El abogado y defensor de derechos humanos, Pablo Cuevas, exiliado desde el 8 de marzo de 2022, ha denunciado la expropiación de su vivienda en Managua, por parte del régimen de Daniel Ortega. Cuevas decidió exiliarse debido a las constantes amenazas que recibía, y para evitar ser encarcelado, abandonó Nicaragua junto a su familia. El 25 de septiembre, el defensor informó que la propiedad, valorada en 45,000 dólares, ubicada en el barrio Anexo Villa Libertad, fue confiscada.
“El 24 de septiembre recibí una notificación de la Procuraduría desde Managua. En el documento, se informaba que tomaban posesión de mi vivienda, la cual me costó 30 años de esfuerzo. Este es otro acto abusivo, típico de la dictadura”, declaró Cuevas durante una conferencia virtual. La vivienda confiscada representa más de tres décadas de trabajo.
Cuevas es uno de los 94 nicaragüenses a quienes el régimen les quitó la nacionalidad en su arremetida contra opositores, y ahora, también lo despojan de su patrimonio. Esta es parte de la estrategia del gobierno de Ortega para perseguir a aquellos que, aunque se encuentran fuera del país, no están a salvo de las represalias, como la desnacionalización y la confiscación de bienes.
“No hubo proceso legal alguno, este es un procedimiento nulo. He trabajado en la defensa de los derechos humanos, y por eso la dictadura decidió quitarme mi vivienda”, afirmó Cuevas, refiriéndose a las razones detrás de esta medida arbitraria.
Un patrón de represión que no es nuevo
El defensor, quien se exilió con su familia, señaló que esta no es una práctica nueva del régimen. “Este es un vicio viejo, lo implementaron en los años 80. Aunque me han quitado la nacionalidad y confiscado mi vivienda, no me van a callar”, aseguró.
Desde 2022, el régimen de Ortega ha confiscado propiedades de defensores de derechos humanos, periodistas, empresarios, activistas y sacerdotes. Las autoridades alegan que estas confiscaciones son en beneficio del pueblo, pero Cuevas califica estas acciones como un “robo descarado”.
Más de dos décadas en la defensa de los derechos humanos
Pablo Cuevas lleva más de 20 años defendiendo los derechos humanos en Nicaragua. En 2018, acompañó a las familias de presos políticos, lo que intensificó las amenazas en su contra. Desde el exilio, ha sido una voz clave en la denuncia de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen Ortega-Murillo.
“Quiero dejar claro que soy víctima de este abuso por defender los derechos humanos. No he cometido ningún delito. Si hay un delincuente, ese es el gobierno de Nicaragua”, subrayó Cuevas, quien continúa firme en su lucha por la justicia.
El régimen ha intensificado su represión en los últimos seis años, con medidas como la persecución, encarcelamiento, desnacionalización y confiscación de bienes contra quienes denuncian las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
