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Un grupo de nicaragüenses exiliados, en su mayoría desnacionalizados, solicitó este martes expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA), debido al «autogolpe de Estado» que, a su juicio, ha dado el Gobierno de Daniel Ortega a través de una reforma constitucional que otorga un poder total a la Presidencia de la República sobre los demás poderes.
En un pronunciamiento, los firmantes hicieron un llamado a la comunidad internacional para que «endurezcan sus sanciones y medidas contra la dictadura Ortega Murillo, en el campo político y económico», y los instaron «a que no se limiten a emitir declaraciones y comunicados».
Entre esas medidas recomendaron expulsar a la «dictadura» del CAFTA; aplicar suspensión, al menos temporal, del SWIFT que usan bancos de Nicaragua con los de Estados Unidos; y suspender de manera inmediata el financiamiento por parte de los multilaterales.
También introducir juicios contra el régimen de Ortega en tribunales internacionales o nacionales por los «crímenes de lesa humanidad cometidos, incluidos el genocidio, asesinatos y tortura, y violación del Convenio de Apatridia, entre otros delitos», y rechazar los intentos de Nicaragua de controlar el Sistema de Integración Centroamérica (SICA).
Denuncian instauración de «monarquía absoluta de dos cabezas»
En su declaración, los 71 nicaragüenses, entre ellos la legendaria exguerrillera Dora María Téllez, y la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más, rechazaron la nueva Constitución, aprobada en primera legislatura la semana pasada, «porque constituye un autogolpe de Estado a la institucionalidad diseñada por consenso en la Constitución de 1987 y sus reformas de 1995».
Además, porque la misma busca «la consolidación de una dictadura hereditaria familiar, acumulando más poder del que tienen», y crear «una monarquía absolutista de dos cabezas».
Esas reformas son, a juicio de ese grupo de opositores, que se identifican como perseguidos políticos, «una declaratoria de guerra política al pueblo de Nicaragua», porque pretenden legalizar «la radicalización de la represión y la intensificación de la guerra política, valiéndose de una nueva Constitución que le otorga aún mayores poderes a la dictadura conyugal».
Consideraron que frente a ello, todos los sectores opositores en conjunción con las bases populares deben responder con «acciones concretas que golpeen a la dictadura, contribuyan al levantamiento popular y aceleren el proceso de implosión del régimen».
Para ese grupo, el «autogolpe de Estado perpetrado muestra que la dictadura no tiene ningún interés en solucionar la crisis del país por la vía democrática», por lo que esperan «contar con la ayuda de fuerzas políticas democráticas y de países amigos».
Piden a Ejército ponerse al lado de la democracia, la justicia y la libertad
Además, pidieron al Ejército no participar «en ningún tipo de represión contra las acciones que se desarrollen en la legítima lucha por el retorno de la democracia».
«El Ejército no fue construido para ser pretoriano ni al servicio de dos criminales de lesa humanidad y de crímenes de guerra, sino un Ejército al servicio de nuestro pueblo. Es hora que se ponga del lado de la democracia, la justicia y la libertad. Igual llamado hacemos a integrantes de la Policía Nacional que aún no se han comprometido en crímenes contra el pueblo», instaron.
Asimismo, remarcaron que la comunidad internacional debe entender «que la lucha contra un régimen como el de Nicaragua requiere respaldo material de todo tipo».
«Las declaraciones y sanciones personales son insuficientes. Las tareas de organización, comunicación y divulgación requieren recursos que la resistencia en el exilio y en el país no tenemos. Poner fin a una dictadura como la de Ortega y Murillo es una contribución con la democracia en todo el continente», anotaron.
El Parlamento de Nicaragua aprobó el viernes pasado y en primera legislatura enmiendas a la Constitución, que transforma el Estado, que pasará de ser una República democrática, participativa y representativa a una «revolucionaria» y de «democracia directa» ejercida a través de la Presidencia.
La reforma constitucional, la número 12 que promueve Ortega desde su llegada al poder en 2007, también otorga un poder absoluto al mandatario y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, sobre los demás poderes del Estado, establece la figura de «copresidenta» y amplia de cinco a seis años el período presidencial, entre otros cambios.
