En el marco de 172° periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), se llevó a cabo una audiencia pública para abordar la situación de las personas beneficiadas de medidas provisionales en el caso “Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua”. En dicha audiencia, se presentaron raves denuncias sobre la situación de 97 personas que siguen expuestas a “un riesgo extremadamente grave y urgente de sufrir irreparables a sus derechos”.
Según la información presentada, “88 de las personas beneficiarias han sido desterradas y desnacionalizadas. 55 de estas actualmente son apátridas. Una se encuentra exiliada, siete siguen encarceladas y una en situación de desaparición forzada.” Se argumentó que estas acciones forman parte de “un patrón de persecución” dirigido contra quienes se oponen al gobierno o son percibidos como opositores.
Así mismo, se recordó que la Corte ha emitido “resoluciones desde 2021” ordenando la “liberación inmediata” de los encarcelados y la adopción de medidas para garantizar su integridad. Sin embargo, se denunció que “Nicaragua continua en desacato permanente de lo ordenado por el tribunal”.
Al inició de la audiencia se certificó, “el propósito de esta audiencia pública es escuchar la posición del Estado sobre la implementación de las medidas provisionales adoptadas en el asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto a Nicaragua(…)Sin embargo, hago notar que el Estado de Nicaragua no acreditó a ninguna gente para que lo represente en esta audiencia,” sostuvo el secretario de la Corte Pablo Saavedra Alessandri.
La representación de las personas opositoras beneficiarias se refirió a la ausencia del Estado. “Su accionar reafirma el incumplimiento del deber de informar al tribunal tal como determino esta corte desde su resolución el 22 de noviembre de 2021, además como demostraremos más adelante Nicaragua continua en desacató permanente lo que mantiene en una situación de desprotección a los beneficiarios e incrementa la situación de riesgo a la que se encuentran expuestos” afirmó.
Reformas causan alarma en la Corte IDH
Uno de los puntos más alarmantes expuestos en la audiencia fue la reciente reforma constitucional aprobadas por la Asamblea Nacional el 30 de enero de 2025, la cual, según el alto Comisionado de las Nacionales Unidas, “marca el fin de las libertades fundamentales y del Estado de derechos en Nicaragua”. Entre los cambios mencionados, se señala que “se anula la separación de poderes” y se deroga “la prohibición de tortura” prevista en la Constitución anterior, dejando en “desprotección absoluta” a las personas detenidas por razones políticas.
En la audiencia también se denunció que “la persecución del gobierno nicaragüense no se limita al territorio nacional, sino que se extiende a nivel internacional”. Se alertó sobre “la existencia de un plan para utilizar la Interpol como herramienta de represión transnacional” y se expuso que “personas expulsadas enfrentan dificultades para regularizar su situación migratoria en el exilio debido a antecedentes penales fabricados por el régimen”. Por otro lado, se destacó que las personas desterradas han sido privadas de “derechos económicos y sociales, incluyendo el acceso a la pensión de jubilación, propiedad, trabajo y protección familiar”. Se afirmó que esto constituye “un proceso de muerte civil”, cuyo objetivo es “despojar completamente a los opositores de una identidad y sus derechos”.
El abogado Lulio Mareco del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más reveló que al menos 42 personas beneficiarias todavía permanecen a la espera de que se les otorgue asilo político u otro permiso para regular su situación, por lo que en este momento se encuentran en una situación migratoria muy vulnerable.
La situación de las personas beneficiarias la viene a agravar el inicio del nuevo periodo de gobierno de Donald Trump, describió el abogado. “Este mes expira el permiso otorgado por Estados Unidos a las 72 personas beneficiarias que fueron desterradas en febrero de 2023, mediante el cual autorizaba residir legalmente en el país por dos años. A esto se suman los recortes de la ayuda humanitaria que estaban recibiendo para la subsistencia de estas personas. Al mismo tiempo, las nuevas políticas migratorias anunciadas por el actual gobierno de los Estados Unidos no hacen prever que no se renovará el permiso de estancia en dicho país, por lo que estas personas no podrán trabajar ni contarán con ningún apoyo para su subsistencia.”
Por el momento, no hay certeza de hacia dónde serían llevadas estas personas. quienes no solo son actualmente apátridas, sino que también ya se les ha negado el reconocimiento de su estatus de refugiadas con base a antecedentes criminales fabricados por Nicaragua.
Grupo de Expertos de la ONU denuncia crímenes de lesa humanidad
Por su parte del Grupo de Experto en Derechos Humanos sobre Nicaragua, como fuente de información ante todas sus investigaciones, aseguran que “han enviado 15 cartas al gobierno de Nicaragua solicitando un dialogo constructivo, visita al país e información sin recibir colaboración alguna.”
La cuarta fase que el grupo identifica del 2023 a 2024 se define por la consolidación del poder en mano del presidente Daniel Ortega. En este contexto, cientos de opositores fueron expulsados del país, se les prohibió la entrada o se les despojó de su nacionalidad de manera arbitraria. Además, el gobierno ha incautado propiedades, bienes y fondos de opositores y sus familiares, afectado incluso personas exiliadas. Y documentación de “diversas formas de maltrato” en las cárceles, incluyendo tratos humillantes, amenazas contra la vida e integridad física de los detenidos y familiares. Estas prácticas, según los expertos, constituyen “tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
El informe también destaca que estas violaciones han tenido un impacto devastador en niños y niñas, con al menos 39 casos documentados de menores separados de sus padres por razones políticas y 15 casos en los que se les negó el ingreso a Nicaragua. “La privación arbitraria de la nacionalidad genera así un impacto en el derecho a la libre circulación, a la libre escogencia de residencia y forma parte de un patrón de violaciones conexas y concurrentes de derechos políticos, sociales y económicos”, concluyó el informe.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó que la crisis de derechos humanos en Nicaragua sigue en escalada y afecta gravemente a periodistas, académicos, religiosos y activistas. “A casi siete años del inicio de la crisis, continúa reproduciéndose la situación de riesgo para quienes son percibidos como opositores políticos”, indicó la Comisión, que reiteró su llamado a la liberación de los presos políticos y al cese de la persecución en el país.
Finalmente, las organizaciones representantes reiteraron la urgencia de que la Corte IDH” mantenga vigente las medidas provisionales” para proteger a las personas beneficiarias y garantizar que el Estado de Nicaragua no continúe con “las acciones de persecución sistemática”. Concluyendo afirmando que la situación en el país” se agrava día a día”, con nuevas reformas que consolidan “un estado policiaco” y aumentan “la vulnerabilidad de quienes han sido forzados al exilio”.
