La crisis sociopolítica que azota a Nicaragua desde abril de 2018 ha dejado un rastro de represión y violaciones de derechos humanos, sin precedentes para la población.
Según el reciente informe de mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua, hasta el 15 de abril de 2024 hay en las cárceles 138 personas privadas de su libertad ilegalmente, entre ellas 23 mujeres y 18 adultos mayores, en “condiciones inhumas”.
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De este saldo de personas presas políticas 128 “fueron detenidas a partir de las protestas de abril y 10 judicializada previo a ese contexto” dice el Mecanismo.
De esta lista de personas “tres se encuentran en estado de desaparición”, refiere el informe. Entre ellos líder Yatama Brooklyn Rivera, y el joven poeta Carlos Bojorges. Organizaciones de derechos humanos han exigido información sobre ellos y sobre su situación legal y física.
12 detenciones en 2024 en Nicaragua
En el periodo de 1 de febrero al 15 de abril de 2024, el informe revela que hubo “12 detenciones arbitrarias con aparentes motivaciones políticas en Nicaragua.”
De estas detenciones en el primer trimestre del año siete personas fueron liberadas, mientras que “la ubicación de cinco restantes aún no ha sido confirmada, manteniéndose bajo investigación” sostiene.
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El Mecanismo añade que el uso sistemático de las detenciones ilegales y arbitrarias son parte de la estrategia de la dictadura de Daniel Ortega “para ejercer control.” Y destacan “un aumento en los malos tratos, incluyendo violaciones sistemáticas de sus derechos, como torturas.”
Familiares optan por el anonimato
La represión y criminalización que prevalece en Nicaragua en los últimos meses, crea temor en las familias de las víctimas.
El Mecanismo de Reconocimiento apunta que estas familias han “tomado la decisión de mantener el anonimato de sus nombres para preservar su seguridad física.”
Como resultado de esta precaución tomada por las familias “se ha agregado 14 personas más a la lista de anónimos, reflejando el temor generalizado y la necesidad de protección en medio de la creciente represión en Nicaragua.”
Alarmante situación de personas presas políticas en Nicaragua
Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas advierte que, en los últimos dos meses se han documentado “numerosos casos de procesos judiciales injustos” donde se ignoran las garantías legales básicas y se imponen sentencias arbitrarias.
Además, han reportado torturas y malos tratos, incluyendo golpizas, privación de sueño, amenazas y humillaciones. “Estas prácticas tiene como objetivo intimidar y silenciar a la oposición política” generando miedo y represión en todo el país.
Con las visitas de las familias hay otras medidas de supuesta seguridad impuestas, les exigen dejar los paquetes en un punto donde serán revisados por perros entrenados.
El costo humano de la represión
Olesia es corista católica, tiene 51 años, fue encarcelada el 06 de abril de 2023, y acusada de “menoscabo la integridad nacional y “propagación de noticias falsas” tras haber sido liberada por participar en protestas.
El periodista Víctor Ticay era corresponsal en Nandaime de un medio nacional y tenía su propia plataforma informativa, tiene 31 años. Este pasado 06 de abril, cumplió un año de estar preso por transmitir en vivo una actividad religiosa, fue condenado a ocho años de cárcel injusta por ejercer su profesión.
Estas dos personas y sus historias de encarcelamiento ilustran el costo humano de la represión en Nicaragua, donde el ejercicio de derecho fundamental como la libertad de expresión, la participación ciudadana y de culto es castigada con severidad.
Libertad para las y los presos políticos
En el sexto aniversario de represión en Nicaragua, organizaciones sociales, colectivos de derechos humanos y el periodismo independiente se ha sumado para exigir la libertad de Víctor Ticay y de todas las personas presas políticas en Nicaragua.
El informe lanza una alarma manifestando que a medida que pasa el tiempo “aumenta el riesgo de daños irreversibles” en la vida de personas presas políticas.
Para el Mecanismo la medida del destierro de 222 personas en febrero del 2023 es una solución a la situación de las 138 personas privadas de su libertad.
