El elevado número de periodistas que en Nicaragua abandonan la profesión y el cierre de medios de comunicación dirigidos por comunicadores en el exilio, debe ser un llamado de atención para la comunidad internacional y defensores de la democracia y de las libertades individuales.
La difícil situación de los comunicadores a quienes el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo han atacado por todos los flancos con cierres de medios, confiscaciones, secuestros y encarcelamiento, es recogido en el informe Periodistas en el exilio, de la consultora Irene Khan, Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El documento se distribuyó el 26 de abril de este año entre los miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y se presentó formalmente en el 56 periodo de sesión de Ginebra, Suiza. El informe, también devela las difíciles situaciones que enfrentan los periodistas en el exilio a nivel mundial.
El caso Nicaragua
En el caso de Nicaragua, desde el 2018, unos 289 periodistas han salido del país por el acoso y amenazas de cárcel del régimen sandinista, según datos de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Uno de los retos identificados en el informe es que la comunidad internacional debe invertir mucho más en la protección y el apoyo a los periodistas y al periodismo en el exilio “tanto por su propio bien como por el interés general en lo que respecta a los derechos humanos, la libertad de los medios de comunicación, la paz y la democracia”.
“Los medios de comunicación en el exilio necesitan una financiación más generosa, específica y sostenida”, indica el informe, tras resaltar que en más de un tercio de los países del mundo, están ausentes o seriamente limitados.
Aunque la situación de los periodistas en el exilio sigue siendo precaria, se ha reconocido que sin estos, “habría agujeros negros informativos y zonas de silencio sobre cuestiones que preocupan a comunidades a escala nacional y mundial”. En el caso de Nicaragua, los únicos medios independientes que quedan, son las plataformas de los comunicadores exiliados.
Los retos del periodismo perseguido
El informe señala que ejercer el periodismo en el exilio es un reto pues los medios de comunicación están “aislados del público, los suscriptores, los patrocinadores y los donantes privados de su país de origen; pocos tienen un modelo de financiación sostenible”.
Destaca que las “estrategias de los donantes se orientan en gran medida a proporcionar financiación a corto plazo para crisis agudas” y que en la actualidad, los medios de comunicación dependen de la financiación de la sociedad civil y de la filantropía.
Pese al panorama sombrío, el informe resalta que están surgiendo “buenas prácticas que ponen de relieve la resiliencia, la creatividad, la energía y la valentía de los periodistas exiliados y de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con ellos”.
En grave situación
Aunque el exilio de periodistas no es un “fenómeno nuevo”, sí ha subido de tono en los últimos años “debido a la intensa presión que sufren los medios de comunicación de interés público en muchos países”.
La represión política es el principal factor para que miles de periodistas abandonen sus países; personal completo que integran una sala de redacción de medios de comunicación se han tenido que ir al exilio, como ocurrió con La Prensa, después que Ortega y Murillo ordenaron asaltarla con policías y civiles armados. Después legalizaron el robo confiscando sus bienes y acusando a periodistas con todo tipo de delitos comunes.
Agrega el informe que periodistas y sus familias están expuestos a amenazas físicas, digitales y jurídicas por parte de sus Estados de origen, “y no cuentan con un estatuto jurídico que les brinde seguridad ni apoyo adecuado para seguir ejerciendo su profesión en el país en el que están refugiados”.
En el exilio, muchos abandonan la profesión por temor a su seguridad o a la de sus familias que quedaron en su país de origen. “El exilio se convierte así en otra manera de silenciar las voces críticas, en otra forma de censura contra la prensa”, indica el informe.
“El propio exilio es una restricción ilícita de la libertad de expresión, en la medida en que limita el derecho de los periodistas a tener acceso a la información y difundirla, así como a compartir sus opiniones libremente en su propio país”, dice el informe.
