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El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas denunció este miércoles que las reformas aprobadas a la Constitución Política nicaragüense son una «sentencia de muerte para el Estado de Derecho y las libertades fundamentales» del país centroamericano, gobernado por el sandinista Daniel Ortega junto con su esposa, Rosario Murillo.
«Daniel Ortega y Rosario Murillo han consagrado y afianzado su poder absoluto. Ahora controlan el poder judicial, el legislativo y el aparato electoral, con poder para suspender todos los derechos, desplegar al ejército en operaciones policiales y utilizar a la llamada ‘policías voluntarios’ como tropas de choque», advirtió el abogado húngaro Reed Bródy, miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua.
Bródy, conocido como el ‘cazador de dictadores’, señaló en una declaración escrita: «Estos cambios grotescos son la sentencia de muerte para el Estado de derecho y las libertades fundamentales en Nicaragua».
«Oficializan el cierre del espacio cívico y garantizan que los ciudadanos no tengan a dónde recurrir cuando sus derechos sean violados», indicó el integrante del Grupo de Expertos, creado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2022 para investigar todas las presuntas violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el martes artículos de una reforma a la Constitución Política en la que establece la figura de «copresidente» y «copresidenta», amplía de cinco a seis años el período presidencial, y ordena que el Ejecutivo coordine los demás poderes del Estado, es decir demuele el balance de poderes.
La enmienda constitucional, propuesta por el presidente Ortega, y aprobada de manera unánime en segunda y definitiva votación, establece que la Presidencia de la República estará integrada por un copresidente y una copresidenta electos mediante el sufragio universal.
Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, gobierna Nicaragua desde 2017 junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en medio de denuncias de fraudes electorales o eliminando a la oposición para no tener competencia.
Según la norma constitucional, para ser candidatos a copresidentes tienen que haber residido de forma continua en Nicaragua los seis años anteriores a la elección, no haber sido declarados «traidores a la patria», o no haber adquirido otra nacionalidad, con lo que se inhibe a los principales dirigentes de la oposición que fueron excarcelados, desterrados y desnacionalizados en febrero de 2023.
La enmienda establece, además, que la Presidencia de la República dirigirá al Gobierno y como Jefatura de Estado coordinará a los «órganos» legislativo, judicial, electora -no son llamados poderes de Estado- de control y fiscalización, regionales y municipales, en cumplimiento de los intereses supremos del pueblo nicaragüense y de lo establecido en la Constitución.
También que la Presidencia de la República nombrará a los magistrados judiciales y electorales, y que es la Jefatura Suprema del Ejército de Nicaragua, de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior.
La reforma constitucional está siendo discutida en segunda y definitiva lectura en el Parlamento, dominado por el oficialismo, y se prevé la culminen el 30 de enero.
Ortega ha pedido reformar la Constitución en 12 ocasiones desde 2007, incluida una que le permite reelegirse de forma indefinida.
