El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidad (ONU), que revisa periódicamente el historial de derechos humanos de los 193 Estados miembros; fue creado el 15 de marzo de 2006 mediante la resolución 60/251.
Según la ONU, el EPU es una, “innovación importante” que asegura “igualdad de trato para todos los países”, y permite a los Estados declarar las medidas adoptadas para mejorar los derechos humanos y superar dificultades.
Examen Periódico Universal vital para denunciar violaciones de derechos humanos en Nicaragua
A través de este mecanismo, otros Estados han podido hacer recomendaciones a Nicaragua instando al gobierno a abordar las graves violaciones de derechos humanos documentadas por organizaciones internacionales y locales.
En entrevista con Intertextual el abogado Salvador Marenco, explicó en detalle la importancia del Examen Periódico Universal (EPU) para Nicaragua, resaltando que es “un mecanismo voluntario creado por el Consejo de Derechos Humanos” que permite a los Estados “compartir buenas prácticas” y recibir recomendaciones de otros países en materia de derechos humanos.
El defensor de derechos humanos del Colectivo Nicaragua Nuca Más apuntó que, aunque Nicaragua ha participado en este examen, lo ha hecho bajo un régimen que “relativiza, minimiza y oculta violaciones graves a derechos humanos.”
A pesar de esto, enfatizó que el examen sigue siendo crucial, “para nosotros los nicaragüenses, este examen es de vital importancia” porque es uno de los pocos espacios donde la comunidad internacional puede “levantar la voz ante las graves violaciones a derechos humanos que estamos sufriendo.”
El papel de las organizaciones ante incumplimiento de recomendaciones del EPU
Salvador Marenco destacó el papel de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso, afirmando “son ellas las que deciden qué tema vamos a abordar en esos informes de contribución, exponiendo la situación de derechos humanos y las posibles recomendaciones».
La plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, conformada en 2016 y compuesta por seis redes con más de 100 organizaciones en todo el país, ha jugado un papel clave en el seguimiento de las violaciones al derecho de asociación en Nicaragua desde mayo de 2019.
La organización ha destacado en su último informe que el Estado de Nicaragua, “no ha cumplido con las recomendaciones recibidas” en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) que incluyen garantizar el derecho de asociación, proteger a defensores de derechos humanos, revisar y derogar leyes restrictivas, establecer entornos favorables para la sociedad civil y cooperar con mecanismos internacionales de derechos humanos. También hay recomendaciones que, precisan la liberación de presos políticos, la protección de la libertad de prensa, entre otras.
Según la plataforma de ONG, en lugar de mejorar la situación de los derechos en Nicaragua, el gobierno ha continuado con prácticas que “ restringen la actividad de las organizaciones no gubernamentales y socavan el espacio cívico».
Tercer ciclo del EPU: Estado de Nicaragua niega incumplimiento
El informe presentado por el Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua en el tercer ciclo del EPU niega que el país haya incumplido con las recomendaciones internacionales sobre los derechos humanos, particularmente en lo que respecta a la libertad de expresión, de prensa y de asociación.
“No existe censura previa en el país, los periodistas pueden ejercer su labor sin restricciones” declaró el Estado. Además que se garantiza “el derecho de reunión pacífica y la existencia de miles de organizaciones sin fines de lucro registradas,” lo que según el gobierno Ortega Murillo demuestra el respeto de la libertad de asociación.
A la fecha más de 5,200 ONG han sido canceladas en Nicaragua de las 7600 que estaban registradas, revelan varias organizaciones en redes sociales; luego que el Ministerio del Interior publicará en la Gaceta Diario Oficial de Nicaragua la cancelación de 1500 ONG cerradas en un solo día, el pasado 19 de agosto de 2024.
Hasta el momento no se conoce el último informe del Estado; pero en el tercer ciclo del año 2019, el gobierno de Nicaragua se presentó supuestamente comprometido con el respeto de los derechos humanos, negando cualquier incumplimiento de las recomendaciones emitidas en ciclos anteriores del EPU.
Marenco recuerda que todos los exámenes periódicos “han sido bajo este régimen sandinista” apunta resintiendo a la vez “ no hemos tenido un examen periodico en democracia.”
El abogado subrayó que el EPU se convierte, en un espacio de denuncia, especialmente para regímenes dictatoriales como el de Nicaragua, ya que la “comunidad internacional se sigue pronunciando ante la alarmante violación de libertad de asociación y derechos humanos.”
Relatora Gina Romero: La participación de la sociedad civil es clave para la efectividad del EPU
Gina Romero, relatora de Naciones Unidas para la libertad de asociación y asamblea pacífica, destacó la importancia de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de evaluación de los compromisos de derechos humanos de los Estados, afirmando que es “ indispensable que la sociedad civil de todos los países se involucren en la revisión independiente y autónoma del cumplimiento o no de los compromisos de los derechos humanos que adquieren los países.”
En particular explicó la relevancia de esa participación en países con regímenes autoritarios o espacios cerrados” ya que en muchas ocasiones, “esta revisión es la única forma real de interacción con otros regímenes, en especial cuando a ellos aun les interesa lo que piensa la comunidad internacional de su acción”
Romero quien también ha sido activista durante muchos años, argumentó que el EPU ofrece “un buen momento de interacción con otros países para hacer incidencia” resaltando que la “presión entre pares es la única forma real de que algunos regímenes y algunos gobiernos puedan actuar en favor de la democracia, el espacio cívico y los derechos humanos.
La relatora refiere que lo especial del EPU es “la acción voluntaria del Estado por lo que abre una puerta inmensa para la incidencia.”
Ella apunta tres puntos de acción pertinentes en el EPU que incluye “ proponer enviar comentarios a los gobiernos, analizar informes y abrir diálogo con los países en revisión para recomendaciones y seguimiento”. Concluyó que cualquier acción debe ser coordinada con tiempo y contar con múltiples insumos desde la sociedad civil y otros actores.
EPU: clave para la memoria histórica y justicia futura en Nicaragua
Salvador Marenco resaltó la importancia del EPU en el contexto de la memoria histórica, señalando “este examen ha servido también como línea de tiempo de las violaciones graves a derechos humanos,” un proceso que según él “ no admite impunidad y no admite olvido.”
El abogado defensor, recalca que aunque el Estado no acepte las recomendaciones , “es peor el silencio y sumarnos por omisión a una política de negar y olvidar las violaciones a derechos humanos,” porque hay víctimas que continúan sufriendo en Nicaragua y en el exilio, “esas personas merecen que su situación aunque sea de forma general sea elevada a los Estados y acogida por la comunidad Internacional”, sostiene.
El EPU, sirve como “un elemento de prueba para futuros procesos a futuro, en un eventual retorno a la democracia en Nicaragua»,dijo el abogado Salvador Marenco concluyendo que “los crímenes de lesa humanidad no prescriben».
