San José, 23 sep (EFE).- La ONG Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) denunció este lunes «incidentes de seguridad» contra la sociedad civil nicaragüense que participó en el Cuarto Ciclo de Evaluación del Examen Periódico Universal (EPU) para Nicaragua, que es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos, y que se celebró en Ginebra.
«El día de la pre-sesión dos personas desconocidas ingresaron al auditorio y procedieron a tomar fotografías de la delegación de sociedad civil (nicaragüense) que estaba exponiendo», afirmó Raza e Igualdad en una declaración.
«Otro hecho que sugiere el interés de desconocidos de boicotear la incidencia de sociedad civil en Naciones Unidas ocurrió durante una conferencia de prensa convocada por Raza e Igualdad para informar respecto de la pre-sesión y el EPU», sostuvo.
Esa ONG calificó esos hechos como «incidentes de seguridad que demuestran un patrón de represión transnacional del régimen (del Gobierno que preside Daniel Ortega), con el objetivo de silenciar las denuncias de la sociedad civil» en foros internacionales.
A finales de agosto, en Ginebra, defensores de derechos humanos nicaragüenses en el exilio denunciaron un aumento de la represión en Nicaragua bajo el Gobierno que preside Ortega, quien se encuentra en el poder desde 2007.
Además expusieron la profundización de la crisis de derechos humanos que vive el país centroamericano desde hace más de seis años, la represión hacia opositores reales o percibidos, las personas privadas de libertad por motivos políticos y que afecta a mujeres, periodistas y pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros, indicó Raza e Igualdad.
También urgieron a los Estados de terceros países exigir una investigación por «crímenes de lesa humanidad» contra Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y otros altos cargos, como recomendó el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU.
En marzo pasado, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, instó a terceros países a demandar al Estado nicaragüense ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por los delitos de «apatridia, tortura o ejecuciones extrajudiciales».
Nicaragua vive una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021 en las que el presidente Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa Murillo como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión. EFE
mg/mt/gpv
