Un informe del Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua registró 229 casos de torturas desde 2019 hasta la fecha en el país centroamericano, los cuales los atribuyó al Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
«Desde 2019 hasta la fecha, el Colectivo ha recopilado 229 testimonios de víctimas de torturas y malos tratos, entre ellas 46 mujeres y 183 hombres, lo que representa un aumento de 71 casos desde el informe anterior», indicó esa ONG humanitaria en la presentación este martes de su noveno informe contra la tortura.
Este nuevo informe incorpora además testimonios de menores de edad y de personas sometidas a desaparición forzada, «lo que evidencia la creciente gravedad, extensión de estos abusos y el sometimiento a una situación de especial vulnerabilidad contra las personas presas políticas» en Nicaragua, advirtió ese organismo.
El informe señala que, además de las fuerzas policiales, el Ejército de Nicaragua ha participado en esos actos de represión, «contribuyendo a la violencia, las detenciones arbitrarias y el destierro de los nicaragüenses».
«La intervención del ejército en estos operativos intensifica el panorama de represión y vulneración de derechos en Nicaragua», alertó.
Identifican más de 40 métodos de tortura
Según el Colectivo, basado en el testimonio de las víctimas, lograron identificar al menos 40 métodos de torturas aplicados en Nicaragua, entre ellos violencia sexual, abuso sexual y tortura psicológica.
También quemaduras con cigarrillos, choques eléctricos, torturas por suspensión o colgamiento, desprendimientos de uñas, simulaciones de asesinatos y casos de amenazas de muerte contra las víctimas o sus familiares.
El noveno informe contra la tortura documentó siete violaciones, 113 casos de violencia sexual como tocamientos indebidos y tomas de fotografías a las víctimas desnudas con amenazas de publicación, así como 131 casos de desnudez forzada.
Asimismo, el informe documentó con nombres y apellidos, cargos y hechos detallados a 179 perpetradores intelectuales y materiales de las torturas, principalmente policías, encabezados por su jefe, Francisco Díaz, así como a alcaldes sandinistas y «parapoliciales y paramilitares» que el Estado los cataloga como «policías voluntarios».
«Frente a todo esto que hemos documentado, obviamente los principales responsables son Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ellos son los autores intelectuales, son los que dieron las órdenes y son los principales responsables. De ahí se derivan otros actores, que son los autores materiales”, explicó el abogado Juan Carlos Arce, del Colectivo Nicaragua Nunca Más.
ONG aboga por justicia internacional
Según esa ONG, con todos los elementos planteados, el informe prevé aportar en la búsqueda de justicia de las víctimas y supervivientes de crímenes de lesa humanidad como el encarcelamiento o detenciones arbitrarias, la tortura, la violencia sexual, la desaparición forzada, el traslado forzado o destierro y la represión a través de la apatridia.
Para el Colectivo, esos delitos no solo podrían ser perseguidos por los demás Estados democráticos, sino también, por la Corte Penal Internacional.
«El Colectivo considera que al haberse cometido algunos de ellos de forma extraterritorial en Estados parte del Estatuto de Roma existe una posibilidad de que dicho órgano tenga competencia para investigar, juzgar y sancionar a sus responsables», señaló en el informe.
En ese sentido, advirtió que las recientes reformas constitucionales en Nicaragua son contrarias a los tratados de derechos humanos.
Ortega propuso una reforma profunda a la Constitución, aprobada ya por el Legislativo en primera lectura, que transforma el Estado en una «democracia directa» ejercida a través de la Presidencia, que legaliza la apatridia y deroga el artículo en el que se prohibía la práctica de la tortura, entre otros cambios.
El informe, realizado desde el exilio por los miembros del Colectivo, que tienen su sede en Costa Rica, se enmarca en el contexto de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde 2018, año en el que murieron cientos de personas, y que se agudizó en las elecciones de noviembre de 2021, cuando Ortega y Murillo fueron reelegidos con siete de sus rivales presos y dos en exiliados.
