“Nos han obligado a firmar un documento en el que debemos aceptar que todo está bien con nuestro familiar; de no hacerlo nos amenazan con suspender la visita y no recibir paquetería”, denuncian familiares de presos políticos que se encuentran en cárceles del Sistema Penitenciario.
Por: Redacción Intertextual
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Este jueves 14 de octubre familiares de personas presas políticas en las cárceles del Sistema Penitenciario, denunciaron que el tiempo prolongado de las detenciones, podría ocasionar graves consecuencias e irreparables “Algunos llevan más de 7 años privados de su libertad y las y los presos dentro del contexto de abril de 2018 llevan ya más de 1,200 días presos injustamente. No se olviden de los presos políticos,” dice la misiva.
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Según el comunicado, hay un incremento en los casos de presos políticos con síntomas de Covid-19, «ninguno de ellas o ellos están vacunados», sostienen sus familiares. Esta situación representa un grave peligro para la vida e integridad de las personas presas políticas de más de 50 años, en estas cárceles. “Por las condiciones de encierro, malos tratos, amenazas y torturas”, estas personas se encuentran en un “estado de salud mental y emocional muy deteriorado”, añaden los familiares.
Por su parte los familiares de los detenidos han denunciado el cambiado arbitrario las fechas de las visitas después de establecidas. Evitando que vean a los privados de libertad. “Nos han obligado a firmar un documento en el que debemos aceptar que todo está bien con nuestro familiar; de no hacerlo nos amenazan con suspender la visita y no recibir paquetería”, denuncian.
A la fecha se conoce, que son 28 personas que se encuentran recluidas en máxima seguridad o celdas de castigo, algunos llevan años recluidos con acceso limitado a sol, ventilación y comunicación con el exterior.
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Finalmente, denuncian los familiares de presas y presos políticos, con especial preocupación la situación de Eliseo Castro preso político desde 2019, Castro hace 28 días se encuentra internado en el Hospital Lenin Fonseca, debido a un derrame cerebral. Su familia pide que en lugar de que se traslade nuevamente al sistema penitenciario, al menos su encarcelamiento cambie a la modalidad de arresto domiciliar, por su condición de salud.
Estas familias exigen al gobierno de Daniel Ortega, “el respeto al debido proceso, proporcionando a sus abogados la información necesaria para la preparación de sus casos. Y la demanda colectiva de libertad y respeto a los derechos humanos, así como las garantías al debido proceso. Todas y todos son inocentes.”
