El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio del Interior, podrá sancionar a los organismos sin fines de lucro (OSFL) u organismos no gubernamentales (ONG) que incumplan con la normativa en materia de prevención de financiamiento al terrorismo, según una resolución publicada este jueves en el Diario Oficial La Gaceta en Managua.
La Dirección General de Registro y Control del Ministerio del Interior podrá sancionar a las ONG por no cumplir con el marco normativo en materia de prevención de financiamiento al terrorismo, entendido como el “financiamiento de actos terroristas y de terroristas y organizaciones terroristas”, según la resolución.
Esa cartera aplicará medidas correctivas y sanciones a las ONG, según la gradualidad de la infracción cometida, conforme las normas jurídicas vigentes en materia de prevención del financiamiento al terrorismo.
Además, establecerá mecanismos de supervisión y control in situ o extra situ con enfoque basado en riesgo a los OSFL, para garantizar el cumplimiento continuo del marco normativo y la detección oportuna de cualquier incumplimiento.
También monitoreará el funcionamiento de los OSFL a fin de verificar el cumplimiento normativo y evitar que sean utilizados indebidamente para actividades de financiamiento al terrorismo.
Asimismo, establecerá medidas y procedimientos que promuevan la transparencia, integridad y confianza pública en la administración y manejo de los OSFL, y verificará su cumplimiento a las medidas establecidas para prevenir, detectar actividades sospechosas relacionadas al financiamiento al terrorismo.
La cartera del Interior, según la resolución, identificará las características y tipos de ONG que estén especialmente en riesgo de ser utilizados para fines terroristas y dará seguimiento pormenorizado en caso de sospecha de actos o hechos que puedan ser constitutivos de delito.
Además, identificará y evaluará periódicamente los riesgos asociados, así como las amenazas y vulnerabilidades que puedan estar relacionados con las actividades de los OSFL.
También desarrollará actividades formativas dirigidas a los OSFL, en materia de prevención del financiamiento al terrorismo a fin de que conozcan los riesgos a los que podrían estar expuestos y las medidas de control que deben implementar para mitigarlos.
Analizarán la información financiera de las ONG
Asimismo, analizará la información financiera brindada por las ONG a fin de identificar comportamientos sospechosos o irregulares que podrían ser indicativo de financiamiento al terrorismo.
Otras acciones serán la implementación de políticas, normativas, formularios, directrices y señales de alerta para identificar cuando una ONG esté siendo utilizado indebidamente; y la verificación de que el destino de los fondos que reciben sean acorde a sus fines y objetivos.
El Ministerio del Interior deberá informar a la Unidad de Análisis de Financiero (UAF) cuando haya sospechas o tenga motivos razonables para sospechar que una ONG está vinculado a abuso para financiamiento al terrorismo o es una OSFL pantalla que recauda fondos para una organización terrorista.
También cuando esté siendo explotado como conducto para el financiamiento al terrorismo o para evadir medidas de congelamiento de activos; o esté ocultando o encubriendo el desvío clandestino de fondos legítimos para ser redireccionado a terroristas u organizaciones terroristas.
Esa normativa será aplicable a las ONG nacionales y de otra nacionalidad que operen en Nicaragua, de acuerdo con la resolución.
El Estado de Nicaragua ha cerrado más de 5.600 ONG tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018 en el país centroamericano, y en la mayoría de los casos han ordenado traspasar los bienes de esos organismos al Estado.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de “golpistas” y de “traición a la patria”.