Represión que cruza fronteras
El informe también recoge la tan denunciada represión transnacional cuyo objetivo es “sofocar y paralizar el periodismo en el exilio”. “Engloba las amenazas físicas, jurídicas y digitales, que van desde la violencia física, el asesinato, la extradición, el traslado encubierto y el enjuiciamiento en rebeldía hasta la violencia en línea, la vigilancia digital, la piratería informática o el bloqueo de sitios web y la interrupción de las conexiones a Internet”.
A menudo los periodistas exiliados se enfrentan a dos tipos de riesgos jurídicos de parte de sus Estados de origen: la investigación, el procesamiento y el castigo en rebeldía, y los procesos de extradición por falsas acusaciones.
El informe hace hincapié que, aunque el derecho internacional prohíbe la privación de la nacionalidad, “algunos Gobiernos la utilizan como medida de represalia contra periodistas independientes”. En ese sentido se menciona a Nicaragua, donde el régimen expulsó “a varias decenas de periodistas, así como a defensores de los derechos humanos y activistas políticos, y los despojó de su ciudadanía”.
Destaca el caso del periodista Carlos Fernando Chamorro, que fue declarado culpable de difusión de noticias falsas y conspiración para atentar contra la integridad nacional y despojado de su nacionalidad en febrero de 2023. “Estos casos son ejemplos de la forma en que los Estados están instrumentalizando los sistemas jurídicos y judiciales para silenciar a los periodistas que viven en el exilio”, dice el informe.
Y agrega: “en el marco de esa estrategia, algunos Estados han intentado ejercer acciones penales contra periodistas exiliados y han solicitado su detención a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), utilizando el sistema de notificaciones rojas, para luego pedir su extradición al país de acogida”.
Una respuesta distinta a los periodistas
El informe sugiere que en el caso de los periodistas se deberían seguir otros protocolos: “Tratar a los periodistas como parte de la comunidad general de refugiados puede ser problemático, ya que supone pasar por alto las amenazas y retos específicos a los que se enfrentan debido a su trabajo”.
Se necesitan respuestas especiales a medida, recomienda el informe. “Las necesidades de protección de los periodistas en el exilio refugiados son urgentes y diferenciadas…La Relatora Especial alienta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a que preste más atención a las preocupaciones específicas de este grupo de refugiados”, indica el informe.
Resalta que, aunque hay una creciente sensibilización y respuestas positivas de algunos Estados, “el panorama general de la situación jurídica de los periodistas exiliados sigue siendo sombrío. La demanda supera con creces la oferta de visados humanitarios de emergencia”.
“La instrumentalización del sistema jurídico y judicial del país de origen contra un periodista exiliado puede agravar la precaria situación de este en el país de acogida”, dice el informe.
Agrega que; “la imputación de un delito (…) señala al periodista como una amenaza a la seguridad para las autoridades del país de acogida lo que puede ralentizar o socavar solicitudes de visado, asilo o reasentamiento, dificultar la apertura de una cuenta bancaria o la transferencia de fondos y obstaculizar la libertad de circulación, que puede ser necesaria para el ejercicio de la labor periodística”.
Sobre la represión digital transnacional “que va en aumento”, indican que las fuerzas de seguridad de los países de acogida no suelen abordar las amenazas digitales a la seguridad de los periodistas “debido a lagunas en el derecho penal o a la falta de capacidad o de voluntad para identificar a los autores”.
“Zonas de silencio mediático” en Nicaragua
Recientemente la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la intensificación de la represión contra periodistas en Nicaragua.
Señala que, en el primer semestre del año, al menos 26 periodistas abandonaron Nicaragua por seguridad, sumándose a unos 263 comunicadores exiliados desde 2018.
El cierre de medios de comunicación en Nicaragua ha “expandido las zonas de silencio mediático en al menos ocho departamentos del país, afectando el derecho de la sociedad a recibir información, así como la transparencia, la rendición de cuentas del gobierno y el control de la corrupción”, dice la Relatoría Especial.
