San José, 14 oct (EFE).- La opositora Concertación Democrática Nicaragüense (CDN-Monteverde) pidió este lunes a los cancilleres de Centroamérica no elegir como nueva secretaria general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) a ninguna de las tres candidatas propuestas por el Gobierno que preside Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
«Nos dirigimos nuevamente a ustedes para exponerles que las integrantes de la nueva terna que presentó el régimen Ortega Murillo para ocupar la Secretaría General del SICA son personas que no representan los valores sobre los que se fundó esta institución regional, y ninguna se ajusta a los estándares establecidos en los documentos constitutivos», indicó ese movimiento opositor nicaragüense en el exilio en una carta pública dirigida a los cancilleres centroamericanos.
«Tras fracasar en su intento de colocar en la Secretaría General del SICA al señor Valdrack Ludwing Jaentschke (actual canciller nicaragüense), ahora el régimen Ortega Murillo propone a tres funcionarias que, por su desempeño en puestos clave del mecanismo represivo, son señaladas por organismos internacionales de derechos humanos de perpetrar crímenes de lesa humanidad contra la población y merecieron sanciones de la comunidad internacional», señaló.
La nueva terna de candidatas propuestos por Ortega son, en ese orden, la diputada sandinista Arling Patricia Alonso Gómez; la ministra del Interior, María Amelia Coronel Kinloch, y la asesora presidencial para temas de salud y exministra de Salud, Sonia Castro.
¿Quién son las tres candidatas?
La CDN-Monteverde, integrada por opositores desnacionalizados por las autoridades nicaragüenses, entre otros, recordó que Castro, durante su gestión al frente del Ministerio de Salud, «ordenó que los hospitales públicos negaran la atención a los opositores heridos durante las protestas de 2018», que dejaron más de 350 muertos, «algunos por el rechazo en los centros asistenciales, lo cual constituye delito de lesa humanidad».
Asimismo, «ordenó el despido de decenas de médicos que se negaron a cumplir sus órdenes», y por esos señalamientos, en 2019, «se convirtió en una de las primeras ministras en recibir sanciones» por parte de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza.
Sobre la Ministra del Interior, los opositores la señalaron como la «responsable directa de la anulación de la personaría jurídica a más de 5.000 organizaciones no gubernamentales (ONG) y la confiscación de sus bienes, incluidas universidades, organizaciones benéficas y congregaciones religiosas».
También que, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, ha expulsado y anulado la nacionalidad a más de 400 nicaragüenses, negado el pasaporte a cientos de personas, y prohibido el ingreso al país a otros cientos «a los que han desterrado convirtiéndolos en apátridas de facto».
En el caso de Alonso Gómez, la CDN-Monteverde dijo que actualmente ocupa la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional (Parlamento), donde, «a través de leyes represivas, promovidas y votadas por ella, ha impulsado la persecución por razones políticas y religiosas de los ciudadanos y socavado la democracia y las instituciones».
«Esto provocó que en 2023 Estados Unidos la incluyera en la Lista Engel», añadió.
Advierten consecuencias para el SICA
Por tanto, los opositores nicaragüenses consideraron que, «por sus reiteradas violaciones a los derechos humanos y las consecuencias internacionales de sus actos, de ser electas, ninguna estará capacitada para suscribir acuerdos de cooperación financiera a favor del SICA y perjudicarían el desempeño del sistema en favor de los centroamericanos, con el riesgo de que los efectos de sus sanciones se hagan extensivos a la Secretaría General del SICA».
Asimismo insistieron que elegir a una candidata de Ortega «pondrá en riesgo la seguridad de Centroamérica por el posible involucramiento en un conflicto global, en vista de su declarada alianza estratégica con el bloque de países totalitarios encabezados por Rusia y China, en el contexto de una nueva Guerra Fría».
La Secretaría General del SICA se encuentra vacante desde que a mediados de noviembre de 2023 el abogado nicaragüense Werner Vargas renunciara al cargo para el período 2022-2026, para el que fue nombrado como propuesta de Nicaragua.
El SICA, creado en Tegucigalpa en 1991, lo integran Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana como miembros de pleno derecho, mientras que México, Estados Unidos y otros países tienen la categoría de observadores regionales. EFE
