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Tegucigalpa, 14 oct (EFE).- El Bufete Justicia para los Pueblos y la Coalición contra la Impunidad en Honduras exigieron este lunes justicia por el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido hace un mes en Tocoa, departamento caribeño de Colón, la captura de los autores intelectuales del crimen y la protección para su familia.
“Las exigencias que estamos haciendo, a un mes del asesinato del ambientalista Juan López, es que se continúe con las debidas diligencias para dar con los autores intelectuales de este hecho”, dijo a EFE Junior Zúñiga, abogado del Bufete Justicia para los Pueblos.
López, coordinador del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT), fue asesinado el 14 de septiembre por hombres armados mientras se encontraba en su vehículo en un concurrido barrio de Tocoa, una región con altos índices de violencia en Honduras.
El abogado indicó que han solicitado protección para la familia de López, un reconocido ambientalista hondureño defensor del río Guapinol y opositor a proyectos mineros.
«Debido al trabajo que Juan López realizaba, su familia y todas las personas que trabajan con él corren un gran riesgo y peligro», subrayó Zuñiga, también defensor del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
El equipo de abogados de la familia del ambientalista, quien además era concejal del municipio de Tocoa por el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), espera «prontitud» en el proceso de investigación, señaló.
Recordó que tres hombres han sido detenidos como «autores materiales» del asesinato de López, pero «falta la parte más importante: los que planearon (el crimen) y los que dieron el dinero».
La Coalición contra la Impunidad indicó que López y los miembros del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa tenían medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023 ante las «amenazas e intimidaciones» que sufrían por su labor de defensa de los derechos humanos.
«En el momento de su asesinato, Juan López seguía siendo criminalizado por el Estado de Honduras e Inversiones Los Pinares, y hoy en día todavía hay defensores en la zona que siguen enfrentándose a este riesgo por su legítima defensa de los bienes comunes», enfatizó la coalición hondureña en un comunicado.
López se oponía al proyecto minero Guapinol de la empresa Los Pinares, en Colón, al considerar que afectaba el Parque Nacional Carlos Escaleras.
En 2023, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa denunció «la contaminación ambiental» en el Parque Nacional Carlos Escaleras y «la falta de respuesta» del Estado, y ese mismo año fueron asesinados los ambientalistas Aly Domínguez, Jairo Bonilla y Oquelí Domínguez.
«No solo los asesinatos y las amenazas recibidas por los miembros del Comité han quedado en la impunidad, sino que decenas de personas, incluyendo familias enteras, han sido desplazadas forzosamente de la zona debido a las amenazas recibidas, empujadas al asilo por defender el agua limpia para sus familias», subrayó la Coalición. EFE
