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Grupo de Expertos de la ONU condena la reciente reforma constitucional que refuerza poder absoluto de Ortega, mientras documenta crímenes de lesa humanidad y exige sanciones.
Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, presentado ante el Consejo de derechos Humanos de la ONU, denuncia la consolidación de un “Estado autoritario” en el país centroamericano y llama a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes para frenar las violaciones de derechos humanos.
“Desde 2018, Ortega y Murillo han afianzado progresivamente su control total “, afirmo Jan Simón, presidente del grupo de Expertos. “En el último año, el Estado y el partido gobernante (FSLN) prácticamente se han fusionado en una maquinaria unificada de represión con impacto dentro y fuera de Nicaragua”. Según el informe, el gobierno opera una “extensa red de inteligencia” que vigila a la población e identifica a opositores para su persecución.
En informe denuncia que la reforma constitucional que entró en vigor el 18 de febrero “eliminó los pocos controles institucionales que quedaban” y consolidó un “poder ejecutivo con dominio absoluto”. Esta reforma transformó los poderes judicial, legislativo y electoral en meros “órganos” subordinados a la presidencia.
Grupo de Expertos denuncia crímenes de lesa humanidad y urgen sanciones internacionales
Por primera vez, los expertos lograron documentar la participación del Ejercito en la represión de las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos. “Estamos viendo la represión sistemática de cualquiera que se atreva a desafiar el control de Ortega y Murillo. Este es un gobierno en guerra contra su propio pueblo” advirtió Ariela peralta, integrante del Grupo de Expertos.
Los expertos de la ONU, señalan que el gobierno ha intensificado “el uso de detenciones arbitrarias, privaciones arbitrarias, privaciones de nacionalidad y expulsiones forzadas”. En septiembre de 2024, 135 preso políticos fueron expulsados a Guatemala y despojados de su nacionalidad, sumando un total de 452 nicaragüenses arbitrariamente desnacionalizados. También se ha incrementado la confiscación de propiedad privadas.
Amplían que, las privaciones identificadas en el informe siguen patrones de “crímenes de lesa humanidad, particularmente la persecución por motivos políticos. El Grupo de Expertos ha recopilado una lista de personas, además de Ortega y Murillo, que podrán ser responsable de los crímenes. “Estos nombres serán transmitidos al Gobierno de Nicaragua y a los individuos involucrados, y se harán públicos antes de la conclusión de la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos el 4 de abril” indicó el informe.
Los expertos instaron a la comunidad internacional a “tomar medidas decisivas”, incluyendo “acciones legales contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia” por violaciones a tratados internacionales sobre tortura y apatridia, así como “ampliar las sanciones especificas contra los responsables de la represión”. También exhortaron a los gobiernos a “garantizar procesos de asilo rápidos y justos” para los exiliados y a facilitar la convalidación de títulos profesionales de los desplazados. Además, recomendaron que estos hallazgos sean considerados en “evaluaciones del Fondo Monetario Internacional sobre la gobernanza financiera de Nicaragua y acuerdos comerciales preferenciales”.
Represión sistemática en Nicaragua
“Nicaragua se ha convertido en un lugar de vigilancia y silencio impuesto para quienes permanecen, mientras que aquellos que se atreven a resistir enfrentan una vida de apatridia y exilio”, denunció Reed Brody, miembro del grupo de expertos. “La comunidad internacional no puede limitarse a ser testigo, sino que debe tomar medidas concretas y urgentes”.
El Informe reitera que los crímenes documentados constituyen violaciones al derecho internacional y crímenes de lesa humanidad. “El ataque contra parte de la población nicaragüenses, iniciado en 2018, ha continuado con patrones de violaciones en evolución que han provocado un número creciente de víctimas”, establece el documento. Entre las principales víctimas figuran manifestantes defensores de derechos humanos, periodistas, miembros de organizaciones sociales, estudiantes, profesores, indígenas, afrodescendientes y lideres religiosos.
Finalmente, el Grupo de la ONU señala la responsabilidad del Estado de Nicaragua en estas violaciones y advierte sobre posibles consecuencias internacionales. “El Estado, así como los grupos no estatales que actúan bajo su dirección, control o aquiescencia, también siguen violando sistemáticamente la prohibición de cometer crímenes de lesa humanidad”, concluye el informe. La comunidad internacional ha sido instada a tomar medidas ante la creciente represión en el país.
