Las confiscaciones en Nicaragua han abierto una nueva investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) denominada “LA PUNTA DEL ICEBERG DE LA NUEVA PIÑATA ORTEGA-MURILLO”, que fue presentada este 16 de mayo del 2024 en conferencia de prensa.
Dicho trabajo de investigación, revela que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha confiscado ilegalmente más de 250 millones de dólares en bienes desde 2018 a la fecha.
Esta política represiva que ha utilizado el gobierno Ortega Murillo ha afectado a la ciudadanía desnacionalizada, organizaciones no gubernamentales, empresarios privados, universidades, La iglesia católica, medios de comunicación y embajadas.
El Informe de OPTA realizado bajo la investigación del periodista nicaragüense Wilfredo Mirandoa Aburto documenta cómo “La confiscación y apropiación ilegal de bienes” se ha convertido en una “política de Estado” que agrava la crisis económica y social en Nicaragua.
El Investigador recordó el artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua que prohíbe la confiscación de bienes “ pero el gobierno ha implementado reformas para legitimar estas acciones” sostiene Miranda.
Confiscaciones a desnacionalizados en Nicaragua
En febrero de 2023 , la aprobación de una reforma al artículo 20 de la constitución política permitió despojar de su nacionalidad y bienes a personas declaradas “ traidores a la Patria». Hasta la fecha son “317 nicaragüenses” víctimas de esa reforma.
El valor de las propiedades confiscadas varía significativamente, con un rango entre 50,000 y 700,000 dólares . De los 317 afectados , OPTA logró documentar 36 casos, que suman un total de 17.2 millones de dólares en propiedades confiscadas.
El observatorio destaca en el documento que la mayoría de las confiscaciones se concentran en Managua con un 75%, seguido de Masaya con el 22.2%, Carazo con 9.2%, León 8.3% y Granada con 2.8%.
El 58% de las propiedades están ubicadas en zonas residenciales de alta plusvalía y algunas incluyen viviendas de arquitectura colonial. “ De los propietarios afectados el 58.3% afirmó que la confiscación ya fue ejecutada por agentes gubernamentales, y en un 8.3% de los casos, los inmuebles ya pertenecen al Estado», dicta el documento.
ONG y sector empresarial víctimas de confiscaciones
El impacto en las ONG también ha sido devastador. Desde 2018, “el gobierno ha clausurado 3,494 ONG en Nicaragua.” Un 23% corresponden a organizaciones educativas, el 13% de salud, 13.5% gobernabilidad, 11.18% derechos humanos, 11% desarrollo, entre otros rubros.
“Aunque el régimen no ha especificado cuántas instalaciones ha confiscado, para esta investigación confirmamos que 30 ONG fueron afectadas. Identificamos 41 propiedades confiscadas, en su mayoría edificios de oficinas, filiales en los departamentos y fincas dedicadas para labores científicas y emprendimientos”, refiere el periodista e investigador.
Por su parte el sector empresarial no ha sido inmune a esta represión “ El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y 35 cámaras empresariales han sido clausuradas, con propiedades intervenidas y confiscadas.
Además de ser atacados de manera gremial, el régimen también ha confiscado a empresarios a título personal y a empresas. Los únicos casos que han sido denunciados públicamente son el de la empresa guatemalteca Tomza y el de Piero Coen Ubilla. Al margen de las confiscaciones el régimen inició un proceso legal contra Coen, sin razón específica.
El investigador Manuel Orozco manifestó que la razón de estas confiscaciones de propiedades de parte del oficialismo “ es la búsqueda de un footprint de inversiones y comercio exprés”
Orozco sostiene que las propiedades de grandes empresarios pueden sumar 300 millones de dólares, ya que hay casos que no se conoce públicamente “ es un negocio redondo, por que las confiscaciones son de naturaleza clientelista para dar premios” aseveró el especialista
Cacería contra universidades
En Nicaragua las universidades han sido blanco de medidas represivas desde diciembre de 2012, el régimen ha confiscado 21 centros de estudios superiores, incluyendo la prestigiosa Universidad Centroamericana (UCA).
En el caso específico de la Universidad Centroamericana, las autoridades universitarias confirmaron que el régimen Ortega-Murillo giró un “oficio” en su contra por el delito político de “terrorismo”, de la mano de la “incautación de bienes inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional o extranjera de las cuentas bancarias inmovilizadas, productos financieros en moneda nacional o extranjera” sostiene la investigación de OPTA.
Y añade que el valor de las propiedades confiscadas a universidades ascienden a más de 30 millones de dólares, con casos como la Universidad Paulo Freire y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas ( INCAE).
Así mismo, la Iglesia Católica no ha escapado a esta oleada represiva de confiscaciones “ En los últimos años, 15 propiedades de nueve asociaciones religiosas han sido apropiadas por el régimen afectando conventos, universidades y residencias pastorales.
A pesar del golpe tremendo sufrido, así como la congelación de sus cuentas bancarias, la Iglesia Católica no ha dado información sobre el balance de sus pérdidas a causa de las confiscaciones, que también incluyen afectaciones a emisoras como Radio María.
Medios de comunicación confiscados
Daniel Ortega y Rosario Murillo han pretendido acallar a los medios de comunicación confiscando una serie de propiedades. La primera oleada de confiscaciones se registró en diciembre de 2018 afectando al Semanario Confidencial y al Canal 100% Noticias.
La policía se tomó las instalaciones donde operaban los programas Esta Semana y Esta Noche de Confidencial. “ Aunque el medio no ha revelado el valor de sus inmuebles confiscados, se sabe que la propiedad ahora pertenece al Ministerio de Salud que inauguró la Casa Materna Camila Lopez en febrero de 2021.
El Canal 100% Noticias fue asaltado y confiscado . Miguel Mora su director estimó las pérdidas en más de 5 millones de dólares, incluyendo equipos, vehículos,con un inmueble valorado en unos 900.000 dólares.
En 2021, La Prensa con casi 100 años de existencia fue confiscada. La pérdida de la Prensa se calcula en más de 20 millones de dólares, sin contar las ganancias pérdidas debido a las restricciones aduaneras desde el 2018.
Deuda Pública: nueva crisis en Nicaragua
Desde el 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con su estrategia represiva que incluye la confiscación de propiedades la OPTA apunta. “ Este saqueo, similar a la Piñata de los ochentas, ha generado una deuda pública millonaria y deja a Nicaragua en una encrucijada económica, ” deuda que apenas comienza a cuantificarse.
Wilfredo Miranda dice que la falta de información de propiedades es “alarmante». Sin embargo con esta investigación se logró documentar la confiscación de 135 propiedades, cuyo valor asciende a 250 millones de dólares “Este monto es solo la punta del iceberg de las confiscaciones” porque no se conoce la cantidad total de expropiaciones en Nicaragua hasta la fecha dice el periodista investigador.
Jesús Tefel, presidente de “ Hagamos Democracia” dijo que estas confiscaciones representan un retroceso en la senda de Nicaragua “ lamentamos mucho y creemos que va repercutir negativamente en los próximos años.”
Tefel concluyó que la sociedad nicaragüense debe aprender de los errores de los ciclos de corrupción y violaciones de derechos humanos. “Es crucial que al llegar el momento de un cambio, se garantice la no repetición de estos crímenes y se evite que el poder estatal recurra a confiscaciones arbitrarias y al enriquecimiento ilícito de las autoridades a expensas del pueblo.”
