(EFE).- La ONG humanitaria Colectivo Nicaragua Nunca Más informó este viernes sobre al menos seis desapariciones forzadas en Nicaragua, entre ellos dos exdiputados indígenas, un veterano académico, un militar en retiro, y una periodista y feminista.
«Hoy, en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el Colectivo Nicaragua Nunca Más hace un llamado a la justicia y solidaridad con aquellos compatriotas que han sido afectados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo», indicó en una declaración ese organismo humanitario.
El Colectivo Nicaragua Nunca Más, integrado por activistas nicaragüenses exiliados y con sede en San José, mencionó entre los desaparecidos forzados a los exdiputados indígenas miskitos Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez, quienes fueron detenidos en el último cuatrimestre de 2023 y, según sus familiares, no se les ha permitido verlos ni visitarlos.
También el filósofo, sociólogo y catedrático Freddy Quezada; el mayor en retiro Eddie González, la periodista y feminista Fabiola Tercero, y el joven Carlos Bojorge.
«Este 30 de agosto es un recordatorio de la necesidad urgente de visibilizar el sufrimiento de las familias, principalmente de las familias de presos políticos, quienes son detenidos sin garantías y sin que se les informe de su paradero a los familiares», abogó esa ONG.
Ese Colectivo afirmó que después que estallaron las manifestaciones antigubernamentales en abril de 2018 y que fueron neutralizadas a la fuerza por el Estado, han «documentado un creciente número de desapariciones forzadas, vinculadas a actos de represión política y violaciones sistemáticas de los derechos humanos».
Aseguró que a partir de 2023 se ha incrementado esa práctica de «desaparición forzada temporal como primer acto, luego de la detención a las personas presas políticas».
«La mayoría de ellas aparecen varios días, semanas o incluso meses después, dejándoles en una situación de especial vulnerabilidad», explicó ese organismo, que advirtió que «la desaparición forzada, temporal o permanente, es un crimen de lesa humanidad que debe ser investigado por los Estados democráticos».
Esa organización hizo a su vez un llamado «a las naciones democráticas del mundo a presionar a Ortega y Murillo para que asuman su responsabilidad de garantizar el derecho a la vida, a la libertad y a la justicia de los nicaragüenses».
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país y les privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «traición a la patria».
