22 y 23 de marzo de 2023, audiencia en la Corte IDH contra el Estado de El Salvador, donde se busca justicia para Beatriz y su familia.Por: Redacción Intertextual/ contacto@intertextualcr.com
Beatriz era una joven de una comunidad rural llamada Usulután de El Salvador. Nació el 30 de octubre de 1990. Su situación económica era de extrema pobreza. A los 19 años la diagnosticaron con Lupus Eritematoso Sistémico agravado con nefropatía lúpica y artritis reumatoidea.
En el año 2011 salió embarazada y su salud se vio complicada “tuvo un embarazo de alto riesgo”. El parto fue por cesárea tuvo “un niño pretérmino con síndrome de distress respiratorio y enterocolitis necrotizante.”
Al verse afectada en su primer embarazo se le propuso esterilizarse, sin embargo, ella no quiso, tenía temor que su niño muriera y no pudiera tener otro.
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Organizaciones de la sociedad civil relatan que Beatriz en el año 2013 tiene un segundo embarazo de alto riesgo de 11 semanas “cuando acude al hospital por lesiones vinculadas al lupus, un ultrasonido reportó una malformación congénita en el feto, conocida como anencefalia. Al conocer el nulo pronóstico de sobrevida del feto y las posibles complicaciones para su salud.”
Ante esta situación la joven decide “solicitar la interrupción del embarazo.” Algo que no era posible en el Salvador. Aun así “los médicos tratantes remitieron el caso al Comité Médico para consensar (sic) momento de interrupción por beneficio materno ya que la anencefalia es incompatible con la vida” sostienen.
En este segundo embarazo Beatriz “tenía menos posibilidades de soportar y llevar a término el embarazo.” Su historia conmocionó y acaparó la atención a organizaciones defensoras de derechos humanos, medios de comunicación.
En 2013, la historia de Beatriz conmocionó y acaparó la atención de personas, organizaciones, medios de comunicación, y lideres de opinión de distintos países ante el desamparo del Estado y negación de flexibilizar leyes en materia del aborto ante una situación inminente para evitar afectaciones directas a Beatriz incluso cuando su vida estuvo en mayor riesgo.
Los médicos tratantes querían salvaguardar la vida de Beatriz, las exigencias se hacían sentir de organizaciones defensoras de derechos humanos. Pero “el Estado salvadoreño se negó a autorizar el procedimiento. Beatriz fue forzada a continuar con el embarazo durante casi 3 meses más.”
Las organizaciones dictan en un comunicado que, El Comité Médico y las autoridades del hospital iniciaron una serie de consultas institucionales sobre el procedimiento médico recomendado e inició así un complejo camino legal en el que intervinieron la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Salud y la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia de San Salvador. En medio de ese proceso, el 11 de abril de ese año Beatriz junto a organizaciones feministas presentó una demanda de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fueron otorgadas el 29 de abril. El Estado no atendió las medidas.
Para el 20 de mayo pidieron a la CIDH que solicitara medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 29 de mayo la Sala Constitucional notificó el rechazo del Amparo por considerar que el proceder del personal médico estaba garantizando los derechos a la salud y la vida de Beatriz, al internarla, monitorear su estado de salud y suministrarle los medicamentos necesarios.
Además, sostuvieron que en El Salvador existe un impedimento absoluto para autorizar la práctica de un aborto por contrariar la protección constitucional a la persona humana desde el momento de la concepción. Ese mismo 29 de mayo, la Corte IDH le otorgó a Beatriz medidas provisionales y atendiendo a las mismas, el 3 de junio finalmente se le realizó un procedimiento de cesárea, que dio como resultado el nacimiento de una niña que presentaba ausencia total de calota craneana y tejido cerebral, y murió a las pocas horas, apuntan.
La consistencia de Beatriz de defender su derecho a la vida ante la injusta legislación salvadoreña fue noticia a nivel internacional y recibió muestras de solidaridad ante su determinación.
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La joven Beatriz reanudo su vida, aunque con mayor fragilidad por su condición de salud. Sin embargo de camino a recibir atención médica desde la comunidad donde vivía, tuvo un accidente que aunque no fue de gravedad al ser hospitalizada contrajo una enfermedad que no pudo soportar, falleciendo el 08 de octubre del año 2017 a los 27 años de edad.
“Desde entonces, las organizaciones de sociedad civil que acompañaron a Beatriz durante todo el proceso de interrupción mantienen un proceso de litigio ante la CIDH en contra el Estado salvadoreño; buscan honrar la memoria de Beatriz y exigen la reparación integral del daño a su familia, medidas de no repetición para asegurar que ninguna niña ni ninguna mujer se verá forzada a pasar por lo que Beatriz pasó, además de la modificación del marco normativo que atenta contra la vida de miles de salvadoreñas,” señalan.
El día 05 de enero de 2022, se notificó que el caso de Beatriz paso a conocimiento de la Corte IDH, la audiencia pública se llevara a cabo en San José Costa Rica el 22 y 23 de marzo de 2023 y se espera una sentencia en todo el año.
“En este juicio se señalará al Estado de El Salvador por reiteradas violaciones a los derechos humanos que enfrentan mujeres como Beatriz en El Salvador. Será también una oportunidad para abrir la necesaria discusión sobre la despenalización del aborto y avanzar en la garantía de los derechos plenos a las mujeres…” Anuncian las organizaciones que le han dado seguimiento a la historia de Beatriz.
