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La posición asumida por el Gobierno de Daniel Ortega de frenar a última hora el viaje a Nicaragua en calidad de asilado del expresidente panameño Ricardo Martinelli alegando, entre otros, que Panamá no ha respaldo a Managua en el órgano de integración regional SICA es calificado por analistas locales como un «chantaje».
Cuando el lunes todo estaba listo para que Martinelli (2009-2014), de 73 años y asilado en la embajada nicaragüense desde el 7 de febrero de 2024 para evitar ir a la cárcel por una sentencia a más de 10 años por blanqueo, viajara a Nicaragua, Murillo indicó que no lo recibirían mientras no se aclarara una posible alerta roja de Interpol contra él, que ya las autoridades panameñas aclararon no existe por improcedente.
La copresidenta nicaragüense leyó un comunicado de seis puntos, en el que Managua juzga al Gobierno del presidente José Raúl Mulino acusándolo de mantener una «conducta contradictoria» en el caso Martinelli, de «difamar» a la Administración de Nicaragua y también saca a relucir el tema del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Así, el Gobierno nicaragüense señaló al Ejecutivo de Mulino de «bloquear» en el SICA, «en complicidad con otros países, el derecho de Nicaragua» a asumir la secretaría del organismo, que está vacante desde que en noviembre de 2023 el abogado nicaragüense Werner Vargas renunciara al cargo para el periodo 2022-2026.
En su editorial de este martes, el diario La Prensa de Panamá expresa que el «régimen» nicaragüense «que no respeta los derechos humanos ni el Estado de derecho y cuyas autoridades carecen de legitimidad (…) aprovechando el asilo de Ricardo Martinelli (…) intenta abiertamente chantajear a Panamá con el SICA, buscando imponer figuras que no comparten los valores democráticos».
En mismo sentido se expresó el presidente del histórico Partido Panameñista y exalcalde de la Ciudad de Panamá José Isabel Blandón, quien dijo a la televisión local que pareciera que Nicaragua dice «yo le estoy haciendo un favor a Panamá aceptando a Martinelli acá, entonces favor con favor», en referencia a la situación del SICA.
«Me parecería equivocado que Panamá ceda ante este tipo de chantajes y reitero, lo correcto desde el punto de vista de la Justicia, es que el señor Martinelli cumpla su condena en Panamá», afirmó Blandón.
Así como el presidente del Partido Panameñista, muchos políticos y activistas panameños han rechazado que el Gobierno de Mulino, un correligionario de Martinelli, concediera el salvoconducto al expresidente al entender que ha sido condenado por un delito común, como es el blanqueo, a través de una sentencia ratificada en todas las instancias pertinentes, por lo que acusan que se está favoreciendo la impunidad.
Ante la posición de Nicaragua, la Cancillería de Panamá anunció la noche del lunes que el salvoconducto otorgado el 27 de marzo y que venció ayer, fue prorrogado «72 horas, hasta el final del día jueves 3 de abril» próximo, «tomando en cuenta causas imprevistas y la necesidad de contar con un plazo razonable para la ejecución del traslado» del político.
El portavoz del expresidente y diputado por su partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, dijo este martes en declaración a la prensa en el exterior de la embajada que están «con buena vibra», ya que los Gobiernos panameño y nicaragüense «han expresado que su preocupación es la salud y la vida de Ricardo Martinelli».
«Así que estamos a buena vibra, nada más esperar los últimos detalles», afirmó.
Nicaragua no recibirá a Ricardo Martinelli mientras no se aclare alerta de Interpol
La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, leyó un comunicado de la Cancillería y dijo que el caso de Martinelli se trata de una «situación compleja contradictoria que llama mucho la atención» y que pareciera que se trata de una «trampa» o «emboscada» en contra del expresidente panameño.
«Hemos comunicado a las autoridades panameñas que mientras ellos no resuelvan esta incongruencia, no podemos, como autoridades de un Estado responsable y humanista, aceptar lo que consideramos una emboscada, tanto al ciudadano expresidente, en condición de asilo y refugio en nuestra sede diplomática, quien estaría expuesto a acciones agresivas, como al mismo Gobierno de Nicaragua, a quien se pretende generar un conflicto internacional que ni nos interesa, ni nos incumbe, ni nos pertenece», señaló Managua.
«Denunciamos por lo tanto, las posiciones y actitudes absurdas de las autoridades de Panamá, posiciones que deberían enmendar de inmediato, ubicándose al lado de la corrección política y humanista», agregó.
Murillo, esposa del copresidente Daniel Ortega, explicó que han «conocido, recientemente, con alarma, acciones violatorias del fuero diplomático y de la condición de asilo de parte de autoridades en distintos países que han asaltado e invadido embajadas, incluso agrediendo físicamente a embajador y secuestrando a asilados»
La crisis en el SICA
En ese sentido dijo que Nicaragua no comprende «por qué las autoridades panameñas han otorgado salvoconducto y casi inmediatamente han emitido una solicitud de alerta roja por acciones criminales a Interpol».
«Esta conducta contradictoria pareciera una trampa legal que pretende complicidades y deslealtades ajenas al comportamiento político coherente con las Convenciones Internacionales, del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua», sostuvo Managua.
En su comunicado, titulado «Nicaragua: respeto a nuestro pueblo y Gobierno», Managua también acusó al Gobierno de Panamá de caracterizarse, «desde que asumió el presidente José Raúl Mulino Quintero, por desconocer, difamar y actuar contra el Gobierno de Nicaragua, en inmerecidas declaraciones ofensivas».
«Y además, bloquear, en complicidad con otros países, el derecho de Nicaragua al asiento que nos corresponde legítimamente en la Secretaría General del SICA», continuó.
«En coherencia con nuestra vocación de buena vecindad y de correcta interpretación y aplicación de las legislaciones, convenciones y el Derecho Internacional, exigimos a las autoridades de Panamá, a su presidente, y a su Ministerio de Relaciones Exteriores, actuar como corresponde, y propiciar relaciones de respeto, entendimiento y hermandad entre nuestros países, porque nuestros pueblos sí saben ser hermanos», concluyó.
La posición de Panamá
La polémica sobre este asunto estalló el domingo, después de que el director de la Policía Nacional de Panamá, Jaime Fernández, aseguró en declaraciones a la prensa que el viernes les había llegado «una alerta Interpol» contra Martinelli, aunque horas más tarde la misma Policía aclaró en una nota que esa alerta solicitada por una jueza panameña estaba en «proceso».
Luego, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá advertía -en otro comunicado- que el salvoconducto concedido el jueves a Martinelli prevalece ante cualquier alerta roja de Interpol, y ya en la noche, la Policía Nacional volvía a emitir otro comunicado, en el que anunciaba que había rechazado incluir en una alerta de Interpol al expresidente debido a su condición de asilado político, por lo que parecía zanjando así el asunto.
Ricardo Martinelli, de 73 años y con una amplia trayectoria empresarial, se refugió en la embajada nicaragüense en febrero de 2024, tras confirmarse su condena de 10 años de prisión y una multa millonaria por el caso ‘New Business’, relacionado con la compra de medios de comunicación con fondos públicos.
El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, informó el pasado jueves de forma sorpresiva que otorgaba un salvoconducto a Ricardo Martinelli por razones «humanitarias», el cual tendría validez entre el 27 y el 31 de marzo.
