A comienzos de este mes de septiembre del 2024, otro avión cargado de personas salió de Nicaragua en condición de desterrados. Este último, llevó con destino a Guatemala a 135 presos políticos que días después, fueron declarados apátridas por un juez del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo.
Los excarcelados, pasaron meses incomunicados en cárceles comunes, pero acusados y condenados por delitos políticos. Días después de su liberación, contaron los abusos y violaciones a los derechos humanos que vivieron de sus carceleros.
Hasta antes de este último destierro masivo, el régimen de Daniel Ortega tenía a más de 151 presos políticos en sus cárceles, pero se teme que la lista se haya duplicado porque los secuestros no se detienen y cada vez menos, los familiares de los apresados, denuncian por temor a mayores represalias.
En un comunicado de prensa, emitido el 5 de septiembre, las autoridades del gobierno estadounidense, el país que ha recibido a los últimos desterrados, aseguraron que “Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus asociados, continúan violando los derechos humanos, reprimiendo la disidencia legítima, encarcelando a oponentes, confiscando sus bienes e impidiendo a los ciudadanos volver a ingresar en su país de origen”.
Nicaragua bajo terror
El gobierno de Estados Unidos que ha negociado las últimas liberaciones de los opositores nicaragüenses, instaron a que el régimen, vacíe las cárceles de presos políticos de manera “inmediata e incondicional”. “El pueblo nicaragüense quiere y merece una democracia restaurada en la que todos puedan ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales, libres del temor a la persecución o las represalias. Continuamos apoyando sus aspiraciones a futuro”, agregaron en el comunicado.
Precisamente, un reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), refiere que la situación de los derechos humanos en Nicaragua, “ha seguido deteriorándose gravemente”. El documento, que abarca desde el 15 de junio de 2023 al 15 de junio de 2024, devela detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas, violencia sexual, entre otros delitos cometidos por el régimen de Ortega y de Murillo.
Según el informe, la situación agrava la reducción de espacios cívicos y democráticos que desde el 2018, ha impuesto el régimen. La persecución contra “quienes expresan opiniones disidentes” o a cualquiera “que actúe de forma independiente”, no ha cesado.
Graves acusaciones internacionales
El informe del Alto Comisionado destaca “derechos severamente restringidos”, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias ejecutadas por órdenes de Ortega y de Murillo.
Señala que luego del arresto de los dos diputados costeños del partido indígena YATAMA, Brooklyn Rivera y su suplente Nancy Henríquez, en septiembre y octubre de 2023, el ACNUDH pidió “repetidamente su liberación” y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, consideró que sus derechos corrían “riesgo extremo”.
La diputada suplente fue condenada a ocho años de prisión por traición y difusión de noticias falsas y en el caso de Rivera no ha sido acusado ni su detención ha sido reconocida oficialmente por el régimen de Ortega.
En el informe, los investigadores ACNUDH recuerdan el caso de un comerciante de 70 años que fue detenido el 10 de octubre de 2023 “por criticar al Gobierno en conversaciones informales en su tienda” ubicada en Terrabona, Matagalpa, y que hasta un mes después, sus familiares se enteraron que fue condenado a siete años por tráfico de armas.
En tanto, el 20 de noviembre de ese año, fue detenido el académico de 65 años Freddy Quezada, por una publicación en las redes sociales contra la dictadura, según confirmó el informe. El paradero de Quezada, fue desconocido para su familia hasta su reciente destierro a Guatemala.
Hasta junio de 2024, una mujer había permanecido detenida por 13 meses por imprimir y distribuir pegatinas del obispo Rolando Álvarez. Según el informe, se ocultó a sus familiares su paradero durante 48 horas. A sus hijos universitarios les cancelaron las becas y estos tuvieron que abandonar sus estudios.
Crímenes de lesa humanidad, una rutina para Ortega
El Centro de Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Unidad de Defensa Jurídica y la Unidad de Registro, narran en un informe “datos alarmantes” sobre desapariciones forzadas en Nicaragua.
Informan que en 2019 y agosto de 2023, varios de “las y los presos políticos fueron víctimas de desaparición forzada por periodos de hasta de 90 días”, tiempo en que el Estado no informó a sus familiares o abogados sobre su paradero, situación de salud, ni tampoco permitieron visitas. El informe menciona casos emblemáticos como el del diputado Rivera, Quezada y el del poeta Carlos Alberto Bojorge. De ellos, solo Rivera continúa secuestrado en Nicaragua.
Quezada fue detenido el 29 de noviembre de 2023 y su familia pudo verlo hasta este septiembre en Guatemala. En el caso de Bojorge, detenido el 1 de enero de 2024 tras gritar “Viva la Iglesia Católica” al final de la misa dominical, sus familiares pudieron ubicarlo hasta junio de 2024. Él también fue expulsado a Guatemala.
