El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene vigente su odio contra los periodistas que no oficialistas. En los primeros quince días de ese mes, su dictadura ha desatado otra jornada de cacería en contra de los comunicadores en Nicaragua.
A Murillo, señalada de ordenar la persecución, no le importa si los periodistas están jubilados, enfermos o retirados del oficio. Ella manda a sus represores a secuestrarlos y ponerlos bajo el humillante y esclavizante régimen de “casa por cárcel”. Su objetivo parece claro: busca exterminar al periodismo independiente y callar cualquier voz que no se alinee a su discurso autoritario, ello pese a que el país, ya no cuenta con medios independientes porque los mandó cerrar y saquear sus instalaciones.
La modalidad es burda y grosera: hombres vestidos de civil, en carros o motos particulares y placas ordinarias, llegan a las viviendas haciéndose pasar por otras personas como mensajeros, trabajadores de distribución de paquetería o distribuidores de comidas rápidas. “Buenas noches. Traemos un servicio de alitas que pidió el señor… ¿Me lo puede llamar?”, dijo un motorizado que llegó a la casa donde vivió un periodista en retiro.
La familia respondió con la verdad: “ya no vive aquí y nadie ha pedido nada de comida”. A los dos minutos una patrulla llegó a allanar la vivienda y confiscar equipos informáticos, celulares, documentos familiares y hasta el módem de Internet.
Régimen de Daniel Ortega amenazan con cárcel
En otro caso, dos policías llamados de inteligencia policial, vestidos de civil llegaron disfrazados de “cobradores” de una casa comercial a retirar un electrodoméstico inexistente a la vivienda de la familia de un periodista exiliado. La familia rechazó el ingreso de los dos represores, quienes al no encontrar al periodista, amenazaron con cárcel a la familia si este no se presentaba al día siguiente a firmar una hoja de control a la estación policial.
Al amanecer siguiente, la policía fiel a la familia dictatorial llegó a allanar la casa y se llevaron desde libros y documentos familiares, hasta un radio de batería y el teléfono familiar. La brutal ola represiva, manejada en silencio y con prudencia por los periodistas asediados y sus familias, ha llegado a conocimiento de organizaciones de monitoreo y seguimiento de Derechos Humanos fuera de Nicaragua.
“Hemos visto que existe de parte del régimen actual, como de querer pasar a una fase que nosotros miramos gris, llegar al exterminio de cualquier vestigio de prensa independiente en Nicaragua”, dijo el observador independiente José Ulloa, de la organización internacional Voces del Sur.
“Si en algún momento dijeron ‘vamos con todo’, ahora creo que dirán ‘vamos al exterminio total’ de la prensa”, consideró el observador internacional. Informó que en las últimas tres semanas han conocido de unos 15 allanamientos en viviendas de periodistas Nicaragua, lo que ha resultado en más éxodo de periodistas.
“Los comunicadores se ven obligados a migrar forzados al exilio, con la única finalidad de salvaguardar su vida, su integridad y la de su familia”, denunció. Aparte de los allanamientos registrados, las fuerzas represivas de la dictadura sostienen una política de persecución, amenazas, estigmatización, espionaje y control policial contra decenas de periodistas.
Odio alcanza a periodistas oficialistas
Voces del Sur recordó que la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), documentó que las amenazas, asedio e intimidación también se han extendido a los familiares de periodistas.
“También han crecido las acciones de desprestigio, calumnias y difamación por parte de los portavoces del gobierno, ya sean estos sujetos propagandistas o funcionarios estatales”, dijo el funcionario de Voces del Sur.
El asedio y la persecución se ha extendido, incluso, contra periodistas oficialistas, según las denuncias anónimas que ellos mismos han hecho llegar a organizaciones de derechos humanos.
Uno de ellos filtró que, en los grupos de WhatsApp de los medios oficialistas, los más radicales periodistas al servicio del régimen están colaborando activamente con las fuerzas de seguridad, reportando cualquier información para perjudicar a los periodistas independientes o sospechosos de serlo.
“Ahorita con el alboroto del 19 de julio algunos jefes y editores se andan riendo y gozando con la persecución. Ellos dicen que están colaborando con la operación ‘Aquí Nicaragua Libre’ de periodistas golpistas o traidores a la patria”. “Y llaman y presionan a los demás a colaborar más activamente. Incluso se encargan misiones: ubiquemos a aquella que presentaba en tal canal o aquel que era editor de tal periódico y estudió con vos”, denunció desde el anonimato el periodista oficialista.
Dictadura de Daniel Ortega quiere acabar con toda voz crítica
Salvador Marenco, coordinador de Incidencia y Comunicación del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, confirmó que han conocido recientemente del desplazamiento forzado de varios periodistas o antiguos colaboradores de medios de comunicación.
