El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, continúa con la expropiación de propiedades, en un decreto presidencial este 09 de agosto, ha comenzado a transferir varios bienes al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Entre las propiedades que pasan al nombre del INSS está la Isleta “ La Zompopera” situada en las isletas de Granada , perteneciente al excarcelado, economista Juan Sebastian Chamorro.
“Robo descarado” del régimen de Daniel Ortega
“Mi padre adquirió la isleta la Zompopera (Comaltename) en 1975. Tras su fallecimiento pasó a mi propiedad. Ortega me la confisca y se la traslada al INSS. Es un robo descarado y documentado que será resarcido. La injusticia motiva a seguir luchando y defender la verdad” manifestó Chamorro en la red social X.
EL acuerdo presidencial 135-2024, publicado en la Gaceta, Diario Oficial de Nicaragua, indica “ Autorizar a la Procuraduría General de la República, en su calidad de representante del Estado, para que junto con el presidente del Instituto Nicaragüenses del Seguro Social (INSS) comparezcan ante la notaría del Estado a suscribir escrituras Pública de donación a favor del INSS”.
El documento indica que la supuesta finalidad de esos traspasos es “fortalecer la seguridad Social de todos los nicaragüenses creando políticas y estrategias orientadas a aumentar la cobertura de la seguridad social de los trabajadores y sus familias…”
Amaru Ruiz alerta más represión
Amaru Ruiz, ambientalista nicaragüense exiliado en Costa Rica, ha denunciado la transferencia masiva de propiedades al INSS. “El régimen Ortega Murillo oficializó hoy donaciones masivas de propiedades a favor el INSS, 38 en Estelí, 23 en Managua, 8 en Rivas, 1 en Granada, 1 en Jinotega y 1 en Masaya.”
El ambientalista alertó la posibilidad de que estas acciones sean parte de una estrategia más amplia de represión política dirigida a ciudadanos y organizaciones que han sido críticos del régimen de Daniel Ortega.
“Atentos las organizaciones cancelas y desnacionalizados porque podría ser sus propiedades” sostuvo Ruiz.
Este tipo de denuncias refuerza la preocupación de que acciones del régimen están diseñadas no solo para despojar a los opositores de sus propiedades, sino también para consolidar el control sobre los recursos del país.
