan una situación de apatridia y desprotección total, incluyendo la cancelación de sus cuentas bancarias y pensiones. También denunció el cierre de más de 30 centros universitarios, limitando la libertad académica y el derecho a la educación.
Derechos fundamentales violados y crímenes de Lesa Humanidad
En términos de derechos humanos, Romero señaló una violación sistemática del derecho a la libertad de reunión pacifica, recordando que “las protestas siempre fueron pacíficas y que la represión estatal no respeto el principio de legalidad internacional”. También enfatizó la violación de derecho a la libertad de asociación y la falta de obligación positiva del Estado de garantizar un entorno seguro para la defensa de los derechos humanos. Finalmente, denunció las violaciones a la libertad religiosa y de expresión, con el cierre de numerosos medios de comunicación.
El representante de RIDHE concluyó recordando el informe del grupo de Expertos de la ONU que califica estas violaciones como “crímenes de lesa humanidad”, instando a la comunidad internacional a tomar medidas de presión e incidencia para que el Estado de Nicaragua rinda cuentas y garantice justicia, verdad y reparación integral a las víctimas. Destacando la necesidad de que los estados de acogida, como Costa Rica, faciliten los procedimientos de naturalización para personas apátridas y apoyen a las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación exiliados, además de contrarrestar la represión transnacional del Estado nicaragüense.
Represión y resiliencia de la sociedad civil
Amaru Ruiz de Red Local Nicaragüense, corroboró la gravedad de la situación, señalando que el cierre del espacio cívico en Nicaragua “es comparable a otros regímenes autoritario a nivel mundial y ha servido como modelo para la represión en otros países de la región”. Destacó la resiliencia de la sociedad civil en Nicaragua, que, a pesar del cierre masivo de organizaciones, continúa resistiendo dentro y fuera del país.
Ruiz presentó datos alarmantes de la Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia, que registra más de 5,518 organizaciones canceladas, 31 cambios de régimen jurídico y 204 disoluciones voluntarias, estas últimas “muchas veces forzadas por la presión y las reformas legales del régimen de Ortega Murillo” advirtió que la tendencia es hacia un número mínimo de organizaciones vinculadas y bajo el control del régimen.
Ruiz celebró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH retomara el concepto de espacios cívicos en su informe de 2023, vinculándolo a derechos fundamentales como la libertad de asociación, expresión y movilización. Sin embargo, también alertó sobre la tendencia global al “cierre del espacio cívico, el control de la cooperación al desarrollo y la mala aplicación de recomendaciones de grupos financieros internacionales para justificar la represión.
La conversación concluyó con un llamado urgente a la comunidad internacional para intensificar la solidaridad, la presión diplomática y la búsqueda de mecanismos de justicia y rendición de cuentas para el régimen de Nicaragua, así como el apoyo a la resiliente sociedad civil nicaragüense que lucha por mantener el espacio cívico en un contexto de creciente represión.