Indicó que conocieron que la redacción completa de otro medio digital se exilió este mes, igual que lo hizo la redacción completa de La Prensa en su momento. En julio de 2022, un año después del asalto policial y confiscación de sus instalaciones en carretera Norte, todo el equipo de redacción del diario La Prensa tuvo que exiliarse.
Ahora, en julio de 2024, los agentes de la policía de los dictadores han llegado a las viviendas de periodistas nicaragüenses a allanar y ponerlos bajo régimen de casa por cárcel o control de firmas. Periodistas jubilados, algunos con graves enfermedades crónicas, antiguos reporteros en retiro y hasta docentes universitarios de la extinta Universidad Centroamericana, hoy están amenazados con cárcel si no se presentan a firmar.
“El grupo de personas que tienen enfermedades crónicas o enfermedades graves, adultos mayores, por ejemplo, están en una situación de especial vulnerabilidad porque se les está obligando al desplazamiento fuera de su país, donde no tienen acceso o tienen difícil acceso al sistema de salud, a una fuente de empleo”, dijo Marenco.
A su juicio, el exilio “es continuar y perpetuar las violaciones a sus derechos humanos, violaciones de desplazamiento forzado, de falta de empleo, de una desvinculación jurídica, social, afectiva de tu país; es una perpetuación de las violaciones a derechos humanos cometidas por el régimen”.
Deben seguir denunciando
Marenco considera que las organizaciones internacionales, los periodistas exiliados y los desplazados internamente, deben seguir denunciando la situación de acoso y persecución, como lo han hecho ellos desde el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
“Lo que la dictadura quiere, con perseguir a los periodistas, es normalizar esta situación y no podemos permitir que se normalice la persecución, que se normalice el destierro, que se normalice la criminalización, la tortura, la falta de información”, apuntó.
José Ulloa, de Voces del Sur, informó que, aunque la represión se sostiene en Nicaragua, la documentación y denuncia de los casos ha bajado, tal y como lo reportó FLED en su informe del primer semestre de 2024.
“Es entendible esa situación porque las personas toman como medida de protección el silencio o la autocensura y eso es preocupante porque ante cualquier situación siempre la acción de la denuncia, la documentación tiene un valor, porque si no hay a quién señalar, nadie pagará por los daños de violaciones de derechos fundamentales que han acaecido en Nicaragua”, refirió Ulloa.
Marenco, concuerda con el planteamiento de Ulloa, al considerar que la resistencia histórica del periodismo nicaragüense debe ser acompañada por la comunidad internacional: “ante estas graves violaciones, no se puede normalizar que un país esté totalmente censurado, que un país entero no pueda hablar libremente, que no se pueda denunciar”.
Periodistas desaparecidos y exiliados
Hasta junio de 2024, FLED reportaba más de 263 periodistas exiliados desde 2018 y más de 54 medios clausurados, incluyendo la confiscación de las instalaciones de La Prensa, Confidencial, 100% Noticias, La Trinchera de La Noticia, Radio Darío, Radio Mujer y una decena de medios católicos.
Más de 100 periodistas también han sido judicializados y decenas desterrados de facto al impedirles regresar a Nicaragua. Un periodista continúa detenido: Víctor Ticay, condenado a ocho años de prisión por cubrir y publicar una procesión católica.
FLED identifica en un informe reciente que al menos en ocho departamentos de Nicaragua (de 17 incluyendo las dos Regiones Autónomas), ya no existe la práctica periodística independiente, lo que representa el 47%.
¿Dónde está Nohelia González?
Se desconoce hasta esta hora, el paradero de dos comunicadores que en la última semana fueron hostigados por el régimen: la periodista Nohelia González Valdivia y el cronista deportivo del Canal 8, Fernando Rayo.
González, exjefa de información del diario La Prensa, desapareció el 9 de julio tras ser detenida por los esbirros de la dictadura; ella se encontraba retirada de las labores periodísticas, es hipertensa crónica y se desconoce por qué se convirtió en objetivo del régimen.
Sobre su caso, se ha especulado mucho: que la dictadura la capturó, que por negociaciones con el régimen fue expulsada de Nicaragua a Panamá y después, un familiar dijo que había sido enviada a Estados Unidos. Sin embargo, hasta esta semana, nadie conoce con certeza dónde está Nohelia.
Eddie González, quien informó sobre la detención de su hermana Nohelia, se encuentra hospitalizado tras enfrentarse a balazos contra policías de la dictadura cuando llegaron a su casa en Estelí. Tampoco se conoce el estado de salud de Eddie ni por qué la Policía llegó hasta su casa en Estelí.
A finales de la semana pasada, también trascendió la desaparición de Fernando Rayo, cronista deportivo del oficialista Canal 8 y de sus padres Eveling González Betancourt, Juez Noveno de Distrito Civil de Managua y José Adalberto Rayo, asesor legal de TELCOR.
