El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, sigue avanzando en la entrega de concesiones mineras a empresas extranjeras. Este lunes se oficializó la cesión de 9,102 hectáreas en el departamento de Nueva Segovia a la empresa XinXin Linze Minera Group, una compañía de origen chino que ya ha estado operando en el país.
La expansión de actividades mineras en Nicaragua, particularmente en zonas con ecosistemas sensibles, ha generado controversia entre ambientalistas, comunidades indígenas y sectores de oposición. Esta nueva concesión no es la excepción. Organizaciones ambientales advierten que la minería intensiva representa un riesgo para los recursos naturales, el acceso al agua potable y la biodiversidad en regiones como Nueva Segovia, donde las comunidades locales dependen de la agricultura para su subsistencia.
El auge de empresas chinas en la minería nicaragüense
Desde 2017, el régimen Ortega-Murillo ha intensificado su relación con empresas chinas vinculadas a la extracción de minerales, consolidando alianzas estratégicas bajo un modelo que prioriza la inversión extranjera en detrimento de las consultas ciudadanas. XinXin Linze Minera Group es una de las principales beneficiarias de estas políticas, accediendo a concesiones que abarcan miles de hectáreas en distintos puntos del país.
Reacciones nacionales
Grupos ambientalistas, junto con defensores de derechos humanos, han cuestionado la falta de transparencia del gobierno en la entrega de concesiones mineras. Desde el exilio, opositores del régimen han denunciado que estas alianzas no solo comprometen los recursos naturales del país, sino que también refuerzan la dependencia económica de Nicaragua hacia China, en un contexto de sanciones internacionales y aislamiento político.
El ambientalista Amaru Ruiz sostuvo en sus redes sociales, «El régimen Ortega Murillo sigue entregando concesiones mineras a empresas Chinas», escribió Ruiz.
Un futuro incierto
La entrega de las 9,102 hectáreas a XinXin Linze Minera Group refleja una tendencia que se ha consolidado en los últimos años: la extracción de recursos naturales como una de las principales fuentes de ingresos del régimen Ortega-Murillo. Sin embargo, el costo ambiental y social de esta estrategia podría tener repercusiones a largo plazo para Nicaragua y sus comunidades más vulnerables.
Mientras tanto, organizaciones nacionales e internacionales instan a las autoridades a garantizar procesos más inclusivos, respetuosos del medio ambiente y de los derechos de las comunidades locales. La sostenibilidad del país está en juego, y las decisiones tomadas hoy tendrán un impacto profundo en el futuro de las generaciones venideras.