El Colectivo de Derechos Nicaragua Nunca Más, considera que en estos casos de desapariciones forzadas es urgente “visibilizar el sufrimiento de las familias, principalmente de las familias de presos políticos quienes son detenidos sin garantías y sin que se les informe de su paradero a los familiares, teniendo que emprender una ardua búsqueda de sus seres queridos, así como de exigir responsabilidades a Ortega y Murillo, quienes perpetúan estas prácticas inaceptables”.
El organismo considera que “la desaparición forzada, temporal o permanente, es un crimen de lesa humanidad que debe ser investigado por los Estados democráticos”.
Violentan el debido proceso
En el caso de los miembros del ministerio Puerta de la Montaña, que fueron parte de los 135 expulsados de Nicaragua y que fueron “investigados” por lavado de dinero y condenados a penas de entre 12 y 15 años de prisión, el régimen no solo anuló la organización religiosa a la que pertenece, sino que confiscó sus bienes estimados en 5 millones de dólares.
El informe de ACNUDH destaca que a ellos, se les impidió asistir físicamente a las audiencias, las que se realizaron por videoconferencias y tampoco recibieron asistencia de sus abogados. Desde entonces permanecieron incomunicados hasta por nueve meses.
Durante el período del informe, el Alto Comisionado reporta “más detenciones arbitrarias”, pasando de 54 en junio de 2023 a 131 en mayo de 2024, observando “un patrón recurrente de detenciones breves, a menudo durante unas horas, antes de ser puestas en libertad con la condición de que acudan a la comisaría local a diario, en algunos casos dos veces al día”.
El régimen también ha violado sistemáticamente el debido proceso y el derecho a un juicio justo, pues los detenidos no eran informados adónde serían llevados, no se les permitió contacto con sus familiares, lo que equivale a desapariciones forzadas y los juicios se hicieron en ausencia de ellos.
“El ACNUDH documentó 26 casos en los cuales los juicios penales se celebraron en ausencia física de los acusados, quienes participaron únicamente mediante videollamada y sin asistencia jurídica”, dice el informe.
Tortura y tratos inhumanos
Según el documento de ACNUDH, cinco personas detenidas habrían sido sometidas a tortura o malos tratos: palizas brutales y asilamiento durante períodos prolongados.
En la segunda mitad del 2023, se documentó siete nuevos casos de tortura: descargas eléctricas, abusos sexuales y violaciones. Tres detenidos denunciaron haber sido violados, se denunciaron dos casos de ablación y tres de estrangulamiento de testículos.
La falta de atención médica, en particular para los mayores o quienes padecen enfermedades crónicas, se suma a la larga lista de violaciones del régimen.
En el caso de Douglas Pérez Centeno, quien fue extraditado de Costa Rica a Nicaragua el pasado 16 de febrero, señalan que “se encuentra recluido en régimen de incomunicación y existen razones fundadas para creer que puede estar sufriendo severos malos tratos o tortura debido a su conocido perfil de activista antigubernamental”.
Crímenes contra la dignidad humana
“Durante el período que abarca el informe, el ACNUDH documentó prácticas contrarias a la dignidad humana y a los principios más básicos de los derechos humanos, como la ablación, el estrangulamiento de testículos, y la separación total de mujeres de sus hijos lactantes, sin siquiera la posibilidad de visitas periódicas. El sufrimiento extremo que se les inflige a las víctimas y a sus familias y a sus comunidades tardará décadas en sanar”, dice una de las conclusiones del informe.
Sugieren que la crisis que se vive desde el 2018 en Nicaragua “requiere un cambio urgente de rumbo por parte del Gobierno. Es fundamental revocar el marco jurídico, administrativo y político diseñado para reprimir la disidencia y la actividad cívica y política independiente”.
Entre otras medidas, el Alto Comisionado recomienda “cesar urgentemente todos los actos de persecución contra personas y organizaciones, incluidas las organizaciones de derechos de las mujeres, percibidas como opositoras al Gobierno”.
Además, piden frenar la estigmatización desde los discursos de odio, “el acoso policial, la privación ilegal o arbitraria de la libertad, el uso indebido del derecho penal, las deportaciones, las denegaciones arbitrarias de entrada a Nicaragua y la retención de documentos de viaje necesarios para salir del país”.
Ortega sin responder
Durante el periodo examinado, ACNUDH realizó 120 entrevistas con víctimas, testigos y otras fuentes. Llevó a cabo 106 reuniones con representantes de organizaciones de la sociedad civil del país y de la comunidad internacional.
ACNUDH asegura que en mayo de 2024, envió una comunicación al gobierno de Nicaragua para obtener su versión sobre los hallazgos, pero no recibieron respuesta.
Entre 2023 y el 15 de junio de 2024, según el informe, en Nicaragua se cancelaron 303 organizaciones, entre estas organizaciones de mujeres (245) que trabajaban en violencia de género, empoderamiento económico de las mujeres, asistencia a mujeres indígenas y afrodescendientes, en salud y los derechos sexuales y reproductivos.
Para evitar la denuncia de sus abusos, el régimen Ortega- Murillo ha cancelado hasta la fecha más de 5,500 organizaciones no gubernamentales desde el 2018.
