Por: Elinson Altamirano/ contacto@intertextualcr.com
Entre las 30.823 solicitudes de refugio este año en Costa Rica, se encuentra un sector poblacional que es invisible en las gráficas proporcionadas por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), hablamos de las personas que solicitan refugio y estaban cursando estudios superiores en su país de origen, como es el caso de los jóvenes nicaragüenses.
La realidad que atraviesa Nicaragua en temas sociales, políticos, económicos y educativos no es desconocida para los gobiernos de la región, pues la incidencia ciudadana que ejercen los exiliados, ha dejado en descubierto las acciones de la dictadura de Daniel Ortega, como el despojo de las personerías jurídicas de las universidades privadas y la confiscación de sus bienes y activos.
Esta realidad, sumada a la persecución hacia los estudiantes que expresan alguna oposición a la política estatal, ha obligado a los mismos a vivir el exilio forzado en países como Costa Rica, debido a la cercanía. Sin embargo, esta cercanía no garantiza una facilidad al memento de generar una integración a la sociedad costarricense y mucho menos a una reinserción a vida académica.
Bajo la idea de las acciones internacionales con respecto al derecho al refugio, todo estado tiene la obligación de proporcionar protección y una adecuada documentación para que las personas refugiadas pueda acceder a educación, salud y trabajo. Sin embargo, en el caso de este país, al momento de llegar como solicitante de refugio, la primera barrera a la que nos enfrentamos es al reconocimiento de una identidad como refugiados, ya que el proceso, en algunos casos, tiene una duración de más de diez años, lo que nos deja en una categoría como solicitantes, sin permiso laboral.
En el caso hipotético de ser una persona documentada como refugiado, la segunda barrera que se encuentra es la actualización de las comunicaciones con las instituciones nacionales para el reconocimiento de los documentos emitidos por la DGME, esto también en el caso de las instituciones de estudios superiores como las universidades públicas y privadas, ya que aun a la fecha, se desconoce en algunos casos este documento y lo que implica.
Para los jóvenes que vienen con la idea de poder seguir sus estudios en un país que respeta el estado de derecho, la barrera principal es el que se acepte el hecho, de que, como perseguidos políticos, en algunos casos en Nicaragua no se puede acceder a la documentación apostillada de las notas universitarias, esto si no son borradas del historial académico.
Si bien, en Costa Rica existen instancias como el Ministerio de Educación Pública (MEP) en donde el reconocimiento es gratuito y no se requiere apostillado, en la educación superior todavía existen discusiones para aceptar las notas sin apostillar, aun habiendo normativas que aprueben el reconocimiento de titulaciones y notas a extranjeros. pero el vacío en el caso de los refugiados genera un atraso en temas de acceso al derecho fundamental de la educación.
Esta realidad obliga a los jóvenes a optar por universidades privadas, en donde el proceso puede ser menos complicado y conlleva menos tiempos, pero bajo la idea de tener que iniciar nuevamente la cerrera de su elección. Es ahí en donde se encuentra la barrea de nivelación estudiantil, ya que los métodos de estudios no siempre son los mismos y en nuestro caso, la educación nicaragüense tiene carencias notables, como la poca importancia a la educación técnica o la enseñanza de idiomas, si bien esto está escrito en las instancias educativas de Nicaragua, en la práctica se ve una realidad distinta.
No solo es un caso el que sea registrado de rechazo de alguna institución como la Universidad de Costa Rica (UCR) o la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), que no acepta como documento el carnet provisional de solicitante de refugio, lo que genera un atraso en la vida estudiantil de las juventudes refugiadas, las cuales terminan cediendo a optar por iniciar nuevamente la carrera universitaria o desistir de la idea de estudiar.
El desconocimiento de los derechos que se reconocen al ser refugiado y tener condición libre, está acuerpado de políticas gubernamentales como la necesidad de solicitar permiso a la DGME para salir a otro país si se es solicitante de refugio, medida que fue declarada como inconstitucional, sin embargo, esta información es desconocida para los funcionarios de migración y limita a los estudiantes a no optar por oportunidades de estudios como intercambios con universidades de otros países.
Por otro lado, la economía de las personas resulta ser un factor considerable a la hora de la reinserción estudiantil, ya que, al haber pocos programas de becas para extranjeros o refugiados, el joven debe decidir entre estudiar o trabajar. En algunos casos se puede decidir a las dos opciones, lo que requiere un esfuerzo considerable, más no imposible.
La realidad del acceso al trabajo se ve limitada por una de las medidas que más violatorias a los derechos fundamentales de una persona refugiada y es la separación del permiso laboral con el carnet de solicitante de refugio por parte del ejecutivo, ya que mandata que para tener un permiso laboral se debe de contar y presentar documentos de la empresa contratante como el pago de impuestos y los permisos, avalados por un abogado.
La documentación requerida, las empresas no la brindan fácilmente, ya que puede representar un gasto y sin este permiso laboral, la persona refugiada no puede tener un ingreso dentro del marco regular, ya que no puede trabajar, lo que no le permite pagar el seguro social obligatorio para que su carnet de solicitante sea renovado y por ende no contar con la economía necesaria para acceder a un estudio superior universitario.
Este laberinto, creado mediante el Decreto Ejecutivo 43810-MGP, se ha vuelto la pesadilla de las personas solicitantes de refugio y en espacial de los jóvenes que se quieren integrar a la vida estudiantil, prueba de ello es que después de ser decretada esta medida solamente se ha otorgado 50 permisos laborales para nicaragüenses, según los datos solicitados en el mes de octubre a la DGME.
Si bien, en Costa Rica, se han implementado políticas y esfuerzos para lograr esta integración, es necesario que se sigan trabajando acciones para mejorar la accesibilidad, como mayores oportunidades de becas estudiantiles, mejor circulación de las actualizaciones de leyes para las instituciones, un trabajo más articulado de organizaciones que trabajan con estas poblaciones en conjunto a las instituciones estatales y un cambio dentro de las políticas universitarias, que permitan el reconocimiento de las notas a los estudiantes refugiados y solicitantes, que Nicaragua se niega a reconocer.
El acceso a la educación superior universitaria en Costa Rica, para los jóvenes refugiados no es imposible, prueba de ello somos las juventudes que hemos logrado ingresar a las universidades públicas y privadas, sin embargo, si es una lucha que desgasta mentalmente y en otros casos de manera económica. Es necesario que se sigan abriendo puertas para las juventudes refugiadas, ya que no solo Nicaragua atraviesa estos tipos de conflictos y de esa manera poder aportar al crecimiento de país que nos acoge.
Fuentes:
https://www.migracion.go.cr/SiteCollectionDocuments/Estadisticas%20Octubre%202023.pdf
