English
Français
Deutsch
Español
Ser una personas Lesbiana, Gay, Bisexual, Trans, Queer y otras identidades (LGBTIQ+) migrante o en situación de desplazamiento forzado incrementa significativamente la vulnerabilidad ante el explotación sexual, la violencia y la discriminación. En Costa Rica, conocer los recursos y derechos disponibles es fundamental para defenderse y buscar justicia.
El podcast “Puertas Abiertas” del Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica (IRCA Casa Abierta), dedicó su segundo episodio a brindar una guía práctica para informar y empoderar a esta población contra la explotación, el abuso y el acoso sexual, contando con la experta Eylin Cruz Rojas, defensora de derechos humanos y especialistas en derecho penal y derecho internacional de los derechos humanos.
Una de las principales interrogantes para las personas migrantes es el alcance de los derechos en el país de acogida. Ante esto, Eylin Cruz fue enfática al mencionar. “Por el hecho de ser personas, todas tenemos derechos humanos que son universales y que deben de ser aplicados sin ninguna discriminación. Cualquiera persona, incluyendo de parte de la comunidad LGBTIQ+ que haya sido víctima de un delito puede interponer una denuncia ante las autoridades costarricenses.”
Esto significa que independientemente de la condición migratoria, las víctimas de delitos como violación, abuso sexual, acoso sexual, violencia física o psicológica, e incluso intentos de privación de la vida, pueden y deben denunciarse.
El temor a las represalias o a la propia situación migratoria puede ser paralizante, sin embargo, el sistema costarricense ofrece garantías. “Toda persona tiene derechos a interponer una denuncia independientemente de su condición, nacionalidad, orientación sexual, de su rango etario… La condición migratoria no afecta. No hay ninguna restricción” aseguro Cruz Rojas.
Además, el Poder Judicial de Costa Rica cuenta con una “oficina de atención y protección a víctimas de delitos” que ofrece una serie de garantías y protecciones especificas según la naturaleza del delito. Esta oficina opera en todas las provincias del país, añadió la experta.
Lo que se debe hacer para interponer denuncia de violencia
Ante una situación de violencia sexual, ¿cuál es el primer paso? Cruz Roja recomienda, en casos de violencia actual o inminente, “llamar inmediatamente a través de 911”. Para denuncias formales, se debe acudir a la oficina más cercana del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) o a la delegación más cercana del Ministerio Público (Fiscalía), ubicada en las mayoras de los cantones de Costa Rica. Es crucial interponer la denuncia en el lugar donde ocurrieron los hechos por cuestiones de competencias.
Una preocupación constante entre la población migrante es la falta de documentación. Cruz Rojas aclaró que “cualquiera persona (…) puede presentar un documento de solicitud de refugio, un documento de DIMEX o residencia permanente, se puede presentar el pasaporte vigente o la cedula de identidad de su país de origen o inclusive(…) expresar en esa denuncia que sus documentos fueron sustraídos”. La falta de documentos de identidad no debe ser un impedimento, para denunciar, y las autoridades tiene el deber de recepcionar la denuncia e investigar las circunstancias, puntualiza.
Una vez presentada la denuncia, el proceso y los tiempos pueden variar dependiendo de si el agresor está detenido o no. Sin embargo, el Poder Judicial tiene la facultad de dictar medidas de protección mientras dura el proceso. La oficina de atención y protección a víctimas del delito ofrece apoyo psicológico y de trabajo social, además de análisis de riesgos. En caso de violencia sexual reciente (dentro de las primeras 72 horas), este protocolo es “totalmente incluyente” no discrimina por ningún motivo.
Atención a personas trans y no binarias
En cuanto a la atención a personas trans y no binarias, Cruz enfatizo que las instituciones como OIJ y el Ministerio Publico actúan “por ministerio de ley” en los procesos de investigación cuando una persona ha sido víctima de un delito.
La misma ley de violación, por ejemplo, “no señala, no discrimina en relación con el sexo, se refiere a personas”. Si bien la práctica puede presentar desafíos debido a prejuicios individuales, existen mecanismos para denunciar la mala praxis de funcionarios ante la mima institución o ante instituciones o ante la Defensoría de los habitantes.
Cruz Rojas señaló algunos obstáculos que enfrentan la población LGBTIQ+ migrante para acceder a la justicia, incluyendo la normalización de conductas violencias dentro de la propia comunidad, el desconocimiento de los derechos y las instituciones de apoyo, y la falta de seguimiento a las denuncias presentadas. Es crucial “dejar de normalizar” la violencia y “conocer los derechos” y las instituciones que pueden brindar apoyo integral.
La experta recordó antes de finalizar la entrevista el directorio donde hay que acudir para denuncias: El 911 para emergencias, Oficina de Atención a Víctimas del Poder Judicial (todas las provincias), OIJ y Fiscalía (en la mayoría de los cantones), Puntos Violeta (municipalidades/INAMU), y Línea Segura de IRCA Casa Abierta.
Es vital recordar que, como personas migrantes LGBTIQ+ e desplazamiento forzado, “el conocimiento nos empodera”. Esta guía práctica es un paso importante para hacer valer sus derechos buscar protección ante cualquier situación de violencia. IRCA Casa Abierta reafirma su compromiso como un lugar seguro, instando a la comunidad a denunciar y a informarse.
